China: ira popular por la condena a una millonaria
Wu Ying fue sentenciada a muerte por fraude; exigen igual trato para funcionarios corruptos
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PEKIN.- Hace cinco años era la sexta mujer más rica de China, con una fortuna de 700 millones de dólares. Ahora, Wu Ying espera una última revisión de su condena a muerte por fraude y estafa, después de que un alto tribunal provincial confirmara esta semana -por segunda vez- la sentencia en su contra.
Lo curioso es que en momentos en que los privilegios y los abusos de los más ricos generan indignación en el resto del mundo, la joven millonaria suscita solidaridad entre los chinos y da cuenta de un malestar más amplio contra un sistema judicial que muchos consideran injusto.
La historia de Wu Ying, de 31 años, es la de un ascenso meteórico, espectacular y poco probable en un país que no sea China. Hija de una familia de granjeros en la provincia costera de Zhejiang, abandonó sus estudios secundarios para trabajar en el salón de belleza de su tía y, gracias al éxito de un tratamiento para la piel sobre la base de inyecciones de placenta animal, se convirtió en una rentable empresaria.
En menos de diez años, su negocio se transformó en una red de hoteles, spas, condominios de lujo y negocios conocidos como el Grupo Bense. En 2006, con apenas 25 años, Wu ocupó el puesto 68 del ranking anual de fortunas de la revista Hurun Report y se convirtió así en la sexta mujer china más rica.
Su emporio se vino abajo en 2007, cuando las autoridades descubrieron que su lucrativo negocio de inversiones, que prometía utilidades de hasta el 80%, era en realidad un esquema Ponzi. Wu fue detenida por estafa, acusada de malversar el dinero de los inversores en gastos privados en lugar de invertirlos en el crecimiento empresarial. Se calcula que la estafa alcanzó los 122 millones de dólares y, a pesar de su defensa, la joven fue sentenciada a la pena de muerte.
Wu no es exactamente una figura querida por la opinión pública, pero su caso generó una fuerte controversia en las redes sociales chinas por lo que se percibe como un estándar diferente a la hora de castigar a ciudadanos corrientes y a funcionarios públicos corruptos.
"Es un absurdo de la justicia", escribió Li Zhuang en Weibo, microblog chino. "Un funcionario público puede robar miles de millones de yuanes y recibir una pena ínfima. En un mismo país, bajo la misma ley, los veredictos arrojan resultados diferentes. ¿Cómo puede la gente ver la ley como algo sagrado y solemne?"
El caso que más irrita a los internautas chinos es el de Yu Zhendong, el presidente de la sucursal del estatal Banco de China en la ciudad de Kaiping, que desvió más de 480 millones de dólares de fondos públicos. El banquero huyó a Estados Unidos y se convirtió en el primer funcionario público extraditado por Washington a China, antes de ser condenado a 12 años de prisión.
"Wu Ying y Yu Zhendong, ¿por qué no puede haber igualdad ante la ley?", se preguntaba Han Zhiguo, otro usuario de Weibo. "¿Alguien me explica la base legal de la decisión, para entender cuál es la manera más barata de romper la ley?", ironizaba la reconocida novelista Liu Liu.
Wu además representa la idea de la empresaria pujante de China, que creció a partir de su trabajo y no gracias a conexiones políticas.
Por ahora, a Pekín parece no haberle gustado mucho la repercusión del tema en la Red. El día después del juicio había tres millones de comentarios en Weibo sobre el caso de Wu Ying, pero 24 horas después apenas aparecían 600.000, y varios usuarios denunciaron haber sido "armonizados".
Reforma a la ley
Irónicamente, la condena de Wu llega en momentos en que Pekín está reformando la legislación sobre la pena de muerte. El año pasado, el gobierno chino eliminó la pena capital para 13 tipos de "ofensas económicas no violentas", casi una quinta parte del total, incluyendo el fraude fiscal, el contrabando de reliquias culturales, el saqueo de tumbas y el robo de fósiles. El problema para Wu Ying es que la "recaudación fraudulenta de fondos" sigue estando sujeta a la máxima condena.
Aún así, no todos están convencidos de que la reforma tenga un efecto real en la sistema judicial chino. "Estamos esperando que el gobierno divulgue información que demuestre que los cambios no son meramente cosméticos y que no hayan eliminado ofensas por las que pocas personas hayan sido condenadas a muerte en años recientes", señaló Catherine Baber, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico.
El gobierno chino no publica las estadísticas sobre la pena de muerte por considerarlas un "secreto de Estado", pero las organizaciones de derechos humanos calculan que Pekín podría superar el número de ejecuciones de todos los demás países juntos. La Fundación Dui Hua, una ONG estadounidense que monitorea la justicia china, estima que el número de ejecuciones se redujo de 8000 a 4000 en cuatro años, mientras que Amnistía Internacional se niega a publicar un estimativo oficial, debido a la dificultad para documentar los casos.
Por ahora, a Wu Ying le queda una última carta. Todas las sentencias a muerte deben pasar por una revisión definitiva en la Corte Suprema en Pekín y ella ya está apelando.
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