Peligroso avance sobre un tribunal económico clave
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LA NACION
Un proyecto del kirchnerismo aprobado en el Senado otorga al poder político facultades discrecionales sobre control de monopolios y compras empresarias
En su primera reunión del año en el período de sesiones extraordinarias, el Senado aprobó un proyecto de la senadora Ana Almirón (Frente de Todos-Corrientes) que introduce una serie de modificaciones a la ley de defensa de la competencia con el claro objetivo de dar al poder político el control del tribunal que tiene a su cargo analizar situaciones de monopolio y autorizar los procesos de fusiones y adquisiciones empresarias. El proyecto, al que nos hemos referido el 26 del mes último desde estas columnas, obtuvo 40 votos afirmativos del kirchnerismo y sus aliados y 26 negativos de la oposición. Resta que sea debatido por la Cámara de Diputados.
La legisladora correntina argumentó que "se debe tener un Estado presente, que tenga incidencia en la política de la competencia para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos [ya que el Estado] no puede ser ajeno a la hora de establecer precios, de impedir monopolios" y que se deben "democratizar las reglas de juego" para que "pequeñas y medianas empresas puedan competir con el resto en un mercado que es voraz muchas veces".
A esto se suma que la semana pasada el Gobierno decidió apostar a los controles de precios y a sancionar a las empresas por supuestos desabastecimientos como estrategia para contener la inflación, un esquema que desvía responsabilidades y recuerda el polémico y fracasado método del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno.
El corazón de la iniciativa de Almirón es la selección de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia, que actualmente deben ser designados por concurso público de oposición y antecedentes. La reforma aprobada por el Senado elimina esa instancia y propone a cambio que los integrantes del ente sean elegidos de manera directa por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Si bien el texto prevé que para la selección de sus integrantes "podrá requerirse opinión fundada a organizaciones de la sociedad civil y a expertos, profesionales y académicos con reconocida trayectoria y prestigio en la materia", esa consulta quedará sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios.
En los fundamentos del proyecto, Almirón justifica los cambios en la necesidad de "garantizar la designación de los candidatos con la celeridad que la importancia en esta materia demanda". Anteriormente, al defender su iniciativa en comisión, la legisladora no ocultó las verdaderas razones que aconsejaban la modificación, pues dijo que la intención era "evitar la realización de ese concurso con características tan engorrosas".
El sistema de selección mediante concurso público de oposición y antecedentes es el procedimiento más idóneo para elegir al personal mejor capacitado para ocupar cargos relevantes en la administración pública. En tanto, la reforma que se propicia facilita el nombramiento de personas cercanas al poder de turno y resta independencia a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) al ponerla bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, quitándole la autonomía que le reconoce la ley en vigor como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. También suprime la posibilidad de que el Tribunal de Defensa de la Competencia pueda, "por decisión fundada, expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos".
En un cambio introducido durante el debate, se propuso además la eliminación del artículo 15 de la ley que rige actualmente y que establece la autorización de hecho de una operación sometida a control si el Tribunal de Defensa de la Competencia no se expide en el plazo de 45 días. De esta manera, el organismo podrá postergar sin fecha la resolución de los expedientes sometidos a su decisión.
La oposición rechazó los cambios impulsados por el oficialismo por considerar que supeditará a la política un organismo que debe ser de carácter técnico y por el excesivo poder que le dará al Gobierno en materia económica. Al respecto, el senador Martín Lousteau (Juntos por el Cambio-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) expresó: "Esto va a dar menos independencia y más injerencia al poder político. Van a destruir algo que funciona bien y que es muy técnico".
También empresarios y sectores profesionales cuestionaron la iniciativa al sostener que las modificaciones propuestas tendrán un impacto negativo sobre la actividad económica y las inversiones.
En un nuevo avance que agrava la compleja situación económica y social que vive el país, necesitado de inversiones y nuevos proyectos que restablezcan la actividad económica, el proyecto recientemente aprobado en el Senado va en la dirección contraria. Es de esperar que la Cámara de Diputados elimine aquellos aspectos discrecionales de la reforma y reponga la independencia de la autoridad de aplicación.
