Alabama, la tierra prohibida para los indocumentados

BIRMINGHAM, Alabama.- Marcelo y Mónica Chávez nunca salen juntos de su casa. O sale uno, o sale el otro. Hace algunas semanas, tuvieron una charla cada vez más común entre las familias de inmigrantes indocumentados que viven en Alabama: discutieron si firmaban un poder para darle la custodia de su hijo, Rubén, a algún norteamericano, para que se hiciera cargo y pudiera viajar con él, si ambos son deportados.

Rubén, un niño inquieto que cumplirá dos años en abril, nació en Estados Unidos. Marcelo, de 28 años, y Mónica, de 36, nacieron en México, pero se conocieron en Alabama, donde se casaron y viven juntos desde hace tres años, y donde rige la ley más dura que jamás haya visto el país contra los inmigrantes indocumentados.

"Si fuéramos sólo mi esposa y yo, nos iríamos", dice Marcelo, mientras Rubén revolotea a sus pies. Pero aquí, explica, su hijo recibe atención médica, y puede estudiar y tener conocimientos que él nunca pudo alcanzar.

Ninguno de los dos tiene familiares o alguien de confianza como para entregarle a su hijo si pasa lo peor. Mónica cuenta que hay personas que están firmando poderes con sacerdotes, pastores, o incluso conocidos. "Van con todo tipo de personas de desesperados que están", afirma. Pero ellos no quieren hacerlo.

En Alabama, el miedo se ha reencarnado en los inmigrantes.

Icono de la segregación racial que murió en los 60, Alabama fue el último estado en sumarse a la ola de leyes contra la inmigración desatada por Arizona el año anterior, y a la que ya se subieron Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur.

Pero hay dos cosas que distinguen a Alabama del resto. Primero, Alabama incluyó algunas innovaciones draconianas, como invalidar contratos con inmigrantes indocumentados; considerar un crimen cuando hacen un trámite con el Estado, o exigirles que presenten papeles para pedir servicios públicos, como el agua o la electricidad.

Y, en segundo lugar, la justicia, por ahora, autorizó a la policía a verificar el estatus migratorio cuando detiene a una persona.

Desde que en Alabama rige esta ley, la HB 56, el día tras día de los miles de hispanos que se quedaron en este pintoresco rincón sureño -muchos huyeron en un improvisado éxodo- ha quedado envuelto en diferentes miedos: a perder el trabajo, o a no poder conseguir uno; miedo a ser echados de sus casas; miedo a que les corten los servicios básicos y, en el peor de los casos, miedo a ser detenidos, deportados, y a perder a sus hijos nacidos en suelo norteamericano.

Elda Calderas, una mexicana de 32 años madre de tres chicos, dos de ellos nacidos en Estados Unidos, conoce ese miedo: ella firmó un poder. La "carta", como le dice ella, le daría la custodia a una mujer para la cual ella trabaja limpiando su oficina. Ella creía que sólo le permitía viajar con sus hijos.

"De la desesperación, yo firmé. Con cualquier cosita me los puede quitar, y ése es el miedo que tengo ahora", relata.

En la Coalición para el Interés Hispano de Alabama, una organización fundada en 1999 para apoyar a la comunidad latina, indican que hubo largas filas de personas que llegan hasta allí para averiguar sobre esos poderes y firmarlos.

No es la única precaución. Mónica y Marcelo, que viven en Talladega, un pueblo cerca de Birmingham, salen por separado de su casa y sólo para lo básico: trabajar, en el caso de Marcelo, y hacer compras. Punto.

La gente, cuentan, se avisa cuando ven controles policiales para eludirlos: muchos manejan sin licencia.

Algunos puntos de la ley han sembrado mucha confusión. Existen dudas, por ejemplo, respecto de qué contratos son válidos o no. Y mucha información circula de boca en boca.

En las radios en español se escuchan mensajes con recomendaciones legales, que recuerdan, por ejemplo, el derecho a permanecer en silencio cuando se es arrestado.

En Allgood, un pueblo al norte de aquí, la empresa estatal proveedora de agua puso un cartel en su oficina que advierte de cortes en el servicio a quienes no muestren una licencia de conducir, que ningún indocumentado puede solicitar: la ley exige que los inmigrantes muestren sus papeles para hacer trámites con el estado de Alabama.

Estela, una uruguaya de 43 años, casada, con cuatro hijos, dos nacidos en Estados Unidos, dice que ella no está en riesgo directo por su "aspecto europeo". Pero ella y su marido, un diseñador gráfico, igual se cuidan. La vulnerabilidad es palpable. Los inmigrantes se esconden.

Con todo, la policía no parece tener intenciones de ejercer el poder de agentes de inmigración que le otorgó la ley, al igual que en Arizona.

"Sólo está el miedo -describe Mónica-, porque la verdad no hemos oído casos de que pase de que se lleven a alguien, pero nos han dicho que va a pasar."

El éxodo de las últimas semanas muestra que ese temor logró uno de los objetivos que perseguían los impulsores de la ley. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos de los casi 190.000 hispanos que vivían en Alabama, apenas el 3,9 por ciento de la población del estado, se fueron. Pero no hay una sola persona aquí que no hable de ese éxodo.

"La ley no fue diseñada para salir a arrestar un tremendo número de gente. La mayoría de las personas que están en el estado se autodeportarán y se irán a estados que apoyan a los inmigrantes ilegales", declaró tiempo atrás el senador estatal Scott Beason, republicano, y uno de los arquitectos de la ley.

Años atrás, Marcelo solía conseguir trabajo sin problemas en la construcción, un oficio que lo llevó incluso a Nueva Orleans, para reparar el daño que dejó el huracán Katrina.

Pero desde que aprobaron la ley, trabaja algunas semanas sí y otras no. Con todo, no pierde la esperanza de que Washington ponga punto final al suplicio de millones de indocumentados como él.

Hasta que eso ocurra, seguirá recluido junto con su familia. "Antes, nos sentíamos libres de andar en este país", se lamenta.

Por María Sáenz Quesada

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