Con la aprobación en caída libre, Kast acelera un megaplan de reformas y activa las primeras deportaciones
El gobierno concretó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares mientras impulsa un paquete económico para reactivar la actividad en medio del deterioro social
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LA NACION
SANTIAGO, Chile.– En una semana clave para su gobierno, el presidente de Chile, José Antonio Kast, sufrió su mayor caída de popularidad desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo, en un contexto de creciente malestar económico y dudas sobre el rumbo de su administración. Pero, al mismo tiempo, avanzó con dos ejes centrales de su programa: un ambicioso plan económico y el inicio de una política migratoria más dura, que tuvo su primera señal concreta con la deportación de 40 extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales en un vuelo oficial.
Según la última encuesta de la consultora Criteria, la aprobación del mandatario cayó al 36%, seis puntos menos que la semana anterior y 14 por debajo de su pico registrado el 22 de marzo. En cuanto al rechazo, trepó al 49%, reflejando un deterioro acelerado del respaldo ciudadano en apenas semanas de gestión.
El sondeo también evidenció escepticismo sobre la dirección del gobierno: solo el 35% de los consultados considera que las medidas impulsadas por Kast –presentadas bajo la idea de un “gobierno de emergencia”– van en el camino correcto, mientras que un 44% opina lo contrario.
La economía se consolidó como la principal preocupación nacional para el 64% de los chilenos, desplazando a la inseguridad. El aumento del costo de vida es uno de los factores centrales de ese malestar: un 43% percibe que los precios han subido, en particular los combustibles, cuyo encarecimiento –tras un ajuste oficial– impactó de lleno en la inflación.
En ese marco, el respaldo ciudadano a medidas redistributivas parece ir en sentido opuesto al programa oficial: un 72% se mostró a favor de aumentar los impuestos a las grandes empresas, en contraste con la principal apuesta económica del gobierno.
Control migratorio
En paralelo al frente económico, la administración de Kast comenzó a desplegar una de sus promesas más sensibles: el endurecimiento de la política migratoria. Este jueves, el gobierno concretó el primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular o con antecedentes penales, en lo que definió como el inicio de una “política de control fronterizo estricto”.
El operativo incluyó la deportación de 40 ciudadanos extranjeros, trasladados en un vuelo que partió desde el norte del país –según autoridades– con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. De ellos, 25 correspondían a situaciones administrativas y 15 a órdenes judiciales, mientras que otras fuentes oficiales indicaron que 30 tenían antecedentes vinculados a delitos de gravedad, por lo que fueron escoltados con un fuerte operativo policial.
“Este vuelo, que es el primero de muchos, se enmarca en un compromiso y en un plan de ordenamiento migratorio que estamos trabajando desde que el presente gobierno asumió sus funciones el 11 de marzo”, afirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pávez. “Las expulsiones no se anuncian, se hacen”, agregó.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia. A menos de una semana de asumir, Kast había ordenado la construcción de una zanja en la frontera norte para frenar cruces clandestinos y prometió acelerar las expulsiones, especialmente de extranjeros con antecedentes penales.
El Ministerio del Interior ya había anticipado una “política permanente de control migratorio”, con operativos aéreos y terrestres destinados a reforzar la fiscalización y garantizar el cumplimiento de la ley.
El esquema enfrenta, de todos modos, límites prácticos. Por la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela, el principal país de origen de migrantes en Chile, no se contempla por ahora la expulsión de sus ciudadanos, pese a que constituyen la mayor comunidad extranjera en el país.
Aun así, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que desde la victoria electoral de Kast han salido voluntariamente 2180 venezolanos, y destacó además que los ingresos irregulares se redujeron en un 67% respecto de hace cuatro años.
Según estimaciones oficiales, unas 330.000 personas viven en situación irregular en Chile, un país de 18 millones de habitantes donde la población extranjera pasó del 0,8% en 1992 al 8,8% en 2024, en un fenómeno que parte de la opinión pública vincula con el aumento de la delincuencia.
Un plan ambicioso
Pese al escenario adverso, Kast también avanzó el miércoles con la presentación de su Plan de Reconstrucción Nacional, un paquete de más de 40 medidas orientadas a reactivar la economía, fortalecer las instituciones y mejorar la seguridad. El proyecto será enviado al Congreso en los próximos días y constituye la piedra angular de su programa de gobierno.
“No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo”, afirmó el mandatario en su primer mensaje en cadena nacional desde que asumió.
La iniciativa contempla como eje central una rebaja gradual del impuesto a las empresas, del 27% al 23%, con el objetivo de incentivar la inversión privada. Según el gobierno, unas 150.000 compañías se verían beneficiadas por esta medida, que busca dinamizar el empleo y elevar el crecimiento económico.
El plan también incluye incentivos tributarios, como una reducción transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas, beneficios para la repatriación de capitales y un programa de reconstrucción de más de mil viviendas afectadas por incendios forestales. Además, propone medidas para fomentar la contratación, especialmente de trabajadores vulnerables.
Kast fijó metas ambiciosas: reducir el desempleo al 6,5%, alcanzar un crecimiento anual cercano al 4% y equilibrar las cuentas fiscales hacia el final de su mandato en 2030.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta fuertes cuestionamientos. La oposición critica que el gobierno impulse rebajas impositivas en un contexto de restricción fiscal, lo que podría afectar la recaudación. También advierte que el paquete —que abarca múltiples áreas— podría dificultar su tratamiento legislativo.
Analistas señalan que la estrategia de agrupar diversas reformas en un solo proyecto busca aumentar sus chances de aprobación, aunque reconocen que algunas medidas, como la reducción del impuesto corporativo, generan resistencias incluso en sectores moderados.
Clima social adverso y controversias
El deterioro de las expectativas también pesa sobre el gobierno. Un 43% de los encuestados cree que la situación del país empeorará en los próximos seis meses, con perspectivas negativas sobre el empleo (33%) y la economía familiar (36%).
Además, la responsabilidad por la situación actual comienza a recaer cada vez más en la administración de Kast: un 38% atribuye el escenario al gobierno actual, mientras que la carga sobre la gestión anterior de Gabriel Boric cayó del 24% al 13%.
En tanto, el presidente enfrenta una nueva polémica tras un almuerzo privado realizado en el Palacio de La Moneda con antiguos compañeros de la Universidad Católica. La reunión, celebrada en medio del alza del precio de los combustibles, fue cuestionada por dirigentes opositores, que denunciaron ante la Contraloría un posible uso indebido de recursos públicos.
Desde el gobierno evitaron precisar el financiamiento del evento y señalaron que se utilizarán “los canales institucionales” para aclarar la situación, mientras versiones periodísticas indicaron que habría sido costeado por los organizadores.
El episodio se suma a un clima de creciente presión política y social, en momentos en que Kast intenta consolidar su proyecto.
Agencias AP, AFP y ANSA
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