Multimillonario robo de combustible: sacaban petróleo de un oleoducto y después de refinarlo lo vendían
Una investigación sobre contaminación ambiental en el sur del conurbano derivó en el descubrimiento de una organización criminal dedicada al robo a gran escala de petróleo de un oleoducto de YPF: lo extraían mediante un bypass, lo refinaban en destilerías clandestinas y lo vendían como combustible en estaciones de servicio "sin bandera" y a productores agropecuarios. Durante allanamientos en cuatro provincias, los investigadores habrían detenido a 18 miembros de la organización. El inmenso desfalco alcanzaría la suma de US$5 millones anuales.
Calificadas fuentes de la investigación informaron a LA NACION que la causa, delegada en la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona -la misma que investiga el espionaje ilegal de la AFI-, avanzó hoy con 30 allanamientos en distintos puntos del país y con cerca de 20 órdenes de detención autorizadas por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
"Los integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la extracción hasta el transporte y, en algunos casos, la destilación en una planta clandestina, que vertía los desechos en la cuenca Matanza-Riachuelo", según informó la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora en un comunicado de prensa.
Fuentes judiciales indicaron que entre los veinte sospechosos identificados figuran los miembros del grupo que se encargaba de hacer el pozo y realizar la pinchadura en el oleoducto para robar petróleo, los integrantes que se dedicaban al transporte hasta las destilerías clandestinas y el capitalista, que armó la maniobra y acercó el dinero para comprar los camiones, los tanques y máquinas para procesar el crudo sustraído.
El jefe de la banda y cerebro de la operación delictiva fue uno de los primeros sospechosos en ser capturado. Según fuentes policiales, el imputado fue apresado, durante la mañana, por los efectivos de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal, durante el allanamiento contra una destilería clandestina situada en Olavarría.
La investigación comenzó hace ocho meses, cuando la lupa judicial se posó sobre una destilería clandestina de Valentín Alsina, partido de Lanús, por un presunto caso de contaminación ambiental.
"Personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a investigar la contaminación ambiental y, de a poco, se descubrió una asociación ilícita dedicada al robo de crudo", afirmó a LA NACION una fuente judicial.
Según los informantes, la organización delictiva hacía un especie de bypass para extraer del oleoducto el crudo y pasarlo a piletones que habían hecho en la tierra para después, con el auxilio de mangueras, cargar el petróleo en camiones y transportarlo a diferentes destilerías clandestinas.
Según pudo reconstruir LA NACION, el 1° de febrero pasado se descubrió una pinchadura en el oleoducto en cercanías de Bahía Blanca. No era la primera vez que ocurría: los primeros daños habían sido hace tres años.
"Se comenzó a trabajar para tratar de dar con toda la organización. Entre las personas que se ordenó detener están desde el operario que hacía las pinchaduras hasta el capitalista que ponía el dinero para financiar la maniobra delictiva", explicaron a LA NACION fuentes del caso.
Hasta anoche , fueron detenidos 18 integrantes de la banda, mientras que los investigadores analizaban la documentación secuestrada en los distintos domicilios, galpones y oficinas de la organización criminal para realizar nuevos allanamientos.
El oleoducto de YPF atacado por los sospechosos transporta crudo desde Bahía Blanca hasta la refinería que la compañía estatal tiene en La Plata.
Si bien hasta el momento fuentes judiciales informaron que YPF fue la gran damnificada no se descarta que otra empresas petroleras hayan sido víctimas del accionar delictivo de la banda
Hoy, 90 detectives de la PFA y personal de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) participaron en los más de 30 allanamientos realizados en Pilar, González Catán (La Matanza), Olavarría, Bahía Blanca, Hurlingham, General Rodríguez y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y en Neuquén, La Pampa y Santa Fe.
"Queremos destacar el trabajo de las autoridades que llegaron a este resultado. La compañía colaboró en todo momento durante la etapa de investigación desde el Departamento de Seguridad y hoy se ven los resultados positivos del trabajo conjunto que llevó más de tres meses", explicaron a LA NACION desde YPF.
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