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A casi un año de gobierno de Luis Arce, se agudiza la tensión política en Bolivia
La oposición marcha hoy y convoca a una huelga para mañana para que “cese la persecución política”, el oficialismo se movilizará el martes en apoyo del gobierno
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A un mes de cumplirse el primer año de gobierno de Luis Arce, si hubiera que hacer un mapa de los conflictos políticos del estado plurinacional, habría tres grandes “focos de incendio” en lo que en Bolivia se conoce como “el Eje”, sus tres principales ciudades. Desde la región opositora de Santa Cruz llamaron para hoy a una movilización y mañana a un paro para que “cese la persecución política”. El martes el oficialismo realizará su propia marcha de apoyo al gobierno en La Paz. Y en Cochabamba los militantes mantienen una vigilia de respaldo al alcalde opositor, que el gobierno nacional busca destituir.
“Bolivia siempre tuvo realidades y fenómenos sociales y políticos totalmente diferentes en los distintos lugares del territorio, y a eso se le suma ahora una oposición y un oficialismo fragmentados”, explicó a LA NACION el analista político Jorge Dulón.
Lo que la oposición define como “persecución política”, el principal detonante de la movilización de hoy y el paro de mañana, es la serie de causas judiciales que se abrieron contra líderes opositores luego de la asunción de Arce por la caída de Evo Morales en noviembre de 2019 considerada por el oficialismo como un “golpe de Estado”.
El gobierno rechazó la convocatoria opositora y la denunció como un intento de lograr impunidad para los acusados. ”Lamentamos y rechazamos de manera contundente a quienes buscan de manera reiterativa ganar a través de la violencia, de la confrontación, de la generación de odio, enfrentamiento, lo que no logran conseguir en las urnas y lo que buscan en el fondo es impunidad”, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
En esos procesos judiciales, la principal acusada es hoy la expresidenta Jeanine Áñez que desde marzo pasado se encuentra detenida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, en La Paz. Pese a que la causa se halla aún en “etapa de instrucción” y el plazo máximo de detención es de seis meses, los fiscales lograron extenderlo hasta marzo próximo. Uno de los reclamos de la movilización de hoy y el paro de mañana es precisamente reclamar la liberación de Áñez.
Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desechó esta semana las denuncias presentadas por Áñez, en diálogo con LA NACION, su abogado Jorge Valda, relató las condiciones de detención a las que calificó de “inhumanas” y el deteriorado estado de salud de la expresidenta que bajó 12 kilos desde su detención y tuvo un intento de suicidio en agosto pasado. “Siempre que la visitamos en su habitación de 2 x 2 metros, ya sea los abogados, sus familiares o incluso en las sesiones con su psicólogo, en todo momento hay un funcionario del Centro Penitenciario parado al lado de nosotros. No existe la privacidad”, se quejó.
“Además, desde que se le realizó la última junta médica hace dos semanas, la expresidenta es despertada durante toda la noche una vez por hora, prenden la luz de la habitación, le toman la temperatura y la presión. Esa interrupción del sueño, el hecho de no dejarla descansar, es un acto de tortura”, afirmó Valda.
Días atrás, la expresidenta accedió a dar una entrevista a tres periodistas, pero el Ministerio de Gobierno impidió el acceso de los reporteros al penal.
Sus abogados reclaman que Áñez sea trasladada a un centro médico para ser tratada por sus afecciones de salud, pues incluso la medicación que recibe ahora le es entregada ya fuera del envase y por personal penitenciario.
El “eje” opositor
El principal bastión opositor al gobierno de Arce es hoy Santa Cruz, gobernada por Luis Fernando Camacho, el líder del paro y marchas que terminaron destronando a Evo Morales en 2019 luego de casi 14 años de gobierno.
El Comité Cívico de Santa Cruz (CCSC), una poderosa organización político-empresarial, fue el que convocó para hoy a la “gran marcha” y la huelga nacional de mañana, con el apoyo de los expresidentes de derecha Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) y representantes del colectivo Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia (Conade).
Esta semana Camacho había sido citado a La Paz para declarar por las acusaciones en su contra, pero la Fiscalía del gobierno decidió finalmente postergar sin fecha la citación, seguramente luego de evaluar que la audiencia hubiera sido una “vidriera” para el gobernador en medio de un clima convulsionado.
“Santa Cruz siempre fue un bastión opositor al MAS. Y el gobierno se está dando cuenta de que si sigue tirando de la cuerda corre el riesgo de un estallido. Y Arce no tiene la fuerza política que tenía Evo para resistir el embate”, comentó el analista político Dulón.
El “eje” opositor se completa con el popular alcalde de La Paz, Iván Arias, y el de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sobre quien pende un proceso judicial impulsado por el gobierno que podría dejarlo fuera de la alcaldía 100 días después de haber asumido el cargo.
“La principal debilidad del eje opositor en Bolivia es su fragmentación. Camacho no es popular en La Paz y los otros líderes no tienen tanto respaldo fuera de su distrito”, señaló Dulón.
Por último, el oficialista Movimiento al Socialismo no es ajeno a este fenómeno de la fragmentación. Desde que asumió el gobierno Arce, un monetarista que dirigió muchos años el Banco Central, tuvo un corrimiento hacia el centro abandonando los postulados del “socialismo comunitario” de Evo hacia un sesgo más socialdemócrata. Muchos de los funcionarios que acompañaron al líder histórico del MAS en su gobierno, pasaron a la “lista negra” en la gestión de Arce. Y el vicepresidente David Choquehuanca representa otra línea más “indigenista”, que se diferencia tanto de Arce como de Evo.
En este escenario fragmentado, la marcha y huelga opositora de hoy y mañana, y la movilización del martes servirán para mostrar cuánto respaldo popular tiene cada línea política para avanzar en la gobernabilidad de un país complejo.
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