Bachelet vs. Maduro: denuncias de violaciones a los DD.HH. y contraataque chavista

CARACAS.– Las sonrisas tampoco pueden ocultar la realidad. La actualización del informe de Michelle Bachelet, alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirmó hoy que las fuerzas gubernamentales de Venezuela continúan cometiendo ejecuciones extrajudiciales, además de advertir el aumento de la persecución y hostigamiento contra la sociedad civil y contra organizaciones humanitarias.

“Por lo menos 14 personas habrían muerto durante una operación [despliegue de 650 efectivos] en el barrio caraqueño de La Vega… Recordando los anuncios sobre reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos militares y poner fin a esa práctica”, denunció Bachelet en su informe, que de esta forma se suma a las cifras aportadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que ayer hizo público que en lo que va de este año son más de 200 personas las ejecutadas por la fuerzas de Nicolás Maduro.

Durante 2020, según las investigaciones de la ONG Provea conocidas también esta semana, policías y militares asesinaron a 2853 personas, la mayoría a manos de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que la ONU define como los “escuadrones de exterminio” de la revolución. Su disolución, reclamada en diversas ocasiones por el organismo, fue desatendida por Maduro, que en varias ocasiones ha mostrado su apoyo explícito a las fuerzas que ordenó crear.

El pronunciamiento de Bachelet sucede días después de la polémica suscitada tras su reunión digital con el presidente y el canciller chavista, Jorge Arreaza, una “excelente videoconferencia” para el jefe de la revolución durante la cual se repartieron sonrisas y empatía entre sus protagonistas, según destacó el aparato de propaganda del régimen bolivariano en un hábil uso de las imágenes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y la oposición mostraron su indignación ante una foto “que pasará a la historia de la ignominia”.

“¿Hubiera cordializado en un encuentro con el señor Augusto Pinochet”, disparó Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea. El padre de Bachelet, general de brigada, falleció en la cárcel durante la dictadura de Pinochet y ella misma y su madre fueron torturadas en Villa Grimaldi antes de huir al exilio.

Todo ello pese a que la propia ONU ha señalado a Maduro por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Bachelet ha profundizado con su informe en el colapso que vive el país, con acceso más limitado a los servicios públicos, con el agravamiento de la crisis humanitaria y donde “un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”, entre otros factores por culpa de un salario mínimo “por debajo de un dólar mensual” y con la canasta de alimentos que ha aumentado 1800%.

A las graves dificultades para la supervivencia también se le suma “la reducción del espacio cívico”, con “al menos 66 casos de acoso y criminalización de periodistas, medios, defensores, trabajadores humanitarios, líderes y oposición”. En Venezuela permanecen en las mazmorras de Maduro 323 presos políticos, entre ellos 123 militares, 24 mujeres y dos adolescentes, según el balance efectuado por el Foro Penal y que la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace suyo.

Entre ellos figura el diputado Gilberto Sojo, que forma parte de la Asamblea Nacional legítima, detenido en Caracas por las FAES en un control callejero bajo la acusación de terrorismo. Sojo estuvo en prisión dos años por su militancia en Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López.

“Garantizar la alimentación y la atención es crucial (en las cárceles) para evitar más muertes como la del (dirigente indígena) Salvador Franco”, añadió la expresidenta chilena, “preocupada” ante los informes sobre los decesos de detenidos por tuberculosis y desnutrición.

Bachelet enfatizó su alerta ante los riesgos que corren los activistas humanitarios, pese a que son “esenciales” para el país en medio de la pandemia: “Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones a las ONG, incluida la congelación de sus activos”.

Por primera vez, 55 países se unieron en una declaración conjunta para denunciar las violaciones sistemáticas y para exigir la entrada de ayuda humanitaria a gran escala. Entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá y Costa Rica. La Argentina no la apoyó.

“En Venezuela es muy evidente que el régimen viola los derechos humanos todos los días. El apoyo del mundo a la causa venezolana se mantiene vigente y activo”, aplaudió Miguel Pizarro, comisionado de la presidencia encargada.