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Venezuela: vergonzosas complicidades
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LA NACION
No queda otro camino para la Argentina que condenar expresamente las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro
Las escandalosas declaraciones del embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, en defensa del régimen despótico de Nicolás Maduro han derivado en una esperable y generalizada condena, que obligó a la cancillería argentina a tomar distancia de los conceptos vertidos por su representante diplomático. Si bien Raimundi intentó suavizar ayer sus dichos, el daño infligido ha sido considerable: ha dejado a la Argentina parada en la vereda contraria a la de la defensa de los derechos humanos.
En su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA , que monitorea la situación política en Venezuela , Raimundi sostuvo que "hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos en determinados países". Y eso no fue todo. Aseguró que la Argentina "no hace una lectura ideológica de los derechos humanos" y que nuestro país no comparte "cierta perspectiva de cuáles son las causas que los llevaron a esta situación y cuáles son los caminos para resolverla".
Han sido conceptos lamentables de quien lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de la representación argentina ante semejante entidad multilateral. No puede desconocer, y menos intentar rebatir Raimundi, el resultado demoledor del informe actualizado de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU , que ha venido a confirmar lo que el mundo democrático y respetuoso de las libertades y los derechos de las personas viene denunciando desde hace ya muchos años: la magnitud y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Bachelet había expresado su preocupación por el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginales, producto de operativos de seguridad, ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, y porque muchos de los homicidios fueran responsabilidad de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES), que cuentan con respaldo político y logístico de Maduro.
Como ha sostenido, con razón, el experimentado exembajador argentino Fernando Petrella, "es imposible ser neutro con el informe de Bachelet", producto de un arduo y completo trabajo que ha dado como resultado una lapidaria descripción de lo que sucede en el país caribeño.
Tras los dichos de Raimundi –un exdirigente radical que parece haber olvidado la enseñanza dejada por su viejo maestro Raúl Alfonsín respecto de la defensa absoluta de los derechos humanos–, el vicecanciller, Pablo Tettamanti, aclaró que aquellos conceptos no importaban un rechazo al informe de Bachelet, el que, por otra parte, está siendo considerado en la sede de la ONU, en Ginebra.
Las aclaraciones del funcionario, si bien necesarias ante semejante despropósito, no hacen más que remitir a las tensiones que la cuestión venezolana desata en nuestro país. Es conocida la cerril identificación del kirchnerismo con el gobierno de Maduro y, previamente, con el de Hugo Chávez. El presidente Alberto Fernández , incluso, ha llegado a comentar públicamente cuánto extraña la presencia del comandante, cuyo gobierno fue semilla y fertilizante de la conculcación de derechos del pueblo venezolano.
Más de cinco millones de ciudadanos de ese país han emigrado y hoy viven repartidos por el mundo. Prácticamente la quinta parte de la población ha huido del "paraíso" prometido por el socialismo del siglo XXI, eufemismo hoy utilizado para describir la receta socioeconómica del sistema al que, hasta no hace mucho, se denominaba comunismo y que ha probado largamente su fracaso.
Quienes han podido irse de Venezuela son fundamentalmente jóvenes, que no creen en el futuro de su país. Y tienen buenas razones para ello: la tasa de mortalidad infantil ha crecido significativamente. La expectativa de vida al nacer se ha reducido en 3,7 años, en promedio, como consecuencia directa del deterioro de la salud pública. Solo el 10% de los hogares reciben suministro continuo de electricidad, mientras el 90% de ellos están expuestos al azote de enfrentar cortes frecuentes. El 74% de los niños venezolanos acede solo a una comida al día.
Apenas el 5% de la población, presumiblemente la clase política privilegiada y los militares que hoy gobiernan el país, no sufre inseguridad alimentaria. Los venezolanos de menores ingresos solo consumen la tercera parte de las proteínas requeridas.
La economía venezolana vive una angustiosa caída libre desde 2013. Su PBI ha descendido desde entonces un 70%. La tasa de inflación interanual es del 3365%, con un ingreso salarial promedio de apenas 0,72 dólares diarios.
El 96,2% de los venezolanos están en la actualidad en situación de pobreza, y el 79,3% se encuentran sumergidos en la pobreza extrema, con lo que la situación de ese país es similar a la que sufren algunas naciones de África como Nigeria o Zimbabue.
Como consecuencia de la pandemia sanitaria que afecta al mundo, el 43% de los hogares venezolanos manifiestan, además, que, por restricciones a la movilidad, están imposibilitados de trabajar. En ese contexto, no sorprende que el 52% de los trabajadores dependan de la asistencia social para no caer directamente en la hambruna.
Es de esperar que el lunes y el martes próximos, cuando se tomen las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el representante permanente de nuestro país ante los organismos internacionales, el embajador Federico Villegas, exponga claramente la postura argentina condenando las aberraciones del régimen de Maduro, tal como anticipó hace poco más de dos meses al expresar públicamente su "profunda preocupación" por la situación de los derechos humanos y por la grave crisis política, económica y humanitaria en ese país.
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