Bolivia: tensión por las expropiaciones

Organizaciones de Santa Cruz señalaron que la confiscación de tierras era una decisión política
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19 de diciembre de 2009  

LA PAZ (AFP).- Organizaciones cívicas y empresariales de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia y bastión opositor, afirmaron que la expropiación de tierras contra dos familias en los últimos días era una decisión política.

El gobierno de Evo Morales, por su parte, defendió la medida.

El gobierno expropió anteayer unas 3000 hectáreas en Santa Cruz del rico banquero y dueño del canal privado de televisión Unitel, Osvaldo Monasterios Nieme, con el argumento de que sus títulos de propiedad son fraudulentos. Con sede en Santa Cruz de la Sierra, Unitel es señalado por el oficialismo como el principal medio opositor.

La medida se produjo una semana después de que el Tribunal Agrario Nacional, a solicitud del gobierno, expropiara 12.500 hectáreas, también en Santa Cruz, a la familia del líder cívico Branko Marinkovic, considerado por Morales uno de los promotores de un supuesto golpe de Estado en 2008.

"[La expropiación de tierras] es la arremetida del gobierno contra quienes luchamos por la autonomía", afirmó Luis Núñez, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, el más influyente conglomerado político-empresarial del departamento.

Santa Cruz impulsó con otras tres de las nueve regiones de Bolivia las autonomías departamentales, un modelo de gestión pública que busca descentralizar los recursos económicos y una mayor independencia política y legislativa.

"Los empresarios tienen que pronunciarse, porque, de seguir este ataque, se podría parar la maquinaria agrícola del país y afectar las exportaciones", añadió Núñez.

La preocupación opositora fue respondida por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz. "De una manera malintencionada, se habló de motivaciones políticas del gobierno", dijo Almaraz, y sostuvo que la familia Monasterios "recibió más de 40.000 hectáreas gratis" durante los últimos gobiernos.

El gobierno señaló que los territorios considerados ociosos serán recuperados para el Estado, que los redistribuirá entre indígenas pobres sin tierra, los principales aliados políticos de Morales.

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