Duras condenas para dirigentes socialistas

MADRID, 28 (EFE).- El "caso Filesa", uno de los mayores escándalos surgidos durante el mandato de los socialistas en España, culminó hoy al considerar el Tribunal Supremo que se financió irregularmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y fueron condenados ocho de los once acusados en la causa, entre ellos un senador y un ex diputado pertenecientes al partido.

Más de seis años después de que un contable de operaciones financieras, el chileno Carlos Van Schowen, denunciara el caso, el tribunal determinó hoy que los socialistas condenados constituyeron en 1987 un conglomerado de sociedades anónimas "cuyo fin primordial era la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al PSOE por las campañas electorales".

Los condenados

El Tribunal Supremo dictó las condenas: tres años de prisión para el senador José María Sala y once para el ex diputado Carlos Navarro, ambos del PSOE.

En su sentencia, de 104 páginas, el Tribunal Supremo condenó asimismo a Sala a seis años de inhabilitación y a una multa de unos 2.300 dólares. Las penas fueron resueltas por los delitos de falsedad en documento mercantil y asociación ilícita.

Navarro quedó condenado a los once años de prisión y seis de inhabilitación, además de una multa de casi 1,7 millones de dólares por asociación ilícita, dos delitos de falsedad continuada en documento mercantil y un delito contra la Hacienda Pública.

Multa e inhabilitación

El Tribunal Supremo impuso a los ex responsables del entramado de Filesa -a través del cual se financió irregularmente al PSOE-, Luis Oliveró y Alberto Flores, sendas penas de diez años de cárcel, seis de inhabilitación y multa de 1,7 millones de dólares por los mismos delitos que los imputados a Carlos Navarro.

La ex coordinadora de las finanzas del partido socialista, Aida Alvarez y Miguel Molledo, consejero delegado de la empresa Distribuidora Express, fueron condenados a dos años, cuatro meses y un día de prisión, y multa de aproximadamente 700 dólares cada uno por falsedad continuada en un documento mercantil.

Por último, Juan Antonio Molina Vivas, ex presidente de la empresa Enasa, y Eugenio Marín García, ex director general de Cepsa, fueron condenados a seis meses de cárcel por apropiación indebida con especial gravedad.

Posible apelación

Fuentes del Tribunal Supremo explicaron que con estas penas tendrían que ingresar en prisión Navarro, Oliveró, Flores, Aida Alvarez y Molledo, pero aclararon que el trámite preceptivo supone que el ingreso no sea inmediato, ya que pueden apelar a la sentencia dada a conocer hoy. El Tribunal Supremo absolvió a otros tres acusados: el presidente y el vicepresidente de la empresa Elsan, Luis Sánchez Marcos y Francisco Javier Iglesias, y al ex responsable de la empresa ABB Julio Calleja.

La sentencia pronunciada hoy por el Tribunal Supremo es la primera que se dicta en España en un caso relevante de financiación irregular de partidos políticos.

En esta ocasión, además, se trata de un partido que estaba en el poder cuando ocurrieron los hechos ahora juzgados.

Supuesto asesoramiento

Todo empezó a principios de esta década, con la denuncia del contable Carlos Van Showen.

Dos diarios españoles -El Periódico y El Mundo- publicaron el 29 de mayo de 1991 que tres sociedades controladas por personas próximas al PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento que nunca se llegaron a realizar.

Según la denuncia presentada por el constructor Christian Jiménez, basada en las afirmaciones de Van Showen, estos pagos se utilizaron posteriormente para la financiación del PSOE.

Comenzó entonces el largo recorrido judicial del "caso Filesa", que, entre incidentes, informes y la derrota electoral de los socialistas, envueltos en escándalos de corrupción, en marzo de 1996, llegó finalmente a juicio ante el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial del país.

Escrito anulado

En diciembre de 1996, la Sala Segunda del Tribunal Supremo abrió juicio contra 26 imputados, pero siete meses después, anulado un escrito de acusación del Partido Popular (PP) -en el gobierno-, rebajó el número de acusados, excluyendo del banquillo al ex responsable económico del PSOE, Guillermo Galeote.

