Una escandalosa historia sin fin
La improvisada y negligente expropiación de YPF amenaza con generar costos todavía más gravosos para el Estado argentino en la justicia neoyorquina
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Lo de YPF es una historia sin fin. Una expropiación improvisada dejó consecuencias enormemente gravosas que no paran de crecer en el pasivo del país. Más que paradójico, es triste ver el enorme esfuerzo fiscal de la sociedad argentina empañado por una sentencia adversa de 16 mil millones de dólares, que sigue aumentando su perjuicio a instancias de la acción procesal de los grupos de inversores reclamantes.
Repasemos el escenario. La decisión de la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York fue apelada. Para evitar que los acreedores puedan ejecutar la sentencia en contra de la Argentina, se ordenó que se den en garantía las acciones que el Estado ostenta en YPF. Al no hacerlo, el país quedó expuesto a acciones procesales de agresión a su patrimonio mientras se decide la suerte de la apelación.
El plan de los acreedores en ese nivel de ejecución de la sentencia tiene hasta ahora dos puntales. Uno es el argumento del alter ego, por el que básicamente sostienen que tanto YPF como el Banco Central no son ni distintos ni autónomos del Estado argentino, sino meros instrumentos sujetos a su poder de decisión política. Si la jueza lo aceptara, el problema sería de mayor magnitud aún: por empezar, YPF, que fue exonerada de responsabilidad en la sentencia de primera instancia, entraría por esta ventana procesal al juicio; lo que logró evitar la empresa en un principio terminaría siendo desbaratado por una tangente. Por seguir, el Banco Central tendría un doble set de inconvenientes: cualquier proceso de reestructuración de deuda soberana (hay que recordar los casi 20 mil millones de dólares con vencimiento el año entrante) podría ser entorpecido por los acreedores; como beneficio adicional para los reclamantes, podrían intentar embargar las reservas que se acaban de transferir al exterior.
Pero vamos a lo que tal vez más importa. El objetivo mayor de los reclamantes es quedarse con las acciones de YPF. Lo vienen expresando desde hace rato con sus actos procesales. No solo pidieron y lograron que la jueza ordene que sean puestas en garantía de la apelación; poco tiempo después directamente solicitaron que sean dadas como adelanto de cumplimiento de la sentencia. Si se pone en el contexto de los beneficios que el RIGI otorga a la actividad del petróleo y el gas, y se suma la importancia de YPF en ese sector, se entienden con nitidez las aspiraciones de los fondos demandantes. Y si se lo piensa con detenimiento, se cae en la cuenta del perjuicio enorme que puede representar para la Argentina. A los 5 mil millones de dólares que ya pagamos a Repsol por la expropiación, se sumarían mucho más que los 16 mil millones a los que nos condenó la irresponsabilidad de funcionarios como Axel Kicillof; nos veríamos obligados a entregar directamente el activo tal vez más importante del país. Una privatización judicial, sin ningún beneficio.
Un par de datos adicionales para reflexionar, que surgen del segundo puntal de la estrategia de los reclamantes a este nivel de ejecución de sentencia. En el proceso de discovery que se abrió para determinar si YPF y el Banco Central son o no alter ego del Estado argentino, la magistrada neoyorquina acaba de ordenar que altos funcionarios del actual y anteriores gobiernos entreguen toda su correspondencia electrónica, incluyendo mensajes enviados y recibidos por plataformas digitales. Ya se vio en el pasado reciente la potencia que puede tener esta acción, que lleva a que el juicio meta la cola en la política nacional: en un reclamo contra la provincia de Buenos Aires, información de un proceso de discovery fue utilizada hábilmente, amenazando dejar al descubierto cuestiones poco transparentes de algunos funcionarios, como cuantiosas cuentas en el exterior. Bueno para la transparencia (por cierto, aquella que por decreto el gobierno intenta amordazar), malo para la estrategia de defensa del juicio.
Hay un último dato. El Departamento de Estado acaba de enviar una nota a la jueza Preska para que demore la decisión respecto de las acciones de YPF como adelanto de cumplimiento de sentencia. Se trata de algo alentador, pero no determinante: es el Poder Ejecutivo norteamericano quien sugiere que podría apoyar exclusivamente para ese evento al país, pero es la jueza, al fin de cuentas, la que tiene la última palabra.
La improvisación, la negligencia, una nefasta ideología y la desidia profesional en la estatización de YPF nos trajeron hasta acá. Esperemos que no nos siga llevando por una espiral descendente, con costos cada vez más gravosos para el país.
Tipo de trabajo:
opinión
