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Antecedentes y opciones de un proceso jurídico complejo
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LA PAZ.- Abogados de Bolivia y Chile empezaron ayer a comparecer ante la Corte Internacional de La Haya para presentar alegatos a favor y en contra de que esta corte se declare competente para analizar una demanda en contra de Chile que busca obligar a este país a negociar "de buena fe" la salida "soberana" de Bolivia al mar. Éstas son las claves del proceso:
En 2013, el gobierno boliviano presentó una demanda ante la Corte Internacional de La Haya en contra de Chile, la cual busca obligar a este país a negociar "de buena fe" la salida "soberana" de Bolivia al mar. Evo Morales anunció que haría esta demanda en 2011, después de declarar frawwcasada la negociación sobre 13 puntos, entre ellos el marítimo, que había iniciado con Michelle Bachelet durante la primera gestión de la mandataria. La demanda es la última de una larga serie de acciones tomadas por Bolivia para recuperar la "cualidad marítima" que perdió en la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia y Perú fueron derrotados por Chile.
¿Qué se decide ahora?
Chile planteó una "objeción previa" a la vista de la demanda por la Corte de La Haya. Pidió que ésta no fuera admitida, con el argumento de que afectaría a un tratado de límites que ambos países firmaron en 1904, siendo que la jurisdicción de este tribunal corre desde 1948 en adelante. Por su parte, Bolivia asegura que su demanda no pretende cuestionar este tratado de límites y en cambio se origina en los "derechos expectaticios" que generaron a su favor los ofrecimientos realizados por Chile a lo largo del tiempo para resolver el diferendo marítimo entre ambos países.
¿Qué alega Bolivia?
Que Chile debe cumplir el ofrecimiento que le hizo en varios momentos de facilitarle una salida soberana al mar. En particular se refiere a la "negociación de Charaña" (población fronteriza que se hizo célebre por el encuentro allí, en 1975, de los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer), en la que Pinochet ofreció a Bolivia un corredor hacia el Pacífico sobre la frontera chileno-peruana, a cambio de la misma cantidad de territorio boliviano. La negociación fracasó por la resistencia de la población boliviana al canje territorial y por la simultánea oposición del Perú, que tenía derecho de veto, puesto que el territorio chileno que iba a traspasarse a Bolivia había sido peruano antes de la Guerra del Pacífico.
¿Qué alega Chile?
Que los ofrecimientos que hizo a Bolivia, pero que no acabaron en un acuerdo, no pueden generar derecho, porque restringiría la facultad de los países de explorar soluciones innovadoras a sus problemas internacionales y se los condenaría a seguir un libreto invariable. Cree que la corte debe inhibirse de actuar, dada la naturaleza "osada" de la demanda.
¿Qué tiene que ver este proceso con el juicio de Perú a Chile?
Entre 2008 y 2014, la Corte de La Haya trató una demanda de Perú contra Chile en torno al territorio marítimo fronterizo, y finalmente devolvió a la soberanía peruana 50.000 km2 de mar. Este juicio es el antecedente directo de la acción boliviana, porque mostró que por esta vía podían obtenerse concesiones de Chile.
¿Quiénes participan?
Ambos países han enviado a La Haya a sus cancilleres y equipos de diplomáticos, parlamentarios y juristas nacionales e internacionales. La delegación boliviana cuenta con dos ex presidentes, Rodríguez Veltze y Carlos Mesa. Los alegatos se transmiten en vivo por TV. Morales ordenó embanderar las casas durante toda esta semana.
¿Cómo están hoy las relaciones bilaterales?
Entre 2006 y 2010, el tiempo que duró la negociación de los 13 puntos, se produjo un deshielo de las relaciones sin precedente, formalmente rotas desde 1978, cuando naufragó el diálogo de Charaña. Desde 2011, las acusaciones mutuas y el distanciamiento entre Bolivia y Chile han escalado gracias a las campañas de reivindicación nacionalista de Bolivia y la competencia entre ambas diplomacias para presentar sus visiones del problema a la comunidad internacional.
Otro paso para la reforma política
La medida entraría en vigor sólo dentro de unos años
-¿Qué determina la norma aprobada por la Cámara de Diputados?
-El fin de la reelección para presidente, gobernadores y alcaldes, en uno de los pasos para la propuesta de enmienda constitucional (PEC) de la reforma política liderada por el gobierno.
-¿La norma ya rige?
-No. Deberá ser sometida a una segunda votación en el mismo plenario antes de ser enviada para su debate en el Senado.
-Si se aprobara, ¿los actuales gobernantes ya no podrían presentarse?
-No. La norma prevé un período de transición. Los alcaldes elegidos en 2012 y los gobernadores elegidos en 2014 podrían ser reelegidos.
-¿Y Dilma Rousseff?
-Como fue reelegida en octubre, ya no podría ser candidata otra vez.
-¿Cuáles son los beneficios del proyecto?
Sus defensores creen que generará alternancia en el poder, al impedir que los dirigentes de los partidos más fuertes se perpetúen en sus cargos. También sostienen que la administración dejará de estar guiada exclusivamente por un ánimo reeleccionista.
-¿Y cuáles son las contras?
-En algunos casos, podría conducir a la discontinuidad de políticas públicas, especialmente en proyectos que dependen del largo plazo para tener efecto.
-¿Quién se beneficiaría con el cambio?
-Aún es difícil de pronosticar. Primero, porque sólo entraría en vigor después de 2020. Segundo, porque la norma nunca fue probada tras la vuelta a la democracia. O Globo/GDA
EL PAIS@Ediciones El Pais, S.L.U.
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