Cómo los autócratas usan los tribunales de Londres para atacar a sus enemigos

LONDRES.- La abogada Olena Tyshchenko ahora está radicada en Gran Bretaña, pero hasta hace poco la esperaban años de cárcel en una atiborrada cárcel de Rusia. La esperanza de la libertad, sin embargo, llegó del lado más inesperado.

El abogado inglés Chris Hardman, socio de la firma Hogan Lovells —uno de los estudios más importantes del mundo— voló a Moscú con el borrador de una tentadora propuesta: Tyshchenko tenía posibilidades de ser liberada si suministraba información de utilidad que pudiera usarse a favor de un importante cliente de Hogan Lovells en una variedad de litigios judiciales que tenía en los tribunales de Londres.

El giro de la historia es que Tyshchenko era la abogada de la contraparte…

Para ganar su libertad, tenía que entregar a su cliente. De ese trueque de favores no había retorno, pero la cárcel de Moscú probablemente tampoco, así que a regañadientes, pero aceptó. “Lo más anómalo de la situación era que los abogados que eran mis contrincantes en un juicio en Londres tuvieran tanta injerencia sobre mi destino en Rusia”, recuerda Tyshchenko.

“Eran tiburones”, agrega.

Una cárcel de Moscú, un tribunal de Londres. La primera es parte del sistema legal ruso, ampliamente considerado corrupto y subordinado al Kremlin. El otro es símbolo del sistema legal inglés, respetado alrededor del mundo. Sin embargo, Hardman volvió a Londres, y un juez inglés aceptó incorporar la evidencia obtenida en una cárcel de Moscú.

El episodio es el ejemplo más vívido de hasta qué punto la brutal lucha política de países autoritarios como Rusia o Kazajstán ha penetrado en el sistema legal de Inglaterra, donde hay investigadores privados y abogados londinenses que cobran honorarios astronómicos por participar de cuestionables tácticas al servicio de gobiernos autocráticos de cualquier lugar del mundo.

El diario The New York Times y de la ONG inglesa de investigación periodística TBIJ analizaron cientos de expedientes y filtraciones de registros judiciales y realizaron más de 80 entrevistas con personas involucradas, expertos y testigos, dejando al descubierto la trama por la cual los autócratas y dictadores del mundo se sirven de los tribunales de Londres para perseguir judicialmente a quienes han huido de sus países tras haber caído en desgracia con el gobierno, ya sea por dinero o por política.

Durante cuatro de los últimos seis años, en los tribunales civiles de Inglaterra hubo más litigantes de Rusia y Kazajstán que de ningún otro país extranjero. Los gobiernos autoritarios o entes gubernamentales, a menudo suelen asediar judicialmente a los magnates caídos en desgracia y exiliados. Ni un bando ni el otro inspira demasiada compasión, pero ambos pagan suculentos honorarios legales.

Para los gobiernos autocráticos, litigar ante los tribunales de Londres funciona como una legitimación de sus acusaciones, ya que sus propios sistemas legales están tan corrompidos que de las fronteras para afuera sus veredictos no tienen ningún peso. Inglaterra, además, ofrece otras facilidades: los jueces tienen amplias atribuciones para admitir todo tipo de evidencia, incluso la obtenida por servicios de inteligencia o sistemas judiciales corruptos del extranjero. En Londres, de hecho, las empresas privadas que prestan servicios de inteligencia no están sujetas a ninguna regulación y no tiene reparos en recurrir a métodos al borde de la ley para satisfacer las necesidades legales de sus clientes potentados.

La investigación reveló, por ejemplo, que la firma del doctor Hardman, Hogan Lovells, envió detectives privados a Francia para intentar pagarle a un testigo para que declarase contra un enemigo del presidente ruso Vladimir Putin.

Un “arma nuclear legal”

Pero quizás la mayor ventaja de litigar en Londres es que abogados como Hardman les facilitan a sus clientes un “arma nuclear legal” contra sus enemigos: son las órdenes judiciales que congelan los activos de un acusado en todo el mundo. Estas órdenes son similares a las que usa el gobierno de Estados Unidos contra terroristas o traficantes de armas, pero en este caso se trata de juicios civiles.

Gran parte de eso se hace inicialmente secreto, y en muchos casos se emiten órdenes antes de que el objetivo lo advierta o haya sido declarado responsable en un juicio. Ni siquiera los abogados especializados en congelamiento de activos saben con certeza cuántos emiten los juzgados. Pero el mero hecho de que haya tantos abogados, jueces e investigadores privados de Londres profundamente involucrados en las salvajes batallas políticas del mundo postsoviético alcanza para suscitar preocupación.

“Se nos pide, en Gran Bretaña, que juzguemos sobre dinámicas políticas que los tribunales ingleses no comprenden a fondo”, dice Tom Mayne, un investigador de la Universidad de Exeter que estudia la intervención de los tribunales ingleses en los casos de corrupción relacionados con la ex Unión Soviética. “Me parece una extralimitación de los tribunales de justicia ingleses, porque básicamente estamos validando la cleptocracia que rige en esos países”.

Los legisladores británicos expresan cada vez más alarma por la influencia rusa, y en un informe parlamentario del año pasado advirtieron que en Londres ha surgido una pujante industria de profesionales, incluidos abogados e investigadores privados, “para atender las necesidades” de la élite rusa.

“Como quedó de manifiesto con el ‘Informe sobre Rusia’, en nuestra ciudad capital ha crecido una industria de facilitadores para proteger y sostener los intereses de las élites corruptas”, dice Lisa Nandy, directora de relaciones exteriores del opositor Partido Laborista. “El sistema judicial se ha convertido en el campo de batalla definitivo, ya que buscan usar las instituciones de una sociedad abierta para defender ganancias mal habidas”.

Hardman y los protegidos de la firma Hogan Lovells han sido líderes en la representación de poderosos clientes de la ex Unión Soviética, y suelen recurrir a los servicios de la agencia Diligence, una firma londinense de inteligencia privada con reputación de llevar a cabo operativos de vigilancia agresiva. Ambas firmas se unieron en representación de la Agencia de Seguro de Depósitos de Rusia para perseguir a Sergei Pugachev, un exconfidente de Putin ahora acusado por el Estado de robar más de mil millones de dólares de un banco ruso, cosa que él niega.

En un comunicado, el estudio Hogan Lovells negó rotundamente todas las acusaciones de manejos indebidos en ese y otros casos, y agregó que Pugachev había cometido “uno de los fraudes más grandes de los que el mundo tiene memoria ”, y que por lo tanto, “no debería extrañar que el caso sea puesto a discusión en los tribunales de Londres, que tienen una justificada reputación de imparcialidad y justicia, y cuyas resoluciones serán respetadas en todo el mundo.”

The New York Times

Traducción de Jaime Arrambide