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La inflación, ¿un asunto entre privados?
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LA NACION
Desde la nacionalización del Banco Central, en 1946, los gobiernos accedieron al impuesto inflacionario para financiar sus gastos sin límites, abriendo la caja de Pandora que nadie pudo o quiso cerrar. La inflación es una herramienta tan cobarde, insidiosa y abyecta para redistribuir ingresos en perjuicio de los más vulnerables que avergüenza atribuirla al Estado, cuyo objetivo es la realización del bien común. Como el populismo la tiene como instrumento preferido para fines electoralistas opta por ignorarla, ya que su condena sería típica de los programas del FMI y sus ajustes neoliberales. Con inflación, no hay deuda externa ni dependencia. La inflación es soberanía. Por tanto, el relato la atribuye a factores externos, ajenos a la gestión de lo público. De la inflación "no se habla".
Corrupción e inflación son palabras afines, además de rimar. Si para Néstor Kirchner la corrupción del caso Skanska fue "un asunto entre privados", es lógico que la inflación, igualmente inmoral y perversa, también lo sea. Como la ciencia económica no puede dar sustento a tamaño desvarío, los teóricos del populismo recurren a pensadores de otras disciplinas para sacarse de encima ese engendro que nos priva de moneda: entre otros, un físico inglés, un neurólogo checo y un filósofo alemán.
Isaac Newton, padre de la física clásica, explicó el funcionamiento de la inercia, primera ley de la mecánica. Mutatis mutandi, la inflación sería resultado de una fuerza ignota y ya extinguida, como un Big Bang, que al comienzo de los tiempos impactó (solamente) sobre nuestro territorio y cuyos efectos siguen hasta 2020, aunque nadie más la impulse, según la inercia newtoniana. Sin embargo, los precios aumentan porque hay causas reales y actuales originadas en la acción del Estado, que los acelera con la misma fuerza que aquel describe en su segunda ley, la del movimiento.
Sigmund Freud, neurólogo nacido en Moravia, corrió el telón de la conciencia humana para indagar en un mundo oculto de los deseos reprimidos y sus manifestaciones sobre la conducta. Sus teorías también dan un valioso aporte al esfuerzo por alejar del sillón de Rivadavia las causas últimas de esa nefasta patología. Es la "mentalidad inflacionaria" a la que se refiere Alberto Fernández, como si el tornado que azota los ahorros tuviese cura en un diván colectivo, donde los sueños expliquen nuestra pasión por el anciano Benjamin Franklin.
Carlos Marx, mentor del socialismo científico, también provee herramientas para expulsar a la inflación de la órbita pública. Mediante la tesis de la puja distributiva, hermana menor de la exacción de plusvalías, permite fortalecer el relato privatizador del fenómeno que licua salarios y jubilaciones. Según la teoría de la explotación, serían los grandes formadores de precios quienes expolian a los consumidores, mediante abuso de posiciones dominantes o manipulación en góndolas. El Estado solo actuaría como árbitro justo y neutral que analiza costos y determina utilidades razonables. Este artilugio de atribuir la inflación a los enemigos de adentro con apoyo de los de afuera fue iniciado por Juan Perón en su célebre discurso del 15 de abril de 1953, cuando, víctima de la misma caja de Pandora que había abierto siete años antes, acusó a los comerciantes, amenazándolos con usar la represión del Estado. Perón no omitió pronunciar esa palabra -estigmatizada luego- ni se privó de invitar a "dar leña" o a usar "alambre de enfardar" contra los agiotistas. Casi 70 años después, el presidente Fernández denuncia las ganancias extraordinarias de los comerciantes con una desafortunada referencia a los "latigazos" como alternativa de persuasión.
Si el Estado fuese solo espectador del fenómeno inflacionario, tendría a su alcance la varita mágica del diálogo como forma de armonizar intereses, reducir la conflictividad social y abrir el camino hacia el crecimiento productivo con inclusión social. Es el consejo económico y social que ahora se propone, como aquel propiciado por José Ber Gelbard en el Pacto Social de 1973, cuando el mismo Roberto Lavagna controlaba precios para frenar la inercia, develar sueños reprimidos y pacificar la puja distributiva. Pero esa visión voluntarista se encuentra jaqueada por una realidad que frustra las buenas intenciones si se pretende ignorarla. Es la tensión de las placas tectónicas del desajuste fiscal argentino, que presagian sismos postergables, pero no evitables.
Los atrasos tarifarios, las subas de subsidios y las salariales, y otros clásicos desajustes de la Nación, provincias y municipios impactan sobre las previsiones de los actores económicos, quienes no por inercia ni por ficciones imaginarias ni por apetitos desmedidos repudian el peso argentino.
Por más espíritu solidario y vocación patriótica, ningún comerciante creerá, como nunca creyó, que el Estado es ajeno a la patología inflacionaria, que en 2019 llegó casi al 54% y que se proyecta que estuvo en torno del 3% para enero pasado. Y sabe bien que esta no se elimina con discursos, ni cuidando los precios, ni con acuerdos sin horizonte, ni planes de contingencia, ni con ley de góndolas, y mucho menos con el látigo.
Para que el peso recupere su condición de moneda, corresponde únicamente al Estado realizar reformas estructurales y recrear la confianza. Es su responsabilidad lograr un cambio radical de expectativas, pues estas no se motivan en impactos pretéritos ni en ficciones "autoconstruidas", sino por la existencia de ausencia de un programa con políticas consistentes, para que la tensión de las placas tectónicas amaine y el riesgo de medir con escala de Richter se esfume.
LA NACION
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