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Trump entra de lleno en la campaña brasileña y pone a Lula contra las cuerdas por el crimen organizado
La declaración como grupos terroristas de Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho fue criticada por el mandatario, pero puso en primer plano un flanco débil del gobierno frente al electorado
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
BRASILIA.– El fantasma de la seguridad pública y la sombra del presidente estadounidense Donald Trump irrumpieron de lleno en el escenario político brasileño, abriendo una grieta de imprevisibles consecuencias diplomáticas y económicas.
En una decisión de fuerte impacto, el gobierno de los Estados Unidos decidió esta semana clasificar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas internacionales. La medida pone al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva bajo presión en su principal flanco débil frente a la opinión pública, mientras la oposición bolsonarista celebra la medida como un triunfo.
La declaración, que entrará en vigor el próximo 5 de junio, activa los mecanismos penales y financieros de las categorías de Terrorista Global Especialmente Designado y de Organización Terrorista Extranjera.
Esto abre un escenario inédito: el combate a las dos principales bandas criminales de Brasil sale de la órbita puramente policial y pasa a ser tratado bajo la doctrina de Defensa Nacional norteamericana, habilitando a agencias como la CIA y el Pentágono a intervenir de manera extraterritorial en la persecución de sus activos.
El impacto electoral de la medida es inmediato. La seguridad pública se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los brasileños. El tema ha dejado al descubierto una profunda contradicción en el electorado: un abrumador 73% de los ciudadanos defiende que las organizaciones criminales reciban el tratamiento jurídico de grupos terroristas, pero un 58% admite el temor a una eventual operación militar de Estados Unidos en su propio territorio, según datos de la consultora Quaest.
La urgencia por capitalizar este descontento responde a la extrema paridad de los sondeos. Según la última encuesta de Datafolha, Lula da Silva obtendría el 47% de las intenciones de voto frente al 43% del senador Flavio Bolsonaro para una eventual segunda vuelta presidencial en octubre.
La reacción del Palacio del Planalto a Washington fue de una dureza inusual. El gobierno emitió un comunicado en el que calificó la intervención de la familia Bolsonaro como “deplorable” y acusó directamente al senador Flavio Bolsonaro –hijo mayor del exmandatario y precandidato presidencial– de ser un “traidor de la patria” por haber empujado esta agenda en Washington junto al secretario de Estado, Marco Rubio, horas antes del anuncio.
Para la oposición, sin embargo, la jugada representa una oportunidad perfecta para desviar el foco de atención de temas negativos que venían acorralando su campaña, como el escándalo del liquidado Banco Master y los vínculos de Flavio con el banquero Daniel Vorcaro, preso por haber montado un fraude multimillonario.
El propio Flavio no tardó en capitalizar el anuncio a través de un video para sus redes sociales: “En un viaje como precandidato, hicimos más por Brasil y por la seguridad de los brasileños que el PT y Lula en 17 años de mandato. Mientras Lula fue de rodillas detrás de Trump a hacer lobby a favor de Comando Vermelho y PCC, yo fui a trabajar para que fuesen tratados como terroristas, que es lo que son”.
“La seguridad de nuestra población es demasiado importante para ser manipulada políticamente por traidores, por falsos patriotas, involucrados con el crimen organizado”, sentenció, por su parte, la nota oficial del Planalto, en una clara alusión al viaje del legislador.
Más allá de la retórica pro-soberanía del PT, el equipo económico del gobierno encendió las alarmas por las repercusiones financieras globales de la medida. Existe el temor de que la decisión de los Estados Unidos provoque penalizaciones involuntarias o restricciones sobre empresas brasileñas legítimas que operan en sectores permeados por el crimen formal, como la logística, los combustibles o el agronegocio. Incluso, las autoridades brasileñas mencionaron el riesgo de que se ataque o sancione la infraestructura del Pix, el sistema de transacciones instantáneas del Banco Central, bajo la sospecha de que facilita el flujo financiero de bandas criminales.
En diálogo con LA NACION, Maurício Santoro, politólogo y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), descartó la posibilidad de un escenario de intervención militar unilateral o de capturas en suelo brasileño. “No creo que vaya a haber ningún ataque militar contra el territorio brasileño. Lo que sí puede pasar es que la Marina o la Fuerza Aérea americana ataquen, en aguas internacionales, barcos o aviones sospechosos de estar vinculados al crimen organizado brasileño, de forma similar a lo que ocurrió en el Caribe”, explicó el especialista.
Sin embargo, Santoro advirtió que el impacto más severo e inmediato será de naturaleza económica. “Estados Unidos puede convertir cualquier tipo de transacción económica con ellos en un crimen federal en su territorio”, señaló. El analista de la UERJ destacó la sofisticación del entramado financiero montado por el PCC, con “una red de empresas, un brazo financiero que es muy sofisticado y muy amplio, y es muy difícil saber exactamente qué empresas controla el PCC”.
Según Santoro, “se crea una zona de inseguridad jurídica que va a ser un problema grave”. “Mirando el ejemplo de México el año pasado, esto puede llevar a una caída de la inversión extranjera en Brasil por el temor a sufrir sanciones norteamericanas”, alertó.
Por su parte, Leonardo Paz Neves, politólogo e investigador del Núcleo de Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas (FGV), consideró que, si bien la seguridad pública marcará la agenda de la campaña, la medida estadounidense carece de efectos prácticos y responde a una lógica electoral.
“La cuestión seguridad pública es uno de los temas más importantes en Brasil desde hace décadas y, en estas elecciones, está ganando una relevancia más fuerte”, explicó Paz Neves, señalando que en años electorales donde la economía marcha bien, la atención tiende a desplazarse hacia la violencia urbana.
Sin embargo, el analista de la FGV fue categórico al evaluar la efectividad real del anuncio de Washington. “La derecha, a través del senador Flavio Bolsonaro, sabe que esto no va a resolver nada. Tanto es así que su propio padre, cuando fue presidente, no buscó esta solución. Solo se crea una nomenclatura más dura, pero no genera ninguna política concreta de combate a la violencia”.
El especialista anticipó que el debate sobre la seguridad pública generará dividendos para la oposición debido al clamor de la población por respuestas punitivas. “Esta es una respuesta demagógica que funciona, porque se crea una nomenclatura dura y la mayor parte de la población tiende a aplaudir las decisiones de fuerza”, evaluó Paz Neves.
El investigador de la FGV advirtió, por último, que este tipo de alineamientos genera un severo perjuicio en la relación bilateral de Brasil con los Estados Unidos, limitando el margen de cooperación. “Esta jugada vuelve a bloquear la relación pragmática”, concluyó Paz Neves, anticipando meses de alta turbulencia política en América del Sur.
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