El escándalo de la "parapolítica" sacude otra vez a Colombia

BOGOTA.- Cuatro congresistas colombianos, entre ellos tres aliados del presidente Alvaro Uribe, fueron detenidos ayer por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares, en un nuevo capítulo del escándalo desatado por la revelación de nexos de políticos con los escuadrones de extrema derecha.

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alfredo Gómez, confirmó que, de los cinco congresistas con orden de arresto, fueron capturados cuatro: Juan Manuel López, Miguel de la Espriella, José de los Santos Negret y Reginaldo Monte. El senador William Montes es el único que sigue sin ser arrestado. A excepción de López, todos pertenecen a partidos de la coalición oficialista.

En total, la CSJ ordenó el arresto de 15 políticos colombianos, a los que se acusa de haber sacado "provecho político" del denominado Pacto de Ralito. Entre ellos, fue detenida la ex congresista Eleonora Pineda. El acuerdo fue firmado en junio de 2001 por unas personas, entre políticos y jefes de las actualmente extintas milicias paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que habrían apoyado sus campañas para obtener bancas en el Congreso y otros cargos.

"La Corte demostró que no hubo coacción por parte de los paramilitares para la presencia de estas personas en la reunión. Hubo conocimiento, voluntad en la suscripción del documento", dijo en una conferencia de prensa el presidente de la CSJ, Alfredo Gómez, al explicar los motivos que llevaron a dictar órdenes de detención.

Gómez reveló hace unos días que la Corte investiga 25 nuevas denuncias contra congresistas por vínculos con los paramilitares, mientras que el vicepresidente del país, Francisco Santos, vaticinó que entre 30 y 40 legisladores terminarán tras las rejas por esta cuestión. El escándalo podría crecer aún más si se concreta el anuncio del ex líder de las AUC Salvatore Mancuso de que revelará los nombres de los políticos, militares, empresarios y compañías que cooperaron con el grupo, cuando hoy reanude su declaración ante la fiscalía.

Con las nuevas órdenes de captura, ya suman 12 los congresistas encarcelados, en tanto que otros dos están prófugos. Las primeras detenciones ocurrieron en diciembre e incluyeron, en febrero pasado, al senador Alvaro Araújo Castro, hermano de la entonces canciller de Uribe, María Consuelo Araújo, que debió renunciar por el escándalo.

Desde finales de 2006, Colombia ha sido sacudida por las revelaciones de una alianza entre prominentes políticos y empresarios con grupos paramilitares, un escándalo denominado "parapolítica".

Originalmente, los paramilitares fueron creados en los 80 para defender las haciendas y las ciudades colombianas de la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero inmediatamente fueron acusados de financiarse del narcotráfico y de cometer múltiples crímenes de lesa humanidad.

Como parte de su política de "seguridad democrática", Uribe eligió emprender un combate frontal con la guerrilla y un acuerdo y una amnistía con los paramilitares, lo que permitió avances notables en materia de seguridad pero despertó acusaciones de que el gobierno de Uribe tenía nexos con estos escuadrones de extrema derecha.

Esas acusaciones fueron desmentidas enérgicamente por el propio Uribe, que fue reelegido por abrumadora mayoría en mayo de 2006, pese a que las investigaciones judiciales ya afectaron a una ex ministra y a varios legisladores partidarios de su gobierno.

Crímenes desde la cárcel

Como parte del acuerdo de paz con los paramilitares, ya se desmovilizaron unos 31.000 combatientes. Ellos están sujetos a una ley que les confiere penas máximas de ocho años de prisión si confiesan los crímenes que cometieron, reparan el daño que infringieron y dejan de delinquir.

Sin embargo, el domingo pasado la revista Semana difundió grabaciones que probarían que los paramilitares siguen delinquiendo: en ellas, varios ex comandantes conversan sobre operaciones de narcotráfico y asesinatos. Para aclarar la denuncia, ayer se reunieron el ministro del Interior, Carlos Holguín, y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, con los ex comandantes, en una prisión de las afueras de Medellín.

La presidencia dijo en un comunicado que no se explica el origen de las grabaciones que la revista dice tener, y ratificó que, de comprobarse la comisión de los delitos, los involucrados perderían los beneficios legales que obtuvieron al deponer las armas.

Por Agencias AP, AFP y DPA

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