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Aprender del pasado
Aunque parezcan tan solo un extravío político y judicial, las indiscriminadas liberaciones de presos podrían anticipar la repetición de trágicos hechos
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LA NACION
A partir de la aparición de la guerrilla revolucionaria en la Argentina durante el gobierno democrático de Arturo Frondizi, en 1959, su delictivo accionar fue reprimido en el marco de la ley por los Juzgados Federales de Sección, tanto en tiempos de gobiernos civiles como militares. Fue en 1971 cuando, ante la violencia armada que desataron distintos grupos guerrilleros, esos juzgados quedaron desbordados y el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse resolvió crear la Cámara Federal Penal de la Nación.
En poco más de un año y medio, este tribunal había sustanciado casi 9000 causas, procesado a alrededor de 2000 personas y condenado a casi 600, que pasaron a cumplir penas de prisión en distintas cárceles. Entre ellas se contaban los principales dirigentes y numerosos combatientes de las organizaciones terroristas de la época, entre las cuales se destacaban el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la agrupación Montoneros.
Cuando los militares entregaron el poder a Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, la primera decisión del nuevo presidente fue excarcelar a un gran número de condenados, incluidos violadores, narcotraficantes, ladrones y asesinos, además de los terroristas. Sin indulto ni amnistía, la historia registra que ganaron caóticamente la calle a medianoche por la presión de una marcha de organizaciones de izquierda hacia la cárcel de Devoto, ya tomada por más de 200 guerrilleros, en un episodio que se conoció como el "devotazo". Se trató de un aval político a la violencia terrorista, que se prolongaría hasta fines de aquella década.
"Ni un solo día de gobierno popular con presos políticos", era la consigna revolucionaria y la promesa de Cámpora. La amnistía se formalizaría recién tres días más tarde, con la aprobación por amplia mayoría de votos del Congreso de la Nación. Unos días después, ambas cámaras legislativas disolverían el tribunal penal y derogarían la legislación antiterrorista vigente, hecho que fue celebrado con aplausos y con la entonación del Himno Nacional.
Los presos liberados no tardaron en retornar a sus organizaciones político-militares para enfrentar con armas al propio gobierno peronista que sucedió al que los había dejado en libertad, tal como ellos mismos habían anunciado. Su intención no era otra que continuar dirigiendo ataques contra las "empresas imperialistas y el ejército opresor", con el fin de golpear y desgastar al "enemigo" hasta lograr las condiciones para "asaltar el poder y establecer el gobierno revolucionario obrero y popular". Y cumplieron, a sangre y fuego. El período de máxima violencia de los amnistiados, integrantes del ERP, Montoneros y otras organizaciones guerrilleras, sucedió entre mayo de 1973 y marzo de 1976, durante los gobiernos constitucionales de Cámpora, Juan Domingo Perón y su viuda, María Estela Martínez de Perón, y se cobró las vidas de más de mil víctimas del terrorismo.
Entre ellos, un lugar especial ocupa el doctor Jorge Quiroga, integrante de aquella Cámara Federal Penal que se atrevió a juzgar a los terroristas. Resultó asesinado en 1974 de 14 disparos efectuados por dos integrantes del ERP montados en una motocicleta que, identificada, condujo a la detención de Raúl Argemí y Marino Amador Fernández, a quienes se condenó por asociación ilícita, tenencia de armas de guerra, acopio de munición y uso de documentación falsa. Dos décadas después, ambos, aún vivos, fueron indemnizados al amparo de la ley reparatoria 24.043, sancionada en 1991: Argemí, con un monto que, actualizado por inflación, rondaría hoy los 12 millones de pesos, y Amador Fernández, con lo que hoy equivaldría a 13 millones de pesos. En cambio, la única placa que homenajeaba al valiente juez en el frente del edificio de la calle Viamonte donde funcionaba el tribunal fue retirada en 2012, durante el gobierno kirchnerista.
Otro integrante de aquel tribunal fue baleado en las piernas y un tercero salvó su vida de casualidad, a raíz de lo cual los ocho magistrados sobrevivientes se vieron obligados a exiliarse con sus familias.
Los trágicos efectos de la amnistía de 1973 y la derogación de leyes antiterroristas fueron determinantes tanto en la decisión de Perón y su viuda como en la de los militares que la derrocaron de pasar a combatir a las organizaciones guerrilleras en forma ilegal.
El último informe de la Secretaría de Derechos Humanos del año 2015 habla por sí solo. A partir de tan irresponsable amnistía, durante el gobierno peronista, hubo, en casi tres años, 631 desaparecidos y 514 muertos, mientras que, en los casi ocho años de la última dictadura militar, según el mismo informe, se contabilizan 6447 desaparecidos y 754 muertos.
Aquellos hechos de un pasado trágico parecen reeditarse, una vez más, en el presente. Funcionarios del actual gobierno conmocionaron la agenda pública con acciones que solo pueden explicarse a partir de su clara ideología setentista.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, hijo de dos combatientes montoneros, gestionó la prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción; de Martín Báez, procesado por lavado de dinero y otros delitos económicos, y de Luis D'Elía, condenado por tomar una comisaría.
Tan injustificada como enojosa medida dio lugar a reclamos de infinidad de delincuentes comunes de todo el país y a revueltas violentas en algunos penales, como el de Devoto.
Roberto Cipriano García integra la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, organismo dedicado al patrullaje ideológico y a la militancia antisistema que los contribuyentes de una provincia quebrada pagan de sus bolsillos. Recordemos que esa comisión, a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, otro militante kirchnerista, presentó un informe, en 2019, en el que identificaba supuestas operaciones de acción psicológica por parte de periodistas, en un tan flagrante como vergonzoso ataque a la prensa independiente, cuya única finalidad era perjudicar los avances de la causa de los cuadernos de las coimas.
Días atrás, y en línea con Pietragalla, García en persona recorría los penales instando a los presos a presentar recursos de amparo. "El objetivo de la Comisión por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posible. Han bajado desde enero unos 2100 detenidos. No alcanza, es poco, hay que sacar más", afirma peligrosamente.
Por su parte, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y defensora legal de Cristina Fernández de Kirchner y de Amado Boudou en causas de corrupción, amenazó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. En tuits de su autoría, expresó: "Vamos a escribir la historia con sangre o con razones". Y recomendó fijarnos "de qué lado de la mecha estamos".
Lo que debió superar ampliamente el mero escándalo político para derivar por sobradas razones en la expulsión de su cargo y su procesamiento por amenazas e incitación a la violencia no pasó a mayores en medio de una anomia ciudadana frente a cuestiones ligadas a preocupaciones propias de un tiempo de pandemia. Hemos de llamar la atención, precisamente por ello, respecto de los peligros que este tipo de amenazas encierran y los impredecibles riesgos de continuar violando la sana división de poderes que establece la Constitución. La historia nos enseña que, en un contexto de masivas liberaciones de presos en el marco de un incierto proyecto político que ya hizo sonar muchas cacerolas, episodios como los del crimen del juez Quiroga también podrían repetirse. Lo que hoy puede parecer solo un impropio extravío puede ser anticipo de trágicos hechos si no alzamos la voz para denunciarlos. Simple ejercicio de memoria.
LA NACION
