Cuidar de la insensatez a la Corte Suprema
La idoneidad técnica y ejemplaridad ética de un candidato a integrarlo reforzará la independencia del más alto tribunal del país
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Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para los dos nombramientos que hacen falta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ponen al desnudo la inmadurez institucional que, lamentablemente, la Argentina no parece haber superado.
A la cerril insistencia del Gobierno en obtener el acuerdo del Senado para la designación del juez Ariel Lijo, pese a los cuestionamientos de toda índole que su figura provoca y que han expresado las más prestigiosas entidades del ámbito académico y profesional, se sumaría la postulación de la exsenadora por la provincia de Santa Fe y acérrima militante kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, como eventual moneda de un mercadillo de trueque para obtener los votos necesarios que hacen falta para nombrar a Lijo.
Semejante iniciativa no debería siquiera dar lugar a ningún debate, por descabellada. Con independencia de su indisimulada afiliación partidaria, el perfil de la abogada Sacnun está muy lejos de lo que un gobierno y un Senado responsables deberían considerar. No porque presente impedimentos legales, sino porque le falta todo lo demás. La candidata no ofrece ni los conocimientos ni el más mínimo antecedente que pueda hacerla idónea siquiera para un juzgado de primera instancia de cualquier parte. Solamente ha ejercido durante un tiempo su profesión de abogada y mediadora en su ciudad natal, Firmat, donde fue concejala, y luego comenzó su carrera legislativa. Nada se conoce de su desempeño profesional; tampoco que tenga algún antecedente en los ámbitos judicial y académico. Como si eso no fuera suficiente, su indisimulada militancia política en las huestes de la expresidenta Cristina Kirchner permite sospechar razonablemente que llegaría al tribunal con la misión de aliviar la complicada situación en varias causas penales que enfrenta la que ha sido siempre su jefa. Esa sospecha socavará aún más la baja confianza que la población tiene en los que deciden sobre su libertad, su honor y su propiedad.
Resulta descabellado proponer a la exsenadora kirchnerista Sacnun para la Corte, quien carece del conocimiento, la experiencia y la independencia política para semejante cargo
El carácter político de los nombramientos en la Corte es innegable. Pero aun así, el país continúa haciéndose las preguntas al revés: no se trata de saber si los candidatos tienen condenas o están siendo investigados por algo que los inhabilite formalmente para el cargo, sino de justificar qué razones los hacen excepcionales en términos de idoneidad técnica y ejemplaridad ética. La pregunta relevante no es “¿por qué no?”, sino “¿por qué sí?”. Se trata de ocupar por muchísimos años alguno de solo cinco sillones en un país de 46 millones de habitantes, función para la que nadie los habrá votado directamente ni les acarreará ninguna responsabilidad porque gozarán de estabilidad. La sociedad no pudo enterarse de nada relevante sobre los dos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo en la decepcionante, por superficial, intervención de los senadores que los recibieron en la Comisión de Acuerdos.
En el caso de la exsenadora Sacnun el estupor aumenta si se considera que sería propuesta en lugar del otro candidato elegido por el presidente Milei, el doctor Manuel García-Mansilla, precisamente quien tiene credenciales más que suficientes para ocupar un lugar en la Corte. La lógica se muestra patas arriba en la cuestión institucional más relevante del momento, que la dirigencia política debe decidir si se toma o no en serio.
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