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Con entrada libre y gratuita para mayores de 18 años, Casinos de Buenos Aires SA funciona sobre dos buques –Estrella de la Fortuna y Princess– fondeados en la Dársena Sur de Puerto Madero. No hay otro establecimiento de apuestas habilitado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dado que su Constitución impide que haya salas de juego en manos privadas. El casino flotante fue un invento en tiempos del menemismo para sortear la prohibición legal de abrir casas de apuestas en la ciudad; el río es territorio nacional, pero debería operar aguas adentro y no atracado.
La empresa española Cirsa había obtenido los permisos de explotación del casino en 1999 por 15 años, con posibilidad de extensión por otros 5 a exclusivo criterio de Lotería Nacional. Esta accedió a otorgarlo y permitió la instalación de un segundo barco, el Princess. Fue en tiempos de Néstor Kirchner cuando Cristóbal López y Federico de Achával ingresaron a la sociedad. Desde 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, es la CABA la que tiene competencia sobre el juego y no permite nuevas concesiones. En ese año también se creó Lotería de la Ciudad. Respecto de los buques casino, en aquel momento se autorizó que siguieran operando hasta la finalización de los plazos originales y sus prórrogas. Sin embargo, los concesionados cuestionaron por unilaterales las medidas adoptadas, argumentando que afectaron su capacidad de recupero de la inversión, y pidieron una nueva prórroga al vencimiento del plazo original.
Se vieron envueltos en disputas judiciales, gremiales y jurisdiccionales, particularmente a partir del vencimiento de la concesión original, que operó en 2019. Si pudo hasta aquí seguir funcionando fue sobre la base de dos medidas cautelares. Antes de que la Corte resolviera sobre la primera, presentada en 2017, la empresa buscó desistir de un pronunciamiento, pues este ya no tendría efectos al quedar alcanzado por la segunda cautelar concedida en 2021, medida esta que Lotería de la Ciudad de Buenos Aires sospechosamente no apeló, como sí había hecho con la primera, y que por tanto conserva su vigencia y permite que se continúe con la actividad.
Debería ser prioritario desmantelar de una vez por todas los lucrativos negocios de unos pocos que comprometen la salud y el bienestar de familias enteras, en connivencia con los poderes de turno
La Corte Suprema acaba de revocar, por unanimidad y en duros términos, la protección legal de la que gozaban con la primera cautelar. Respecto de la segunda, señala que no se la puede considerar una sentencia judicial firme en el proceso. Destacaron que el Estado no debe verse impedido de ejercer su función reguladora y que la medida dictada “frustra la aplicación de normas generales cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada”. El alto tribunal reclama “una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a la admisión de una medida cautelar”, puesto que la demandada se ha visto inhibida “de ejercer poderes regulatorios propios y generan el riesgo cierto de que los jueces sustituyan a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad”, algo que considera constitucionalmente inadmisible.
Está en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal remitir el expediente principal a la Corte para que esta se expida sobre si el casino puede o no seguir funcionando. Hasta aquí, para el máximo tribunal, la Cámara no examinó cuestiones claves al dictar una cautelar con efectos similares a los de una sentencia definitiva, máxime cuando no existe fundamento jurídico para tal remedio dado que la actora solo invoca un daño patrimonial a la explotación que claramente compensó con medidas que le dieron mayor rentabilidad: sumó un segundo buque, más máquinas electrónicas y cubiertas.
Sin concesión vigente y con un contrato largamente vencido, la continuidad de un negocio varias veces millonario que permite ingresar unos 40 mil millones de pesos en concepto de canon al gobierno de la ciudad peligra, pero aún dista de resolverse. Con una sociedad partida por la creciente ludopatía, con tan fuerte impacto sobre los más jóvenes, debería ser prioritario pensar en desmantelar de una vez por todas los lucrativos negocios de unos pocos que comprometen la salud y el bienestar de familias enteras, en connivencia con los poderes de turno.
