El Índice Crianza

Como si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no tuviera suficiente tarea con los escandalosos índices de precios minoristas y mayoristas con tasas por encima del 6% mensual, el ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, la directora nacional de Economía e Igualdad de Género y el titular del organismo estadístico, acaba de anunciar un índice que reflejará el costo de bienes y servicios esenciales en los cuidados de niños, niñas y adolescentes: el llamado Índice Crianza (IC).

El titular del Palacio de Hacienda anticipó que pedirá a la Corte Suprema de Justicia que, a partir de la publicación del referido índice, dicte una acordada que establezca la obligatoriedad de su aplicación en todo el ámbito de la justicia de familia.

La iniciativa parece más efectista que real, cuando no con ribetes de promoción personal, en un área absolutamente alejada de la competencia de su cartera, además de resultar una improcedencia formal pedirle a la Corte Suprema que dicte una acordada exigiendo el uso de dicho índice.

Como muchas medidas del Gobierno, está teñida de un tufillo de inconstitucionalidad. Parece dudoso que se puede obligar a un acreedor alimentario a utilizar un determinado índice de precios, si él pretendiera otro más ajustado a la realidad del caso.

Pero, además, cada madre o padre a cargo de menores sabe bien cuáles son sus necesidades, y el Indec brinda ya una lista de los precios de los productos que conforman la canasta de necesidades de cada acreedor. Por caso, un niño puede no necesitar transporte, por vivir al lado del colegio, o no necesitar leche, por ser su papá tambero, entre otros ejemplos. Parecería que los funcionarios comprometidos en esta iniciativa no tienen cosas más urgentes e importantes de qué ocuparse y que solo aspiran a que el Estado se siga inmiscuyendo aún más en asuntos de los particulares.

No quiere decir esto que la morosidad de los deudores alimentarios, tema del cual nos hemos ocupado a menudo en estas columnas, no merezca atención y preocupación. Pero la cuestión no se zanja creando un índice que –nos animamos a adelantar– tendrá escasa utilización. De lo que se trata es de promover medidas para que efectivamente se puedan cumplir los deberes que la paternidad impone y, en el peor de los casos, establecer algún tipo de seguro ante insolvencia extrema de deudores renuentes.

Según datos provistos por Unicef para 2022, más de la mitad de los hogares en los que no vive el padre no recibieron dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos 6 meses y apenas el 12% lo recibió algunos meses. Massa detalló que hay 3 millones de niños y 1,6 millones de madres que no reciben la cuota alimentaria que les corresponde.

La necesidad no deja de ser concreta y real, pero el Índice Crianza está muy lejos de resolverla.

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