El incendio del Reichstag: ¿y los lobos solitarios?
Los regímenes autoritarios nacen muchas veces de pretextos derivados de presuntos autoatentados, como la quema del parlamento alemán en 1933
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LA NACION
Hace 89 años, la República de Weimar fue reemplazada por un régimen que concentró los tres poderes del Estado en una persona, eliminó los derechos individuales, controló la Justicia y suprimió la prensa independiente. Un lobo solitario y un incendio dieron oportunidad a Adolf Hitler, quien detentaba el poder real, para dominar a un débil presidente y obligarlo a seguir sus órdenes. Pensaba que Montesquieu, el sistema republicano y la división de poderes eran una rémora del pasado que impedían poner a Alemania de pie. Para Hitler, se requería un régimen totalitario sin disensos.
El anciano mariscal Paul von Hindenburg creyó que podría neutralizar al creciente partido nazi, designándolo canciller el 30 de enero de 1933. En la práctica, el presidente se convirtió en títere de Hitler, como ocurre en las alianzas de conveniencia, cuando no hay principios ni lealtades.
Ya en el cargo, Hitler logró que Hindenburg disolviera el Parlamento y llamase a nuevas elecciones, logrando cinco semanas sin control parlamentario, suficientes para cumplir con su plan. El 4 de febrero hizo que Hindenburg prohibiese las críticas al gobierno o los “discursos del odio” en palabras actuales. También suprimió la libertad de reunión y de prensa de las organizaciones de izquierda, para barrerlas de la contienda electoral.
El 27 de febrero ocurrió el incendio del Reichstag (parlamento alemán) y la policía detuvo a un joven albañil extranjero encontrado en el lugar, activista de izquierda, quien confesó haber actuado solo. Pero Hermann Göring, segundo hombre del partido nazi, convenció a Hitler para que lo utilizase como pretexto y justificase así las medidas que adoptó después, culpando al comunismo. El albañil holandés, Marinus Van der Lubbe, fue condenado y murió guillotinado. Solo 50 años más tarde se reconoció su inocencia.
Siguiendo el consejo de Göring, Hitler forzó al presidente a dictar un decreto para la “protección del pueblo y del Estado”, suspendiendo las libertades individuales, de expresión, prensa, asociación y reunión, con facultades para allanar domicilios, detener personas y confiscar bienes. El decreto se basó en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que autorizaba al presidente a dictar “decretos de emergencia” invadiendo la función legislativa del Parlamento, como los de “necesidad y urgencia” de nuestro sistema legal. Se cerraron diarios, se arrestaron opositores, se prohibieron manifestaciones y se creó un clima de persecución política.
Mediante el arresto de diputados socialistas, Hitler alcanzó la mayoría de dos tercios en el Reichstag y pudo sancionar la “ley habilitante” para “solucionar los peligros que acechan al pueblo y al Estado”. La norma implicó el “suicidio” del mismo parlamento que la dictó, al delegar todas sus facultades en Hitler. La fecha se recuerda como el fin de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich.
El 13 de marzo Joseph Goebbels asumió como ministro de Propaganda, tomando el control de todas las formas de comunicación de Alemania: libros, revistas, periódicos, reuniones públicas, el arte, la música, el cine y la radio. La noche del 10 de mayo los “camisas pardas” y las “juventudes hitlerianas” allanaron bibliotecas y librerías de toda Alemania y quemaron más de 25.000 libros.
Durante el Tercer Reich, los medios tenían prohibido fijar políticas editoriales independientes y debían atenerse a los contenidos provistos por el Ministerio de Propaganda
Poco antes, Hitler había establecido la “sincronización” de la prensa. Para publicar medios impresos, crear nuevos, darles un nombre, o designar un jefe de redacción, era necesario un “certificado de confiabilidad política” y este “certificado” solo lo otorgaba el Ministerio de Propaganda. Del mismo modo, se “sincronizaron” los sindicatos que debieron fusionarse en el único Frente del Trabajo Alemán. La “sincronización” de la política ocurrió con la eliminación de los partidos opositores.
El mensaje oficial también fue “sincronizado” mediante las conferencias de prensa que pasaron al control de Goebbels, a las que debían asistir todos los periodistas acreditados en Berlín y allí se les instruía acerca de lo que debían informar. Sin posibilidad de diálogo, se los “educaba” sobre la forma de transmitir las noticias oficiales. Los medios tenían prohibido fijar políticas editoriales independientes y debían atenerse a los contenidos provistos por el Ministerio de Propaganda.
En septiembre se profundizó la “sincronización” de la cultura y la prensa. La ley que creó la Cámara Imperial de Cultura otorgó al Ministerio de Propaganda la facultad de establecer corporaciones gremiales de los trabajadores de la cultura y de la prensa. Y así se formaron corporaciones únicas para los escritores, los músicos, el teatro, las artes plásticas, la cinematografía y la prensa, bajo el mando de Goebbels.
La Cámara Imperial de Prensa fue presidida por el célebre Max Amann, ex oficial de las SS, quien dictó numerosas resoluciones para controlar a la prensa y desplazar al personal de los medios que se oponían a sus decisiones. Amann levantó un imperio de prensa nazi adquiriendo, confiscando y amedrentando. La casa editorial central (Franz Eher-Nachfolger GmbH) llegó a controlar el 82% de las publicaciones periódicas. Los diarios y las revistas debían abastecerse de los “materiales periodísticos” provistos por la agencia de noticias oficial. En cuanto al sistema de radio, era controlado tanto en sus contenidos como económicamente por el Estado.
Hitler siempre odió a jueces y juristas, pues el Estado de Derecho implicaba limitar su principio de autoridad. Ya en 1933 les advirtió que “el Estado total no debe conocer diferencia alguna entre la ley y la ética” y que llegaría el día en que esa identidad haría innecesaria a la primera, pues más allá de los textos legales prevalecería la ética nazi. Gradualmente, otorgó mayores facultades a los “tribunales del pueblo” que funcionaban con total arbitrariedad y en pocos años desplazaron a los juzgados penales ordinarios. Esos tribunales dependientes del poder político funcionaron en todas las ciudades alemanas y se convirtieron en órganos estatales para imponer la “justicia legítima” oficial y disciplinar a la población.
Salvando las enormes distancias, pues en la Argentina aún existe libertad de prensa y las instituciones de la república resisten la colonización, es oportuno recordar situaciones extremas, como el incendio del Reichstag, cuando el Gobierno intenta utilizar políticamente el atentado contra Cristina Kirchner para culpar a la oposición, a la Justicia y a los medios.
Luego de refrescar la secuencia de hechos que se mencionan en esta opinión editorial, toda la estrategia oficial relativa al “discurso del odio” parece tan obvia, torpe e ingenua que no merece más comentarios. Solo recordaremos, para terminar este historial siniestro, que el anciano Hindenburg murió en 1934 y que entonces Hitler concentró las funciones de presidente y de canciller, como ya las ejercía de hecho, convirtiéndose en el Führer del Tercer Reich.
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