
El petróleo, un arma para pacificar a Irak
La ley que regulará el sector es clave para frenar la lucha sectaria e impulsar al país
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BAGDAD.- Los funcionarios iraquíes están próximos a lograr un acuerdo sobre una ley nacional del petróleo, que daría al gobierno central el poder de distribuir los ingresos petroleros actuales y futuros a las provincias y las regiones de acuerdo con su población.
Si se sanciona, esta medida, propuesta por una comisión de ministros y políticos, podría contribuir a resolver un tema altamente conflictivo que ha bloqueado repetidas veces los esfuerzos de reconciliar a las enfrentadas facciones étnicas y sectarias del país. Los árabes sunnitas, que han encabezado la insurgencia, se han opuesto a la idea de autonomía regional por miedo de ser privados de una parte justa de la riqueza petrolera del país, que se concentra en el sur chiita y en el norte kurdo.
El informe del Grupo de Estudio de Irak subrayó que una ley petrolera que garantice una distribución equitativa de los ingresos es un punto crucial para el proceso de reconciliación nacional y la finalización de la guerra. Sin esa ley, también sería imposible que Irak logre atraer las inversiones extranjeras que necesita desesperadamente para estimular su industria petrolera. Los funcionarios iraquíes advirtieron que se trata apenas de un principio de acuerdo y que podía ser arruinado por los enfrentamientos étnicos y sectarios. Ayer, la violencia en el país dejó unos 50 muertos.
El principal obstáculo que aún se interpone, según dijeron los funcionarios, es el referido a la emisión de contratos para el desarrollo de futuros campos petroleros. Los kurdos insisten en que las regiones deben reservarse la aprobación final de esos contratos, temiendo que si el poder se le concede a un gobierno central con predominio chiita, éste podría ignorar la propuesta de contratos en el norte kurdo mientras los autoriza en el sur chiita, según declararon funcionarios iraquíes y estadounidenses.
La cuestión petrolera también ha inflamado las tensiones étnicas. Los sunnitas, que dominan zonas del país que tienen poco petróleo o carecen de él por completo, son inflexibles en su exigencia de que el gobierno central distribuya equitativamente los ingresos petroleros.
En la comisión que está a cargo de la redacción de la ley, los sunnitas se han aliado con los chiitas en contra de los kurdos, quienes han procurado mantener todo el control regional posible sobre la industria petrolera en su enclave autónomo del Norte, que ha gozado de una independencia de facto desde 1991, con protección norteamericana.
Las autoridades norteamericanas han instado a los políticos iraquíes a colocar la ley petrolera en lugar prioritario de sus agendas y a especificar que debe estar aprobada antes de fin de año.
Al principio de las conversaciones, los kurdos procuraron garantizar que los gobiernos regionales gozaran del poder de cobrar y distribuir los ingresos procedentes de futuros campos de explotación petrolera, según revelaron funcionarios iraquíes y estadounidenses. También propusieron que los ingresos fueran compartidos entre las regiones según la población y los crímenes cometidos contra el pueblo durante el gobierno de Saddam. Eso les daría tanto a kurdos como a chiitas una parte de la riqueza petrolera mayor que su proporción poblacional.
Pero los kurdos depusieron esas exigencias, dijo Barham Salih, un viceprimer ministro kurdo y presidente del comité. "Los ingresos compartidos son un principio aceptado por todos los elementos del gobierno de Irak, incluidos los kurdos, y es el elemento unificador que todos esperamos para la ley petrolera", dijo Salih en una entrevista.
Los funcionarios estadounidenses dijeron que los kurdos estaban dispuestos a hacer concesiones porque una ley petrolera nacional podría atraer a más empresas petroleras extranjeras para fomentar la exploración y el desarrollo petrolero en Kurdistán. Una compañía extranjera de gran envergadura firmaría con mayor confianza un contrato con los kurdos si pudiera operar según una ley de un país soberano y no sólo con la protección de la ley de una región autónoma.
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