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Chile: acusan de negligencia a los guardias del penal
Los familiares de los 81 presos muertos dicen que no les prestaron ayuda durante el incendio
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SANTIAGO, Chile.- El dolor sin tregua de los familiares de los 81 presos muertos marcó el día siguiente al incendio que arrasó el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel San Miguel, en el sector sur de Santiago. Ayer, las versiones sobre sus causas volvieron al centro del debate.
Mientras que gendarmería afirmó que no hubo ninguna falla en la acción de los cinco guardias que resguardaban el penal de 1900 reclusos, los familiares apostados en las afueras del penal aseguraron a La Nacion que sus parientes detenidos acusan a los gendarmes de no haber actuado con prontitud e incluso de haberse burlado de su desesperación.
"Mi hermano quiso ayudar y no sólo no lo dejaron, sino que le respondieron que los del [piso] cuarto se lo merecían", dijo a ese diario una mujer que se identificó como María. Cerca, 81 claveles rojos puestos por los familiares en una de las rejas laterales del penal rendían un postrero homenaje a los fallecidos
"Era un infierno para arriba y para abajo. En su desesperación por salir, los presos nos tiraban colchones y trapos en llamas. Hicimos todo lo posible", dijo el gendarme Víctor Fierro, quien mostraba quemaduras en los brazos y un cuello ortopédico, como consecuencia del intento de rescate.
En tanto, el retraso en la identificación de los cadáveres podría tomar varios días más por el deplorable estado de los cuerpos, según informaron ayer las autoridades del Servicio Médico Legal. Hasta ayer, sólo habían sido reconocidos 40 de los 81 fallecidos.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al gobierno chileno autorización para que distintos organismos de derechos humanos ingresen a las cárceles para determinar el estado en el cual viven los presos.
El pedido se produjo el mismo día en que el Instituto de Derechos Humanos de Chile entregó su informe anual, en el cual se relata que la sobrepoblación penal en el país alcanza al 55%, con 56.000 reos en instalaciones con capacidad para 31.000. Human Rights Watch también exigió al gobierno modernizar su sistema carcelario.
Durante esa presentación, el ex presidente, Ricardo Lagos, le reprochó ayer al mandatario Sebastián Piñera las declaraciones del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que había manifestado anteayer que la crisis carcelaria era un problema "heredado".
"Lo que usted tendría que haber dicho es que, pese a todo, en mi gobierno se duplicó la superficie carcelaria", le dijo el ex gobernante a Piñera.
El mandatario replicó que conocía la cantidad de cárceles construidas entonces, y el episodio terminó con un apretón de manos entre los dos.
"Cuando el señor ministro [por Bulnes] dijo que él es parte de la solución, pero no del problema, porque todo es heredado. Yo quiero decir que eché de menos, como me lo reconoció ahora el presidente Sebastián Piñera, un reconocimiento a lo que se había hecho antes", dijo Lagos a la salida del lugar.
Bulnes quedó ayer en el centro de la tormenta: varios legisladores de la opositora Concertación pidieron su dimisión inmediata. "Por responsabilidad política, el ministro de Justicia debe renunciar", consideró uno de ellos, el senador socialista Fulvio Rossi.
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