Gustavo Cabezas murió en tierra de nadie

JAMUNDI, Colombia, 2.- Ninguno de los estrechos senderos del pintoresco Valle de Cauca que atraen a este pueblo perdido, donde mataron a Gustavo Abel Cabezas, es un paseo para turistas. A nadie, con excepción de algún periodista insensato, se le ocurre transitar por ellos en estos días. Se trata del célebre "territorio comanche" que el autor español Antonio Pérez Reverte describió en su libro sobre la guerra en Bosnia: un lugar inestable, donde los fusiles apuntan y no son vistos. Uno de los tantos teatros de operaciones donde los militares, los narcotraficantes, los guerrilleros y los parapoliciales libran una guerra de exterminio, disparándose entre sí y contra quien se atreva a meter las narices.

Tierra de nadie, el sur de Cali. No es la única sin Estado, con la insurgencia en ofensiva y la población bajo fuego cruzado. ¿Qué hacía Cabezas es este lugar absurdo el 1º de agosto último cuando -según las fuentes castrenses- el grupo de guerrilleros que integraba cayó en una emboscada? La autopsia hecha en Jamundí -y cuyos resultados sólo se conocen por trascendidos- reveló que su cuerpo recibió diecisiete heridas:una de bala y el resto de esquirlas de granada. Las proximidades del pueblo son hoy muy apropiadas para morir de esa forma.

"A usted no lo conoce nadie por aquí, de modo que es sospechoso para todos, ya sabe. Lo mejor que puede hacer es irse mientras tenga tiempo", indica a este enviado Jaime Abelardaez, un poblador. No cambia el tono desganado y casual para dar este consejo, y tampoco mira a los ojos. Ni siquiera tiene curiosidad por saber quién lo interroga, pero sus palabras demuestran que, para un extraño, ése es el lugar menos indicado en el momento menos apropiado. Porque cualquiera de los actores del drama colombiano puede agregar, en cualquier momento, un capítulo más a esta guerra sin trincheras definidas.

El derecho de la fuerza

La muerte de Gustavo Abel Cabezas debe inscribirse en el contexto de las horas trágicas que vive el país y sólo será comprendida, haya o no integrado una célula guerrillera, en un escenario confuso y sangriento, donde la vida no vale un centavo. La violencia insurgente y las acciones represivas de las fuerzas parapoliciales transformaron el país en los últimos seis meses y lo convirtieron en un campo de combate sin reglas, donde el único derecho que parece existir es el de la fuerza.

El presidente Ernesto Samper está empeñado en lograr un diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización narcoguerrillera más vasta del continente. El ejército, a su vez, reclama la incorporación de 30.000 hombres a su dotación total de 270.000, así como el suministro de armamento moderno, para combatir a los grupos en armas. Mientras tanto, los distintos frentes de la insurgencia han llegado a controlar puntos estratégicos de los Valles que discurren entre las cadenas montañosas, los departamentos Santander Norte y Sur, los llanos orientales y el Urabá antioqueño.

En forma simultánea, las bandas parapoliciales -eufemísticamente llamadas "grupos de defensa civil"- comenzaron a desarrollar la estrategia de avanzar hacia las zonas de tradicional influencia guerrillera. Para ello resolvieron prestarse a colaboración técnica y humana, enviando fuertes contingentes a los departamentos de Casare, Guaviare y Meta, sólo por citar los ejemplos más recientes.

Los parapoliciales son mercenarios contratados por empresarios y terratenientes para proteger sus bienes del hostigamiento guerrillero ante la ineficiencia del Estado. Los grupos más poderosos integran las autodefensas de Córdoba y Urabá, que responden a una junta militar y que acaban de constituirse en las Autodefensas Unidas de Colombia, conformando un verdadero ejército. El gobierno considera a los parapoliciales delincuentes comunes, pero reconoció su carácter de actores armados en el conflicto y recientemente indicó que serán tenidos en cuenta en la solución de la guerra.

Las Autodefensas Unidas de Colombia acaban de hacer saber a Samper que no están dispuestas a desmovilizarse -como pretende el mandatario- y que continuarán la lucha contra la subversión. A su vez, las fuerzas armadas, que hasta el momento vieron con buenos ojos a los parapoliciales, están comenzando a alarmarse y a combatirlos, temerosas de perder el monopolio de la fuerza, que a estas alturas es meramente teórico. Estos son los términos de la guerra que actualmente se libra en casi toda la geografía del país.

Bogotá amenazada

La gran capital colombiana sufre los remezones cada vez más fuertes de esa violencia y parece aprestarse a vivir en sus calles las consecuencias dramáticas de la misma. Una disposición de pronta entrada en vigor obligará a todos los legisladores a utilizar chalecos antibala dentro y fuera del Congreso, luego del reciente asesinato del senador liberal Jorge Cristo Sahium. No se trata de una medida exclusivamente destinada a la seguridad, sino de una exigencia para no perder el seguro de vida y la pensión vitalicia.

Es que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo subversivo de Colombia, anunciaron su decisión de impedir las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales que se celebrarán el mes próximo, así como las de legisladores, previstas para mayo. Más de cien municipios se quedaron ya sin aspirantes a alcaldes y concejales debido a los asesinatos y las intimidaciones de la guerrilla. En el departamento de César, por ejemplo, 24 localidades no cuentan hoy con candidatos debido a que no existen garantías para seguir en la contienda electoral.

Asesinatos en serie

Uno de los casos más graves es el de la localidad de Jagua de Ibirico, donde en los últimos tres meses fueron asesinados 15 postulantes a concejales que se habían manifestado dispuestos a no renunciar a sus nominaciones, y está secuestrado el candidato a intendente, Tilson Aguilar. Los candidatos a las intendencias de Supia, Riosucio, Anserma, Viterbo y Marmato, en el departamento de Caldas, también presentaron su renuncia, después de que la guerrilla les diera ayer un plazo de 24 horas para hacerlo o, de lo contrario, serían declarados "objetivos militares".

También ayer fueron secuestrados los intendentes de Cocorná, San Luis, San Francisco y Granada, en Antioquia, y son 12 los miembros del Concejo Deliberante de Yondó que están en poder de los subversivos. En el momento de escribir estas líneas llega a Jamundí la noticia de que fue asesinado el aspirante a la intendencia de Ovejas, en Sucre, un ingeniero de 28 años que había hecho pública su decisión de no dejarse intimidar por la insurgencia.

Samper exhortó a todos los candidatos a no declinar sus postulaciones y mantener el proceso electoral, pero horas después, como respuesta, las FARC lanzaron una ofensiva en las localidades de Todos los Santos, Puerto Colón y San Miguel, cerca de la frontera con Ecuador, y dejaron gran número de civiles y militares muertos. Esta es la Colombia de hoy, donde murió el argentino Gustavo Abel Cabezas como presunto miembro del ELN, organización que desmintió tenerlo en sus filas.

¿Qué hacía en uno de los centros de la peor violencia que vive el país y donde este enviado culmina su despacho con fondo de disparos?

Por Por Enrique Comellas <br/> (Enviado especial)

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