Histórica creación en la ONU de la Corte Penal Internacional

NUEVA YORK.– La justicia internacional dio ayer un gigantesco paso. Al recibir diez nuevas ratificaciones en la sede de las Naciones Unidas, entró en vigor el estatuto para la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal mundial permanente para juzgar extraterritorialmente a individuos –incluso jefes de Estado– por crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

“Le hemos dado un golpe decisivo a la impunidad”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, vía satélite desde Roma, la ciudad donde el 17 de julio de 1998 se firmó este documento clave.

“La humanidad se podrá ahora defender respondiendo a lo peor de la naturaleza humana con uno de los logros humanos más grandes: el imperio de la ley”, apuntó Annan, que se refirió a la CPI como “el eslabón faltante” del sistema de justicia internacional.

Como el estatuto no tiene carácter retroactivo, la CPI sólo podrá juzgar aquellos crímenes cometidos luego del 1° de julio, fecha en que comenzará a funcionar en La Haya. A partir de entonces, jefes de Estado y de gobierno acusados de violaciones a los derechos humanos –como Saddam Hussein y Fidel Castro, o hasta Ariel Sharon y Yasser Arafat– deberán tener más cuidado en sus decisiones.

La diferencia con la Corte Internacional de Justicia (con sede también el La Haya) radica en que ésta juzga disputas entre Estados, no entre individuos.

Hasta ayer, el estatuto había sido firmado por 139 Estados, pero sólo ratificado por 56, cuatro menos de los necesarios para su entrada en vigor.

Sin EE.UU. ni Rusia

En una ceremonia formal en la sede de las Naciones Unidas, representantes de Bosnia, Bulgaria, Camboya, Congo, Eslovaquia, Irlanda, Jordania, Mongolia, Níger y Rumania depositaron las ratificaciones que permitirán la entrada en funcionamiento de la CPI, aunque todavía hay países importantes, como Estados Unidos, China y Rusia (tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad), que no lo han ratificado o siquiera firmado.

La oposición de Estados Unidos ha sido notable. El presidente Bill Clinton firmó el estatuto el último día de su gobierno (31 de diciembre de 2000), pero la actual administración se niega a ratificarlo por temor a que ciudadanos norteamericanos puedan ser juzgados en otros países sin la autorización del gobierno norteamericano.

La semana pasada, el gobierno de George W. Bush incluso debatió en voz alta la posibilidad de “borrar la firma” del estatuto, una medida sin precedente en el derecho internacional.

Estados Unidos es el país que más soldados tiene fuera de su territorio y teme que su participación en conflictos armados sea sometida al escrutinio judicial internacional.

La importancia de la CPI reside en su carácter permanente (contará con 18 jueces internacionales y un fiscal) y en que, en su calidad de entidad independiente de las Naciones Unidas, podrá actuar en relación con crímenes dentro de su jurisdicción, sin un mandato especial del Consejo de Seguridad. Eso sí, la corte únicamente podrá ejercer su jurisdicción cuando una corte nacional no pueda o no quiera intervenir por sí sola.

Por Por Alberto Armendáriz <br/> Para LA NACION

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