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Gran Bretaña impulsa una reforma constitucional
El objetivo es crear un Tribunal Supremo; anoche la Cámara de los Lores decidió bloquear el cambio en la Carta Magna
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LONDRES.- El Gobierno británico sacará adelante su proyecto de ley de reforma constitucional en el Reino Unido pese a la oposición mayoritaria de la Cámara de los Lores, según dijo hoy un portavoz oficial del primer ministro, Tony Blair.
"Queremos progresar en este asunto", subrayó el portavoz, que no concretó la estrategia que seguirá el Ejecutivo.
La Cámara de los Lores británica decidió anoche por una mayoría de 33 votos bloquear la reforma constitucional prevista por el Gobierno, que prevé la creación de un Tribunal Supremo, en lugar del actual comité de Jueces-Lores, y la supresión de la milenaria figura del lord canciller.
Tras una sesión maratoniana, 216 lores frente a 183 apoyaron la enmienda presentada por el veterano juez Lord Lloyd of Berwick, que propone que el proyecto legislativo sea examinado por una comisión especial antes de pasar a la Cámara de los Comunes para ser votado.
El Gobierno quería evitar a toda costa este inusual retraso que, en la práctica, podría significar que la ley no se vote en este período de sesiones o incluso que, enredada en la burocracia parlamentaria, no llegue a votarse.
Pero el portavoz de Blair sugirió esta mañana que el Gobierno no dejará que nada de esto ocurra.
"Vamos a tomarnos un período de reflexión -señaló la fuente-. Tenemos una idea clara de cómo vamos a proceder, pero no quiero hacer un anuncio precipitado ahora".
El Ejecutivo laborista tiene varias opciones. Podría aceptar la decisión de los Lores de trasladar el proyecto de ley a una comisión especial, pero con una fecha límite para la presentación de conclusiones, de modo que los Comunes pudieran votar el texto antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2005.
También podría echar mano de una ley parlamentaria extraordinaria que le permite retirar la ley de la Cámara de los Lores y volverla a introducir directamente, tras saltarse el protocolo, a la Cámara de los Comunes, donde los laboristas tienen mayoría y podría ser aprobada en poco tiempo.
Una institución tradicional
La Cámara de los Lores es una institución tradicional no elegida democráticamente. Sus escaños son heredados o asignados, y su única función es revisar y proponer enmiendas a las leyes.
La Cámara de los Comunes, en cambio, está formada por diputados elegidos en comicios representativos.
Principalmente, la reforma del Gobierno prevé la creación de un Tribunal Supremo en lugar del actual tribunal de Jueces-Lores, que es la máxima autoridad judicial en Inglaterra y Gales y se integra en la cámara alta del Parlamento.
La oposición a la reforma está liderada por los lores del Partido Conservador, con mayoría, y lord Woolf, el más alto juez del reino, que consideran que el Ejecutivo de Tony Blair quiere cambiar de un plumazo miles de años de historia y tradición.
Algunos políticos laboristas, entre ellos la líder de los Lores, la Baronesa Amos, creen que la estrategia de retrasar la evolución del proyecto es "un acto de oportunismo" por parte de los "Tories".
Aunque el Ejecutivo mantiene que su intención es separar de una vez por todas los poderes judicial y legislativo en el Reino Unido, muchos lores opinan que el efecto sería el contrario.
Esta idea se fundamenta en el hecho de que, con el nuevo sistema, sería una comisión independiente la que designaría a los jueces del alto tribunal, y los lores y los magistrados temen la intervención soterrada del Gobierno.
Además, la reforma constitucional aboliría la figura del lord canciller, un cargo político que se ocupa del estamento judicial y que tiene 1400 años de historia.
Los Lores y el poder judicial están molestos porque el Gobierno no les ha consultado en una reforma que les afecta directamente.
Con la enmienda votada -dicen- esperan ganar tiempo para analizar el proyecto y quizás alcanzar un consenso.
Según afirmó Lord Lloyd, "los grandes cambios en la Constitución (que en el Reino Unido no está escrita), especialmente si afectan a la administración de justicia, deben hacerse por consenso, y no por dictado gubernamental".
Fuente: EFE
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