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Bloques de hormigón, el último de varios focos de malestar
El contrabando, la presencia de submarinos nucleares y el fraude fiscal están entre las principales quejas del gobierno español
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MADRID.- La relación España-Gran Bretaña-Gibraltar es la historia de una disputa que dura ya 300 años, desde la firma del Tratado de Utrecht. Hoy, son varios los puntos de conflicto para las autoridades españolas.
Aguas, puntas y bloques de hormigón : Gibraltar lanzó el mes pasado 70 bloques de hormigón al mar en las inmediaciones de su aeropuerto. Las autoridades del Peñón alegan que son para construir un arrecife artificial y regenerar la pesca. España, sin embargo, considera que esos bloques "con puntas de acero" no tienen otra finalidad que impedir el uso de las artes tradicionales de pesca de la flota gaditana. Para el gobierno de Mariano Rajoy, los bloques son una muestra de la "política de hechos consumados" de Gibraltar, y recuerda que España y Gran Bretaña se comprometieron en el pasado a negociar las medidas de protección del medio marino después de que la Comisión Europea reconociera a ambos países competencias sobre las mismas aguas.
El gobierno español ya denunció los bloques ante la Fiscalía de Medio Ambiente y notificó los hechos a las autoridades de la Comisión Europea.
Bunkering y rellenos: el Consejo de Ministros aprobó el 29 de noviembre de 2012 un real decreto por el que declaró zona de especial conservación un área de 23.640 hectáreas marinas frente a la costa de Cádiz, que incluye las aguas cuya soberanía se disputan España y Gibraltar. El decreto prohibió el bunkering, práctica por la que plataformas de combustible gibraltareñas traspasan combustible barato a los buques y que ha causado numerosos derrames en las aguas de la bahía de Algeciras (Cádiz).
Por el mismo decreto quedó prohibida otra de las prácticas consentidas o alentadas por las autoridades gibraltareñas: el relleno de zonas marinas para ganar terreno al mar. El gobierno de Gibraltar calificó de "totalmente inaceptable" la decisión, por considerar que España pretendía "legislar sobre aguas británicas".
Fraude fiscal: más de 6700 gibraltareños tienen residencia en España, por lo que se benefician de sus infraestructuras y servicios sociales, pero domicilio fiscal en el Peñón. La Agencia Tributaria española quiere revisar su situación y la de los inmuebles a nombre de sociedades domiciliadas en Gibraltar para evitar el pago del impuesto de sucesiones.
Aeropuerto en el istmo: España quiere excluir el aeropuerto gibraltareño del llamado cielo único europeo. Se construyó en una zona que no fue cedida en el Tratado de Utrecht y que los británicos ocuparon en el siglo XIX aprovechando que España les permitió instalar allí un campamento durante una epidemia.
Contrabando de tabaco: las incautaciones de tabaco de contrabando en la frontera con Gibraltar por parte de las autoridades españoles subieron un 40% en 2013. Suben casi al mismo ritmo que los atados importados en Gibraltar: en los tres primeros meses de este año entraron 52 millones, casi lo mismo que en todo 2009. A la Guardia Civil española no le cierran las cuentas.
Escraches: una página web que publica las fotos de policías y guardias civiles en la frontera e incita a realizar escraches en sus casas provocó el 2 de agosto pasado un nuevo enfrentamiento. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, prometió llevar el asunto "hasta las últimas consecuencias".
Submarinos nucleares: la presencia del submarino nuclear Tireless en la base naval de Gibraltar para ser reparado, entre 2000 y 2001, provocó la mayor manifestación en Campo de Gibraltar: más de 60.000 personas mostraron su rechazo en la calle.
EL PAIS@Ediciones El Pais, S.L.U.
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