Impunidad asegurada

No resulta inocente el desdoblamiento que hizo el juez Lijo de una causa judicial, tendiente a beneficiar a funcionarios de Formosa, el feudo de Insfrán

Diez años se cumplieron del escandaloso convenio entre la provincia de Formosa y la empresa fantasma The Old Fund, derivado en una investigación judicial que involucra a Amado Boudou, a su socio José María Núñez Carmona y a su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, además de funcionarios públicos formoseños de aquella época, incluido el vitalicio gobernador Gildo Insfrán.

Llamativamente, pese al tiempo transcurrido, y luego de tener el expediente en su despacho por unos cuatro años, el juez federal Ariel Lijo, en una nueva maniobra tendiente a garantizar impunidad,resolvió desdoblar la causa judicial, haciendo lugar a un planteo de la defensa de Insfrán para que las autoridades provinciales acusadas sean investigadas por la Justicia formoseña, en tanto que el magistrado federal continuará a cargo de las imputaciones contra Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele.

Cabe recordar que la causa judicial se originó a partir de un millonario contrato de consultoría firmado entre The Old Fund y el Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro), que simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de la provincia. Esa deuda ya había sido negociada y su reestructuración acordada entre el gobernador Insfrán y el anterior ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, más de dos meses antes de la llegada de Boudou al Palacio de Hacienda.

Lijo determinó, luego de tomar varias declaraciones indagatorias, entre ellas a Insfrán, que fue "el cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de Formosa" el objetivo de la contratación entre The Old Fund –compañía que carecía de experiencia en reestructuraciones de deuda y sin antecedentes hasta que se quedó irregularmente con Ciccone Calcográfica– y el Fonfipro. Por tareas de asesoramiento que nunca habría brindado, The Old Fund cobró en 2010 unos 7,6 millones de pesos. Parte de ese dinero se destinó a comprar moneda extranjera y se retiró en efectivo de una entidad bancaria, al tiempo que unos 2,2 millones de pesos fueron transferidos a la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación, perteneciente a Martín Cortés, quien en noviembre de ese mismo años fue nombrado presidente del Banco de Formosa.

El magistrado, después de demasiado tiempo, llegó a la conclusión de que la determinación de la responsabilidad de los actos que se investigan y que involucran a funcionarios formoseños, como Insfrán, Cortés, el exadministrador del Fonfipro Jorge Melchor y la exministra de Economía Inés Lotto de Vecchietti es propia de la jurisdicción local. De este modo, los funcionarios provinciales serán investigados por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 de Formosa, donde ya existe una causa abierta en 2012 por los mismos hechos, iniciada a partir de una denuncia del senador radical Luis Naidenoff.

El fallo fue apelado por el fiscal Jorge Di Lello, quien sostuvo que "resulta jurídicamente incongruente, luego de indagados los imputados y sin habérseles resuelto la situación procesal, disponer una división de las participaciones que se les atribuyen cuando claramente el hecho es el mismo".

La decisión de Lijo contradice el principio de economía procesal, según el cual debe llevar a cabo la investigación el juez que esté en mejores condiciones de hacerlo. Lo dispuesto conduce a la posibilidad de que se dicten dos sentencias contradictorias.

Pese a las pruebas acumuladas, no hay procesados en la causa. Y su desdoblamiento amenaza la investigación. Vale citar solo un ejemplo para profundizar en dicho error: si ante un crimen en el que hubiera dos funcionarios públicos acusados, uno nacional y otro provincial, lo que debe investigarse es si se trató de un asesinato y quiénes son los culpables; ilógico resultaría que uno y otro imputado fueran investigados por dos jueces diferentes por el mismo delito.

Conocidas son las limitaciones de la Justicia formoseña en una provincia manejada como un feudo por quien la gobierna desde diciembre de 1995. De ahí que se pueda sospechar que la medida del desdoblamiento de la causa judicial no es inocente, por cuanto ha beneficiado a Insfrán y a sus exfuncionarios.