Grupos armados siembran temor en la Sierra Nevada de Santa Marta y golpean al turismo en el Tayrona
La disputa entre estructuras paramilitares y narcotraficantes afecta a comunidades indígenas y comerciantes que viven bajo amenaza
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LA NACION
BOGOTÁ.– A primera vista, la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece la imagen de un paraíso: playas de aguas cristalinas sobre el Caribe, selvas tropicales y montañas coronadas con picos nevados. Sin embargo, detrás de esa postal turística, una creciente violencia ligada a grupos armados ilegales mantiene bajo presión a comunidades indígenas, comerciantes y autoridades ambientales en una de las regiones más emblemáticas de Colombia.
En el corazón de esa tensión se encuentra el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más visitados del país, que recibe cada año a cientos de miles de turistas. Allí, mientras los visitantes descansan frente al mar o hacen trekking en los senderos, operan estructuras armadas que imponen su control territorial mediante extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad.
“Tenemos miedo y angustia”, resume Atanasio Moscote, gobernador del pueblo kogui, desde lo alto de la Sierra, territorio que estas comunidades consideran “el corazón del mundo”. Su testimonio refleja el clima de incertidumbre que atraviesan los pueblos originarios.
Las denuncias apuntan a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo de origen paramilitar que se financia, en gran parte, a través del control de rutas del narcotráfico. Su presencia se traduce en una “gobernanza armada” que regula desde el acceso a determinadas zonas hasta actividades económicas cotidianas.
La situación llevó al gobierno del presidente Gustavo Petro a tomar una medida inédita. El cierre temporal del Parque Tayrona durante más de dos semanas entre febrero y marzo, fue justificado por las autoridades como una respuesta a las amenazas contra guardaparques, los bloqueos en los accesos y la proliferación de cobros ilegales a visitantes y prestadores de servicios. Según informes oficiales, ese contexto “impide asegurar condiciones mínimas de seguridad” dentro del área protegida.
El deterioro de la seguridad se produce en un momento clave para el turismo. Con unas 15.000 hectáreas y cerca de 600.000 visitantes anuales, el Tayrona es uno de los principales motores económicos de la región, especialmente en temporadas altas como diciembre, enero y Semana Santa. Sin embargo, operadores del sector advierten que la violencia comienza a impactar en la llegada de viajeros. “Afecta el número de visitantes. ¿Quién va a hacer turismo a Ucrania o a Irán?”, plantea Ómar García, dirigente hotelero en Santa Marta.
Detrás del recrudecimiento del conflicto hay una disputa territorial entre grupos armados. Según la analista Ángela Olaya, de la Fundación Conflict Responses, desde 2020 el Clan del Golfo —la mayor organización narcotraficante del país— intenta arrebatar el control de la zona a las ACSN. Esta confrontación se intensificó a partir de 2023 y derivó en episodios de extrema violencia, como la masacre de cinco civiles en enero en el municipio de Maicao, en la vecina región de La Guajira.
“El escenario actual refleja un punto cúspide de una confrontación que lleva años”, explica Olaya. Tradicionalmente, cuando un solo grupo mantenía el control hegemónico del territorio, la violencia tendía a disminuir. Sin embargo, el reciente reacomodo de fuerzas ha generado nuevos choques, especialmente por el control logístico y económico del parque: quién ingresa, qué mercancías circulan y bajo qué condiciones.
La Defensoría del Pueblo alertó que esta disputa afecta “particularmente a pueblos indígenas, población afrodescendiente, campesina y pescadores”, además de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Los guardaparques se han convertido en blanco de intimidaciones por su labor de protección ambiental, que choca con intereses ilegales como la tala o el uso de rutas para el narcotráfico. “Nuestra presencia en cada rincón es vital para conservar los recursos”, señala Yeiner Hernández, funcionario del parque, quien reconoce haber recibido advertencias por parte de actores armados. Investigadores sostienen que estos grupos también obtienen ingresos del turismo, al controlar playas estratégicas y cobrar extorsiones disfrazadas de tarifas.
La Sierra Nevada, con una extensión de más de 2,3 millones de hectáreas, ha sido históricamente escenario de disputas armadas, incluyendo la presencia de la extinta guerrilla de las FARC. En la actualidad, además de las ACSN y el Clan del Golfo, persisten economías ilegales como la minería de oro, que contamina fuentes de agua con mercurio.
Para las comunidades indígenas, el impacto es especialmente grave. “Estos grupos se han subido a la parte más alta”, denuncia Luis Salcedo, gobernador arhuaco. “Afectan a una población que vive de sus cultivos y su conocimiento, que en muchos casos ni siquiera habla español”, agrega.
El gobierno de Petro intentó incluir a las ACSN dentro de su política de “paz total”, orientada a negociar el desarme de organizaciones armadas. Sin embargo, las conversaciones no avanzaron y la presión estatal aumentó tras la reclasificación del grupo como “Grupo Armado Organizado”, lo que habilita una intervención más directa de las Fuerzas Armadas.
Según la investigadora Norma Vera, las ACSN actúan como una autoridad de facto en la región, con capacidad para regular la vida cotidiana. “Controlan incluso el plato de comida que se vende a los turistas”, afirma. Este tipo de extorsión, señala el Ministerio de Defensa, ha crecido de forma sostenida: desde 2022 se registraron más de 46.000 denuncias en todo el país.
Agencia AFP y diario El País
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