En China, la clase media empieza a levantar la voz

PEKIN.- La opinión pública intenta hacerse oír en China, donde la libertad de expresión para asuntos políticos sufre serias limitaciones. Aunque el autoritario régimen de Pekín mantiene una férrea censura sobre los medios de comunicación y bloquea en Internet populares portales como Facebook, YouTube y Twitter, los chinos están empezando a alzar la voz.

Por el momento, hay temas aún tabú, como el monopolio político del Partido Comunista y la falta de democracia. Pero otros asuntos relacionados con la gestión del gobierno ya son ampliamente comentados en páginas chinas de "microblogs" como Sina Weibo, y llegan en ocasiones a ejercer una fuerte presión sobre las autoridades.

La última batalla librada por esta incipiente opinión popular tuvo lugar en Dalian, una ciudad portuaria de seis millones de habitantes en la provincia costera de Liaoning. Famosa por sus playas y las numerosas zonas verdes que plantó el anterior alcalde Bo Xilai, uno de los políticos con mejor imagen en el gris régimen chino, Dalian suele liderar las listas de lugares más agradables y con mejor nivel de vida de China.

Esta urbe plagada de rascacielos y galerías comerciales de lujo vive una auténtica rebelión popular. El domingo pasado, unas 12.000 personas tomaron las calles y se manifestaron frente al ayuntamiento. No para pedir democracia o protestar por la falta de libertades políticas, sino para exigir el cierre de una planta química que propagó el pánico entre la población la semana pasada, cuando las olas levantadas por el tifón Muifa rompieron su dique de contención. Ante el temor a una fuga tóxica, miles de personas fueron evacuadas con el fantasma del tsunami de Japón y el desastre de Fukushima aún fresco en la memoria.

Desafiando la barrera de policías antidisturbios, los manifestantes criticaban a las autoridades por permitir la construcción cerca del mar de la planta, que produce un componente químico cancerígeno utilizado para la elaboración de poliéster. Montada por el gobierno local de Dalian y una empresa privada, produce 700.000 toneladas anuales de paraxileno y había operado sin el obligatorio estudio de impacto medioambiental desde junio de 2009 hasta abril del año pasado.

En una inusual concesión, el secretario local del Partido Comunista, Tang Jun, y el alcalde, Li Wancai, "trataron de calmar a la multitud prometiendo trasladar la planta fuera de la ciudad", según informaron los medios chinos. Aunque por ahora la fábrica sigue funcionando, el anuncio se interpreta como un gran triunfo de la opinión pública.

Este verano, los foros de debate también hirvieron con quejas al régimen por el trágico choque de dos trenes de alta velocidad en Wenzhou el 23 de julio, en el que murieron 40 personas. El aluvión de críticas por las fallas de seguridad alarmó al gobierno hasta el punto de que incluso paralizó todos los proyectos de alta velocidad y redujo el tope máximo al que pueden circular los trenes.

"No importa si fue una falla mecánica, de gestión o de construcción. Llegaremos al final del asunto y, si encontramos que hubo corrupción, actuaremos conforme a la ley y no será suave", prometió el primer ministro, Wen Jiabao, para apaciguar los ánimos de los cibernautas. En otra extraña confesión para los gerifaltes del Partido Comunista, hasta se disculpó por los 11 días que tardó en visitar el lugar del accidente, argumentando que había estado enfermo.

Cuando falta un año para que el presidente Hu Jintao y el primer ministro sean relevados tras una década en el poder, el régimen chino se enfrenta a un proceso de sucesión donde las distintas familias del Partido Comunista están ya moviendo sus piezas y a una sociedad cada vez más formada. Sobre todo los 500 millones de chinos de la emergente clase media urbana, que ya están tratando de alzar su voz.