Crimen narco: el asesinato del fiscal paraguayo complica a dos ministros de Lacalle Pou

MONTEVIDEO.- Dos ministros del gobierno de Luis Lacalle Pou están bajo el ojo del Congreso ante la demanda de dar explicaciones sobre la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sospechoso de haber encargado dos asesinatos, incluido el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo, mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos en 2021, de donde logró salir gracias a esta documentación y está prófugo desde entonces. El presidente uruguayo mantiene su silencio al respecto.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comparecieron ante el Senado el lunes tras la interpelación convocada por el senador opositor Mario Bergara para que explicaran cómo y por qué Marset recibió el documento uruguayo.

Con diez años de antecedentes vinculados al narcotráfico y acusado de encargar dos asesinatos, Marset, de 31 años, fue liberado por Dubái en noviembre de 2021, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa, luego de que el gobierno uruguayo le expidiera un pasaporte a distancia.

El hecho generó indignación y propició una interpelación a ambos ministros impulsada por el izquierdista Frente Amplio. Allí, Bergara calificó el hecho como un “escándalo de proporciones” y un “bochorno” para el país, pues el gobierno facilitó documentación a una persona con “un profuso prontuario criminal, que estaba investigado internacionalmente y permanecía preso por intentar usar un pasaporte falso”.

No obstante, Heber alegó que “se actuó bajo el marco legal vigente” y ajustado a derecho, que en octubre pasado Marset no tenía pedido de captura por parte de Interpol ni casusas abiertas en Uruguay.

“Hay que contextualizar: en noviembre ¿Quién sabía quién era Marset?”, preguntó el canciller Bustillo.

Ambas autoridades señalaron como responsable indirecto del hecho al gobierno del expresidente Pepe Mujica (2010-2015), ya que en 2014 la administración frenteamplista flexibilizó en un decreto las condiciones para pedir un pasaporte desde el exterior. Desde entonces, al solicitante solo se le exige no tener antecedentes judiciales o causas abiertas en Uruguay, algo que Marset cumplía.

“La legislación es esa (...), que me parece una barbaridad, si señor”, opinó Heber e insistió que la requisitoria de Interpol se publicó el 3 de marzo, “no antes”.

Bergara contraargumentó que el decreto no obliga a expedir documentos, ya que señala que “ante circunstancias no previstas” la decisión de otorgar un pasaporte uruguayo queda a consideración de los ministerios competentes.

“Esa lógica de que el decreto ataba de pies y manos a las autoridades no es cierta”, dijo el senador, entendiendo que “un curso de acción prudente, razonable, cauto [hubiera sido] otorgarle un permiso de viaje solo para volver a Uruguay”.

“El pasaporte no lo liberó”

Bustillo aseguró que desde que Marset solicitó el documento hasta que se le expidió pasó cerca de un mes, dando a entender que no se trató de un trámite “exprés”.

“Esto fue un trámite administrativo más. En ningún momento tomamos conocimiento ni el ministro [Heber] ni quien habla (...) No corresponde que tenga conocimiento de cada trámite administrativo” que sucede, dijo el canciller.

“Para nosotros era un futbolista uruguayo, de los tantos que hay en el mundo, detenido por usar un pasaporte falso”, añadió al explicar que de esa manera fue como las autoridades del emirato presentaron a Marset ante los funcionarios de la sección consular.

“La situación es tan increíblemente absurda, que después de que salió en libertad y antes del 3 de marzo, él podía andar por el mundo libremente. El pasaporte uruguayo no lo liberó, lo liberó la justicia emiratí”, señaló.

El lunes, el gobierno cesó de su cargo al subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, tras abrir una investigación administrativa por la expedición del pasaporte.

El senador nacionalista Gustavo Penadés declaró el martes que no cree que Lacoste tenga “un vínculo directo” con Marset e indicó que “no quedó demostrado que el pasaporte tuviera algún tipo de proceso de aceleración por la intervención de este jerarca” ya que “estuvo 30 y pico de días esperándose la definitiva autorización y la concesión última del pasaporte”, según informa el medio uruguayo El País.

“Lo que la investigación determinó es que esta persona había intercedido para que otra dependencia del Ministerio del Interior acelerara el trámite de un pasaporte. Eso fue lo que llevó a establecer una investigación administrativa, y para garantizar que dicha investigación se llevara adelante de la forma más ecuánime se le separa del cargo”, precisó el senador nacionalista.

En tanto, el presidente uruguayo Lacalle Pou no se ha pronunciado al respecto, una actitud que ha despertado críticas entre la oposición. El legislador de la coalición de izquierda del Frente Amplio Alejandro Pacha Sánchez comunicó su asombro por el “silencio presidencial”.

“Me asombra muchísimo el silencio presidencial con respecto a este tema (...) Un presidente que siempre está activo en redes sociales y haciendo declaraciones con los colegas de la prensa no ha emitido ni una sola palabra, es más, la última comunicación presidencial es que nuestro presidente tiene una tabla de surf nueva”, dijo, citado por Montevideo Portal.

Acusado

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló a principios de agosto al narco uruguayo como responsable del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci durante su luna de miel en una playa del Caribe colombiano.

“La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejo de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”, indicó en Twitter el mandatario de izquierda, que asumió el poder el 7 de agosto.

Pecci, de 45 años, fue baleado el 10 de mayo en una playa de la isla Barú, cerca de la ciudad de Cartagena, por sicarios que se movilizaron en una moto de agua.

La justicia de Colombia condenó a 23 años de cárcel a cuatro asesinos confesos detenidos por el crimen, pero aún no determina quiénes fueron todos los autores intelectuales del homicidio.

El 19 de agosto, la Fiscalía de Colombia acusó formalmente a Francisco Luis Correa Galeano como el cerebro del crimen, quien irá a juicio el 19 de septiembre y tendrá que presentar declaración por delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas agravado.

Según un artículo del portal Rebelion.org compartido por Petro en Twitter, las primeras hipótesis “apuntan contra el clan Insfrán, red de tráfico de cocaína comandada por Miguel Ángel Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marset Cabrera”. Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.

Agencia AFP

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