Frustración: Nicaragua, la otra crisis que desnuda la impotencia regional

WASHINGTON.- Unas 300 personas murieron en las calles de Nicaragua por una represión brutal. El mundo condenó las atrocidades y exigió paz. Pero el presidente Daniel Ortega se aferró al poder, celebró un nuevo aniversario de la revolución sandinista, denunció una conspiración orquestada desde Washington y acusó a los manifestantes de ser una "fuerza diabólica", una "secta satánica".

La violencia desplegada por el régimen de Ortega en Nicaragua volvió a mostrar la impotencia regional para frenar una crisis. La represión fue condenada por 21 países en la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos, todos los miembros del Grupo de Lima y Estados Unidos. La Unión Europea (UE), las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos se sumaron al repudio. Pero esa presión internacional -al igual que pasó en la crisis en Venezuela- fue hasta ahora incapaz de erradicar la violencia. La región parece atada de manos, impotente para generar un cambio político pacífico.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, desconoció la condena de la OEA, que tildó de ilegal, sesgada e injusta. Lejos de ofrecer una tregua, Moncada escudó al gobierno detrás de una denuncia: una conspiración de Washington para derrocar a Ortega. "Estamos ante una situación de un golpe de Estado", afirmó.

La condena que sufrió el régimen de Ortega en la OEA llegó mucho más rápido y fue más contundente y amplia que la del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Pero, por ahora, poco sugiere que esa presión pueda causar mella, más allá de abrir la puerta para escalar la ofensiva externa, como, por ejemplo, aplicar sanciones que ahoguen al gobierno.

"Existe una percepción generalizada de que la presión internacional puede por sí misma poner fin a crisis como las de Venezuela y Nicaragua. Si bien es positivo y deseable que los organismos internacionales y los países adopten una posición asertiva ante estas atrocidades, en última instancia es poco lo que pueden hacer para sacar a sátrapas que han decidido enquistarse en el poder", indicó a LA NACION Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, un centro de estudios libertario de Washington. "Estamos ante una situación en que estos regímenes están dispuestos a incurrir en baños de sangre antes de contemplar dejar el poder", agregó.

Hidalgo insistió en que la comunidad "puede y debe" sancionar a estos regímenes, pero también apuntó que las sanciones por sí solas "tienen un magro récord de lograr su objetivo final", un cambio político con un nuevo gobierno elegido democráticamente. Con todo, el analista dijo que la condena sí hace una diferencia para la gente que sufre la violencia en primera persona.

"Hay pocas cosas más desmoralizadoras para la gente en las calles arriesgando sus vidas que la indiferencia de la comunidad internacional, sentirse solos", apuntó.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), coincidió con este punto.

"Lo peor es el silencio frente a graves violaciones de los derechos humanos. Es difícil contemplar una peor alternativa", señaló.

Lentitud

Vivanco reconoció que suele sentirse "frustrado" ante la "lentitud" que a veces muestra la comunidad internacional para condenar abusos y atrocidades, y actuar para poner punto final a la violencia. Pero, al respecto, destacó que la velocidad de la reacción regional con la crisis en Nicaragua no tuvo punto de comparación con la de Venezuela. La paciencia se agotó mucho más rápido.

Uno de los problemas que Vivanco puso sobre la mesa es que los mecanismos disponibles para la comunidad internacional son débiles porque surgieron de negociaciones entre Estados que se mostraron dispuestos a ceder algo de soberanía a favor de un compromiso colectivo para defender valores comunes ante situaciones extraordinarias.

"Esto no les quita relevancia a los mecanismos", indicó. "Hay que entender que son débiles, graduales, pero también hay que entender que, ante estas crisis, estos mecanismos generan reacciones en cadena. Se concatenan con otras reacciones donde se produce un efecto multiplicador", apuntó Vivanco.

Una condena en la OEA, sobre todo si se trata de un rechazo "enérgico" -un adjetivo que puede demandar meses de negociación entre diplomáticos-, puede abrir la puerta a que otros bloques, otros organismos y otros países se sumen. Y serviría para justificar sanciones y aislar al régimen. Pero la presión internacional por sí sola es insuficiente.

