Violencia de género
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El caso Tatiana, otro ejemplo de indefensión
El Congreso de la Nación debería avanzar con urgencia hacia la creación de un registro de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual
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Además de constituir un hecho profundamente doloroso, la muerte de Tatiana Kolodziez, en el Chaco, puso al descubierto la indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante la ausencia del Estado en asuntos que son de su directa competencia.
Tatiana, de 33 años, fue violada y asesinada por un hombre que ya había cometido graves delitos sexuales y que estaba en libertad condicional. El victimario, el remisero Juan Ernesto Cabeza, había salido de la cárcel 25 días antes, beneficiado por una resolución dictada por el juez de ejecución penal Axel López.
Cabeza debía estar preso en el momento de atacar a Tatiana. Había sido condenado a 24 años de prisión por haber violado a cuatro mujeres entre 1995 y 1997, pero López le concedió la libertad condicional a pesar de que los informes del perito forense y de la fiscalía desalentaban la excarcelación.
El doctor Ramiro Isla, médico psiquiatra forense, señaló que Cabeza presentaba un trastorno de personalidad antisocial y que existían factores personales de riesgo de reincidencia en el delito sexual. "El paciente no tiene noción de normas sociales. Es decir, no sabe o no puede adaptarse a ellas…" Para Marisa Miquelez, fiscal de ejecución penal, existían respecto de Cabeza componentes de riesgo de reincidencia en conductas contra la integridad sexual, toda vez –agregó– que presenta un trastorno de personalidad antisocial que puede impulsarlo a la comisión de delitos graves en muchos casos.
El juez López, en cambio, se preguntó por qué habría de tener más peso "un escueto informe forense practicado luego de 14 años de detención que la autoridad directa de aplicación, el Servicio Penitenciario Federal, que aplicó un tratamiento de reinserción social e informó acerca de su resultado positivo".
Como se sabe, López es el mismo magistrado que en su momento otorgó salidas transitorias a Marcelo Pablo Díaz, condenado por el asesinato de Soledad Bargna, en Caballito.
Dado que Cabeza había cometido los ataques sexuales anteriores aprovechando su condición de remisero, en el momento de disponer su liberación López impuso dos restricciones: que le prohibieran obtener el registro de conducir y que no pudiera trabajar de taxista o remisero. Y, lo más importante, lo dejó bajo control del Patronato de Liberados del Chaco. Este organismo depende, en el orden nacional, del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, hoy a cargo de Julio Alak.
El tiempo transcurrido desde que Cabeza fue liberado hasta el día en que violó y asesinó a Tatiana –25 días– puede hacer pensar que, con ser contundentes, los informes del médico forense y de la fiscal literalmente se quedaron cortos.
Aprovechándose, conscientemente o no, de la total ausencia de controles que debía ejercer el Estado, Cabeza violó todas las restricciones que le había impuesto López, se fue a Puerto Vilelas, obtuvo en esa localidad chaqueña su registro de conducir y consiguió trabajo en una remisería.
Como siempre ocurre, ante esta clase de hechos rebrota el debate entre los defensores del "garantismo" y los partidarios de la "mano dura". Y el Consejo de la Magistratura analizará la decisión de López, cosa que ya empezó a hacer.
Funcionarios del gobierno nacional han criticado la decisión del juez López, como antes lo hicieron con otros magistrados que dictaron excarcelaciones que terminaron en tragedias, pero no parece que desde el Poder Ejecutivo Nacional haya intenciones de impulsar reformas que reduzcan la posibilidad de que la liberación de quien ha cometido un delito aberrante quede librada a la interpretación de un juez.
Lo cierto es que el comportamiento de Cabeza ha reforzado estadísticas según las cuales una de las características de los violadores es su tendencia a reincidir en sus comportamientos, incluso calcando la metodología empleada anteriormente para concretar su repudiable proceder.
Es importante, por ello, que el Congreso de la Nación trate el proyecto que propone la creación de un registro especial de antecedentes de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, que permitiría a funcionarios municipales, policiales y escolares saber qué personas que han cometido crímenes de esa índole residen o trabajan en sus respectivos ámbitos. No puede saberse si con ello el calvario de Tatiana hubiese podido ser evitado, pero sí que el criminal no habría tenido su camino allanado de la manera que lo tuvo para moverse y conseguir la documentación que necesitaba para concretar sus fines.
Reiteradamente se ha visto con qué velocidad el Congreso, donde hace más de diez años duerme el proyecto de ley presentado por el entonces diputado nacional Miguel Saredi para crear el registro de violadores, actúa ante los pedidos de la Presidenta y los convierte en ley aprovechando sus mayorías, por lo cual bien puede decirse que la cuestión en gran medida depende de su voluntad política.
El total colapso del fuero de Ejecución Penal de la Nación, donde dos jueces tienen por delante más de 50.000 expedientes –de Axel López y de su colega Marcelo Peluzzi dependen los 3000 condenados alojados en cárceles federales del país-; la probada ineficiencia del Patronato de Liberados, donde los conflictos por reclamos salariales son constantes, y el fracaso de las políticas de rehabilitación del Servicio Penitenciario Federal están a la vista. Todo eso, sumado a la corriente garantista que impera en buena parte del Poder Judicial, deja abierta la posibilidad de que casos como el de Tatiana se repitan.
Es de esperar, entonces, que también este tema tenga cabida en los discursos de la Presidenta y en las políticas de Estado de su gobierno. Sería lamentable que la pesadilla vivida por Tatiana quedara reducida a un falso debate entre garantismo y mano dura o entre izquierdas y derechas, y que terminen, como hasta ahora, prevaleciendo intencionalidades políticas de quienes se dicen defensores de los derechos humanos.
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