Finalmente, el 3 de septiembre de 1997, comenzaron a declarar los acusados, que negaron los delitos que se les imputaban.

Testigos de peso

En este juicio, que duró un mes, compareció en calidad de testigo el ex presidente del gobierno socialista, Felipe González, en su condición de secretario general del PSOE en los años en que se produjo la supuesta financiación ilegal de su partido (1987-1991).

También declaró como testigo el ex vicepresidente del Ejecutivo, Alfonso Guerra, pero al igual que González, negó haber tenido conocimiento de la creación y operaciones del grupo empresarial Filesa.

Una disculpa pedida a toda España

MADRID, 28.- Todavía, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional al que han recurrido, no se harán efectivas las penas dispuestas por el Tribunal Supremo contra ocho de los once imputados por el llamado caso Filesa.

Entre los inculpados están el senador Jusep María Sala, del Partido Socialista de Cataluña, y el ex diputado Carlos Navarro. Aunque el senador no vaya a la cárcel, suponemos que abandonará su banca en el Senado.

En la edición de La Nación del 23 de septiembre registrábamos las declaraciones de Felipe González y de Alfonso Guerra, presidente y vicepresidente del gobierno, respectivamente, al momento de nacer Filesa, ante el tribunal.

Coincidieron en ignorar el entramado de las empresas creadas para costear los gastos de propaganda de su partido.

Felipe no negó la existencia de la presunta financiación, más bien advirtió que no le constaba. Añadió que se había enterado por la prensa. Sin embargo, ya se sabe que a la prensa el poder no le da ni crédito ni aprecio.

Las cien páginas que contienen la condena señalan que a mediados de 1987 "se inició un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos generales del PSOE para las elecciones europeas".

Excusas ante todos

La reacción del partido ante la noticia llegó por la tarde.

Mientras se conocía la condena, el PSOE celebraba el 91º cumpleaños de su presidente honorario, Ramón Rubial, uno de esos dirigentes históricos, que se afilió al partido en 1923, padeció la cárcel y estará al menos estupefacto por la trayectoria de los presuntos herederos de Pablo Iglesias.

En la sede de los socialistas, en la calle Ferraz, Joaquín Almunia, su actual secretario general, leyó un comunicado: "La ejecutiva federal del Partido Socialista quiere pedir excusas a todos los ciudadanos y en especial a los militantes y votantes socialistas que con esta sentencia puedan ver lesionada su confianza en un partido que siempre ha querido y sigue queriendo hacer de la honradez en la gestión de los intereses públicos una de sus señas de identidad.

"El hecho de que la financiación de los partidos no haya sido siempre transparente -prosigue- no nos disculpa. Y, consecuentemente, refirmamos de nuevo ante los ciudadanos el compromiso personal y político de todos los miembros de la dirección del PSOE para evitar en el futuro hechos que pongan en peligro esa confianza."

El documento intenta explicar que no ha admitido que esos hechos hubiesen alguna vez ocurrido.

Uno de los condenados, Eugenio Marín, deberá indemnizar a los accionistas de la empresa petrolera Cepsa por más de un millón y medio de dólares.

Por su parte, el ex diputado Carlos Navarro, Luis Olivero y Alberto Flores tendrán que hacer otro tanto con una cifra similar por "delito contra la Hacienda Pública" de manera solitaria o mancomunada.

Ello gracias a que Filesa, entidad fantasma, cobraba a varias empresas por informaciones que nunca suministró o, llegado el caso de hacerlo, lo hacía en forma errónea.

Entre los ocho acusados está Aída Alvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE cuando Guillermo Galeote era el tesorero. Alvarez era propietaria de Distribuidora Express, empresa que integraba el grupo Filesa.

La nada tácita admisión de culpas por parte de Almunia, que hace poco mandó a callar a Felipe, revela que esta sentencia, sea cual fuere su futuro en el Tribunal Constitucional, calará hondo en ciertos políticos que creen en la impunidad como una condición añadida a su carácter representativo.

Por Por Rolando Riviére <br/> (Corresponsal en España)

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