Vivanco dijo que, en aras de desatar un cambio político, debe estar acompañada de una fuerte movilización interna. Recordó, por caso, los problemas de la oposición en Venezuela.

"Yo no conozco un ejemplo, es posible que exista, pero no lo tengo presente, donde se haya producido un cambio fundamental, una transición pacífica, de un régimen dictatorial opresivo a una situación de pluralismo democrático si no hay una fuerte movilización interna de la población", indicó. "En última instancia -agregó el director para las Américas de HRW-, paralizar al país y hacerle sentir al dictador que está solo, aislado, interna e internacionalmente".

Similitudes de dos conflictos de alto impacto

A medida que aumentaron la violencia y la represión contra las protestas en Nicaragua surgieron las comparaciones con la situación de Venezuela

1. Control Político

En ambos casos las protestas estallaron en un mes de abril, y si bien presentan una historia con características distintas, los manifestantes demandan la salida del poder de los presidentes (Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua), por renuncia o adelanto de elecciones. Los dos gobiernos siguieron la misma estrategia. "Sacaron del juego a los líderes y partidos de oposición, pero no en competencia electoral, sino con sentencias del Poder Judicial y Electoral, espurias e ilegales. Lo hizo Ortega en los comicios de 2016 y Maduro lo copió en los de 2018", explicó a la agencia AFP el politólogo venezolano Luis Salamanca.

2. Represión en Protestas

Nicaragua tiene las llamadas "turbas sandinistas" y grupos civiles fuertemente armados, mientras que en Venezuela están los conocidos popularmente como "colectivos". En los dos casos "usaron paramilitares cercanos al gobierno para enfrentar a manifestantes", señaló el internacionalista venezolano Mariano de Alba. "Supuestamente actúan por su propia cuenta, pero a pesar de su carácter civil forman parte de los aparatos de seguridad del gobierno", comentó el analista Diego Moya-Ocampos.

Sin embargo, en Venezuela hubo en cuatro meses unos 125 muertos, y en Nicaragua ya se acercan a 300 las víctimas en tres meses.

3. Retórica del conflicto

En los dos países, los opositores señalan a Maduro y a Ortega de haber instaurado una dictadura, marcada por la corrupción y el control de los poderes del Estado, sobre todo el Judicial y el Electoral. El gobierno nicaragüense acusa a los manifestantes de "terroristas" y de "golpistas de derecha" financiados por Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela, señaló De Alba. En tanto, el líder chavista denunció una campaña para visibilizar a ambos países "en situación de caos" y al borde de "la guerra civil". Al respecto, el presidente venezolano lo calificó como "el guion perfecto, que hoy se lo están aplicando a Nicaragua".

4. Negociación como oxígeno

El sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas estima que, como hizo Maduro, el régimen de Ortega busca oxígeno en la negociación, mientras apuesta al "desgaste y la división del movimiento opositor", en una "venezolanización del conflicto". De Alba sostiene que ambos han usado el "diálogo para ganar tiempo y bajar la presión interna". Y agrega: "La solución depende en gran medida del quiebre de la coalición oficial y del apoyo militar". En esas conversaciones participó la Iglesia Católica, que en el caso de la crisis en Nicaragua adquirió el rol de mediador del conflicto, sobre todo a medida que fue escalando la ola de violencia.

5. Presión externa

En materia de política exterior, ambos gobiernos también han vivido un creciente aislamiento internacional, sobre todo con Estados Unidos a la cabeza, que aplicó sanciones. De todas formas, De Alba señaló que "la situación en Nicaragua no ha tenido tanta atención como la de Venezuela". Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) discute sobre la crisis en el país centroamericano y le dedicó varias sesiones. Puntualmente, sobre la posibilidad de adelantar las elecciones o intentar restablecer una mesa de diálogo nacional entre el gobierno de Ortega y los dirigentes de la oposición.

Por Rafael Mathus Ruiz

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