Los organigramas no se tocan
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LA NACION
En vez de recortar los enormes gastos superfluos e improductivos del Estado, se siguen alimentando la demagogia y el dispendio que hipotecan nuestro futuro
Léese en el Boletín Oficial.: "Dase por designada a (...) en el cargo de Coordinadora de Vinculación entre el Presupuesto y la Planificación Estratégica de la Dirección de Estudios y Evaluación del Presupuesto Nacional de la Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional de la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada de la Jefatura de Gabinete de Ministros…" . No es un caso exótico ni una perla negra. Basta ingresar en el sitio web del Mapa del Estado para encontrar los organigramas más complejos e insólitos que una imaginación pudiese pergeñar. Todos los sinónimos de las palabras coordinación, articulación, planificación, seguimiento y evaluación han sido utilizados. La Jefatura de Gabinete, que hasta 1994 no existía, contiene hoy tantas reparticiones en su órbita que replica el número de ministerios que coordina.
De igual manera proliferan cargos redundantes y superfluos en las estructuras de provincias y municipios, empresas estatales y organismos descentralizados. Todos amparados bajo la enseña patria y el escudo nacional. Y protegidos por sindicatos, padrinos políticos y gobernadores.
Los mercados todavía se ilusionan ante la perspectiva de un giro ortodoxo por parte de Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán. Pero, como siempre, el hilo se cortará por lo más fino. El sentido común indicaría que hay que eliminar los innumerables cargos y funciones que no crean valor para beneficio colectivo. Por lo menos, no un valor que el país pueda solventar. Se podría realizar una visita virtual por las burocracias públicas, como por un museo, para mostrar a cada argentino, en vivo y en directo, las tareas de cada dependencia habilitando un espacio para preguntas y respuestas. Para finalizar, a través de un simple formulario, el ciudadano expresará si contribuiría al sostenimiento de cada eslabón del Estado con parte de su sueldo. Una buena vara de medición.
En ciencia fiscal se sabe que esto no es posible, porque nadie devela sus verdaderas preferencias y todos quieren que el gasto público lo paguen los demás. De todas formas, es una buena metáfora para describir la asimetría entre las astronómicas cifras que malgasta el Estado y los dramáticos niveles de exclusión y pobreza en la sociedad.
Como un río cuyo caudal decrece con la derivación de aguas a canales de riego, así es el desvío de fondos públicos para fines tan inútiles como rimbombantes, a medida que son detraídos por múltiples oficinas en el curso de los organigramas. Con solo descontar los abultados sueldos de muchos funcionarios, al final del camino, quedan apenas monedas para cumplir con lo declamado.
Pese a las críticas estatistas al mercado y a la sociedad civil, es aquí donde verdaderamente funciona a la perfección el sentido común. Cuando la plata no cae "de arriba", los gerentes y administradores deben respetar perfectamente los límites de su caja. Y cuando llega el momento de recortar gastos, saben bien qué funciones crean valor y cuáles lo destruyen. Y quiénes son los buenos empleados y quiénes no lo son.
En los extensos organigramas de la Jefatura de Gabinete, de ministerios, de empresas estatales y organismos descentralizados, de las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires y más de 1500 municipios, nadie puede actuar como los gerentes y administradores de la sociedad civil, pues todos actúan con otra lógica: la lógica política de una caja ajena.
El último día de la gestión presidencial de Cristina Fernández, el Boletín Oficial publicó 188 páginas con una cantidad inaudita de contrataciones, incorporaciones, prórrogas de contratos y pases a planta permanente que aún repercuten en los gastos que ahondan el déficit fiscal. Durante la gestión de Macri la administración nacional redujo su dotación en alrededor de 40.000 empleados, pero las provincias y municipios la aumentaron en 110.000. El inicio y el final de cualquier gestión es un excelente momento para pagar favores y dejar convenientemente apostados a los propios.
La mayor parte de los cargos jerárquicos son cooptados por militantes o son retribución de apoyos políticos, ya sea en las legislaturas como en las calles. Ningún superior dirá jamás que alguna repartición a su cargo es superflua. Y solamente apuntará nombres con lápiz rojo por razones políticas, jamás por incapacidad o falta de méritos. Los cargos públicos son esferas de poder cuando la consigna es "ir por todo". La eficiencia es un prurito neoliberal para desarticular proyectos de liberación.
Las provincias tienen asegurado el mantenimiento de sus estructuras mientras cumplan con la advertencia del venezolano Diosdado Cabello: "El que no vota no come". Es decir, quien no acompaña al kirchnerismo en el Congreso nacional no recibe fondos para sus jurisdicciones. A su vez, esta perversa componenda permite que el oficialismo logre votos para subir la presión fiscal con nuevos impuestos en lugar de apuntar a reducir gastos. Pudiendo disminuir también los fondos para la ciudad de Buenos Aires, perjudicando al opositor que hasta hace poco era considerado amigo.
Es cierto que el mayor egreso del Gobierno corresponde a la seguridad social, donde el kirchnerismo desbalanceó la proporción de aportantes y beneficiarios al abrir las compuertas de las jubilaciones sin aportes que le granjearon muchos votos, en lugar de utilizar la figura del subsidio social. Pero, como en todo ajuste perverso, se comienza con quienes carecen de sindicatos para reclamar, perjudicando más a quienes aportaron y deben ahora sufrir el costo de aquella desmesura que colocó en pie de igualdad a quien trabajó y aportó con el que no. Lo correcto sería restablecer la sustentabilidad del sistema (cuatro aportantes por cada jubilado) con una reforma profunda, que no se realizará, pues es más fácil reducir beneficios con fórmulas opacas y complejas que evocan a Robin Hood.
La eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) también implicaría afectar a grupos numerosos de la sociedad, carentes de organización sindical para reclamar. En particular, la abrupta interrupción de este ingreso para pequeños comercios y pymes que aún no funcionan a pleno y están obligados a mantener su personal puede causar otro desastre en el ya castigado tejido social. En contraste, nada tendrán que temer quienes anidan en organigramas nacionales, provinciales y municipales, con títulos presuntuosos, sueldos garantizados y acomodados en confortables sillas, cuando no son ñoquis, por más inútiles que sean.
La reducción de subsidios económicos a la energía y el transporte para equilibrar las cuentas fiscales requiere en simultáneo una expansión de la economía para que la población pueda pagar los aumentos de tarifas. Difícilmente ello ocurra en un contexto de caída de la inversión con diáspora empresaria, por falta de confianza. Así que tampoco la autorizarán desde el Instituto Patria. Nadie quiere pagar los costos de tan impopulares medidas.
Mientras los organigramas no se toquen, cualquier ajuste será asimétrico, desigual, cobarde y tramposo. La connivencia entre el gobierno nacional y los gobernadores aliados por el manejo de la coparticipación no augura ningún futuro feliz en materia de cuentas fiscales, emisión monetaria, presión fiscal y endeudamiento interno. Aunque el ministro de Economía desee lo contrario. Los organigramas se alimentan del bolsillo ciudadano.
