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Estados Unidos se prepara para la mayor revocación masiva de visas de su historia, que afectará hasta 200.000 extranjeros
Impactará en los permisos de negocios y turismo; no implicarían necesariamente su deportación inmediata
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LA NACION
WASHINGTON.— El gobierno de Trump se prepara para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200.000 extranjeros que han solicitado o están solicitando asilo en Estados Unidos. De concretarse, esta medida constituiría la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos y probablemente enfrentaría impugnaciones legales.
Salvo impugnación o modificación, se espera que el Departamento de Estado anuncie en las próximas semanas la revocación de las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo o estén solicitándolo, según documentos del Departamento de Estado obtenidos por la agencia AP y dos funcionarios estadounidenses. Esta medida se tomará en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
Se negó a comentar sobre la cantidad de visas que podrían ser revocadas con el argumento de que “como el proceso estará en curso, la cantidad de revocaciones sigue siendo dinámica y se realizará de forma continua”.
Según los funcionarios, las revocaciones no implicarían necesariamente su deportación inmediata. La mayoría de las personas con casos de asilo pendientes serían reclasificadas, pero perderían su estatus de viajeros de negocios o turismo, explicaron los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a que las revocaciones aún no son definitivas.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo para su segundo mandato el año pasado, su administración ha aumentado progresivamente las restricciones a los solicitantes de visa, exigiendo más información sobre su historial en las redes sociales, requiriendo el pago de fianzas costosas para la tramitación de las visas y prohibiendo directamente la emisión de visas a ciudadanos de ciertos países.
La ofensiva de la administración Trump sobre el sistema de visados también alcanza a los permisos de trabajo. Este lunes, el gobierno volvió a proponer una tasa de 103.265 dólares para los empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, un programa muy utilizado por empresas estadounidenses para incorporar profesionales especializados, entre ellos científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó el nuevo cargo como un “mecanismo de ingresos” destinado a recuperar los costos de administración del sistema de inmigración legal.
La iniciativa retoma una medida que Trump ya había intentado aplicar en septiembre de 2025, cuando dispuso una tasa de 100.000 dólares con el argumento de combatir lo que su gobierno calificó como un “abuso sistémico” del programa H-1B. Sin embargo, en junio un juez federal bloqueó esa orden tras una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas, que sostuvieron que el cobro constituía un impuesto ilegal que eludía la autoridad del Congreso.
Mientras esa decisión continúa bajo revisión en una instancia de apelación, la Casa Blanca busca ahora imponer la tasa por otra vía regulatoria. Estados Unidos concede actualmente unos 85.000 visados H-1B por año.
En una publicación en redes sociales el lunes, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, criticó a las personas que, según él, intentan usar visas de turista y de negocios para ingresar en Estados Unidos y luego solicitar asilo.
“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas”, escribió Landau en X. “El asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración”.
Landau citó el caso de un ciudadano colombiano que llegó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y luego solicitó asilo.
Las visas B1 se suelen expedir para viajes de negocios, mientras que las visas B2 se suelen expedir para turismo, visitas familiares o atención médica. No quedó claro de inmediato, ni en los documentos ni en las declaraciones de los funcionarios, cuántos de estos titulares de visa están solicitando o han solicitado asilo en Estados Unidos y se verían afectados por las revocaciones.
A los solicitantes actuales de visas B1 y B2 se les pide que confirmen que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que demuestren que tienen la intención de regresar a sus países de origen.
En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado alrededor de 175.000 visados a personas que han sido condenadas o acusadas de delitos que van desde conducir ebrias hasta violación y robo, así como a personas que se han manifestado públicamente en contra de las políticas estadounidenses, en particular en Medio Oriente.
La administración también ha tomado medidas enérgicas contra el llamado turismo de maternidad, una práctica que, según afirma, utilizan mujeres extranjeras embarazadas para venir a Estados Unidos a dar a luz y que su hijo se beneficie de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Trump ha intentado en varias ocasiones poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero esos recursos han sido rechazados por los tribunales, incluida la Corte Suprema.
Los documentos del Departamento de Estado obtenidos por AP sugieren que la revisión de los titulares actuales de visas B1 y B2 comenzó después de que el Departamento de Estado recibiera información sobre las solicitudes de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Agencias AP y Reuters
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