Evo Morales lanzó ayer su "reforma agraria"

SANTA CRUZ, Bolivia.- El presidente boliviano, Evo Morales, eligió ayer la ciudad de Santa Cruz, base de poderosos grupos empresariales opositores, para iniciar un plan de distribución masiva de tierras a campesinos pobres y comunidades indígenas, eje de una polémica "revolución agraria".

Morales entregó ayer 60 títulos de propiedad de casi 2,5 millones de hectáreas de tierras fiscales a campesinos e indígenas, 34 días después de haber nacionalizado los hidrocarburos.

La elección de la próspera Santa Cruz para dar inicio a su plan fue un abierto desafío de Morales a las poderosas organizaciones de productores agropecuarios de ese departamento, que se oponen a su programa. Los productores rompieron anteayer el diálogo con el jefe del Estado, luego del fracaso de un intento de concertación.

"Los enemigos históricos de los pobres deben aceptar esta revolución agraria [...] tienen que llegar la igualdad y la justicia a nuestros pueblos con la distribución de las tierras fiscales y la reversión de los latifundios improductivos", dijo Morales.

La también llamada "nacionalización de la tierra" pretende distribuir en cinco años entre campesinos e indígenas pobres un total de 20 millones de hectáreas, o casi un quinto del territorio boliviano, según el gobierno. Morales dijo que sólo distribuirá tierras fiscales disponibles y latifundios para ser revertidos al Estado por ilegales o no utilizados.

Los títulos agrarios colectivos, llamados tierras comunitarias de origen (TCO), beneficiarán a miles de familias de comunidades indígenas del oriente en Santa Cruz, al este de la Paz y en los departamentos amazónicos de Beni y Pando, y a campesinos de los departamentos de Oruro, Potosí y Chuquisaca.

La Confederación de Agropecuarios (Confeagro), que reúne a los empresarios del sector, amenazó con organizar "comités de defensa" de las propiedades agrícolas ante eventuales ocupaciones des sus tierras.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que la "revolución agraria" pretende asegurar que los campesinos e indígenas sean dueños de varios millones de hectáreas en pocos meses "con absoluta legalidad, con absoluto respeto a la institucionalidad y con el derecho de las demás personas".

El presidente boliviano, por su parte, salió ayer al cruce de los empresarios, a quienes calificó de "vendepatrias", después de que éstos le realizaran durísimas críticas por conducir a Bolivia "en la dirección equivocada" y "hacia una indigna dependencia extranjera", por su relación con Cuba y Venezuela.