Avanza en uruguay un proyecto de muerte digna

MONTEVIDEO.- Tras la encendida polémica en Uruguay sobre el tema del aborto, el Senado votó ayer por unanimidad un proyecto de ley para habilitar el derecho de los pacientes terminales a reclamar la interrupción de los tratamientos "que prolonguen su vida", pedido que también podrán hacer los familiares directos en caso de que la persona enferma no esté en condiciones de ejercer esa potestad.

El senador Alberto Cid, de la coalición oficialista Frente Amplio, dijo que hay situaciones en las que "se deben suspender los tratamientos médicos que no tienen sentido" y dejar al paciente "morir con dignidad, sin sufrimiento".

Cid, que es médico, dijo que "cuando se han agotado los recursos médicos para lograr mejoría o alivio, seguir con medidas terapéuticas inútiles también es un tema que desde el punto de vista de la ética médica es sancionado".

El texto había sido votado por la Cámara baja, pero los senadores introdujeron algunos cambios a ese proyecto, por lo que ahora vuelve a Diputados para una nueva votación. Hay acuerdo político para que se vote en breve plazo y pase al presidente Tabaré Vázquez para la promulgación del Poder Ejecutivo. En el ámbito político se descuenta que se convierta en ley a fin de año o en los primeros días de 2009.

El proyecto votado por el Senado establece que "toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros".

Añade que las personas "tienen derecho de expresar anticipadamente su voluntad" en ese sentido en los casos de "patología terminal, incurable e irreversible".

El proyecto aclara que en caso que el paciente "no haya expresado su voluntad y se encuentre incapacitado de expresarla", la suspensión de los tratamientos quedará en manos "del cónyuge o concubino o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad".

En noviembre último, el Congreso uruguayo aprobó un proyecto de ley que autorizaba la interrupción del embarazo de hasta 12 semanas, que luego fue vetado por el presidente Vázquez.