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Intervencionismo, el reclamo que complica a Boric antes del plebiscito constitucional
El gobierno chileno acumula críticas y acusaciones de la oposición por su despliegue a favor del Apruebo con miras al referéndum del próximo 4 de septiembre; los escenarios que se proyectan
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SANTIAGO, Chile.- Es un concepto que siempre emerge en elección tras elección, pero hoy en Chile es la palabra de moda y tiene al gobierno de Gabriel Boric en medio de un debate que ya condicionó su agenda y lo empujó a una incómoda posición.
Cuando faltan menos de 20 días para el plebiscito que definirá si el país opta una nueva Constitución y reemplaza a la forjada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el fantasma del intervencionismo se instaló en la opinión pública chilena. De la mano de una serie de acusaciones del bloque opositor contra la gestión del gobierno en la campaña informativa del proceso, el principal reproche se volcó hacia los presuntos intentos por influir en el voto en favor del Apruebo.
“Estamos trabajando con mucha tranquilidad frente a la ciudadanía. Nuestro rol es informar, entregar el texto íntegro, que las personas puedan participar y en eso reiterar que para nosotros no hay ningún delito, no hay ninguna intervención, sino más bien un rol activo del gobierno, siendo que somos la única entidad que hoy día está contribuyendo a esta materia”, respondió la ministra del Interior, Izkia Siches, en relación a las denuncias que recibió La Moneda en estas últimas semanas.
Los reclamos, que se han extendido hacia algunos municipios y distintas reparticiones públicas, se centralizaron en el manejo del comité político que rodea a Boric y en el despliegue que ha hecho el propio gobierno a la hora de difundir el texto de la propuesta constitucional.
De hecho, esta semana el séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de más de 700 mil ejemplares de la que podría transformarse en la nueva ley fundamental.
A esta ofensiva, se sumó un informe que previamente emanó de la Contraloría General de la República y en el que se advirtió que el ministro general de la Presidencia, Giorgio Jackson, “no se ajustó a la prescindencia” al anunciar que encauzará un acuerdo de reformas constitucionales entre partidos oficialistas en el caso de que gane el Apruebo.
Tarjeta amarilla
“La Contraloría evacuó un informe en que se le muestra tarjeta amarilla al ministro Jackson. Ese dictamen es una observación crítica hacia el incumplimiento del principio de prescindencia que debe tener el gobierno frente al plebiscito”, dijo Mauricio Morales, analista político y académico de la Universidad de Talca.
“Ahora el intervencionismo es algo más grave, pues implica el uso de recursos públicos para efectos políticos. Habiendo hecho esa distinción, hay que subrayar que el gobierno se juega la vida en este plebiscito desde una perspectiva política e ideológica. Una derrota implicaría echar por tierra todo el proceso constitucional que la hoy coalición de gobierno impulsó de manera tan decidida”, añadió el experto.
Las reproches también salpicaron al propio presidente Gabriel Boric, quien recibió críticas después de declarar que si se validaba la nueva Constitución ya no se iba “a depender del veto histórico de la derecha”. “El presidente insiste en ser el generalísimo del Apruebo”, acusó Claudio Salinas, de la Casa Ciudadana por el Rechazo.
Para Juan Pablo Araya, analista político y profesor de la Universidad Estatal de O’Higgins, La Moneda “ha estado al filo del intervencionismo político”.
“El gobierno ha entendido que en estas elecciones se juega gran parte de estos cuatro años de mandato. Si gana el Rechazo, que hasta el momento es lo más probable, la implementación del programa se va a ver cuesta arriba. Por eso desde el gobierno es tan importante este plebiscito, por el que incluso han arriesgado su capital político con las acusaciones de intervencionismo, pero tienen claro que es lo más importante para sus intereses es la aprobación de una nueva Constitución”, señaló el analista.
En tanto, Alejandro San Francisco, director Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, puntualizó que el fenómeno mezcla “la evidente necesidad de informar a la población” y el “deseo de influir en que la gente valore la opción Apruebo”.
“Las acusaciones de la oposición de que habría intervención electoral son atendibles, debido a que ha sido mucho mayor el despliegue del oficialismo en este último mes en comparación con los primeros meses de gestión, pero es lo habitual en este tipo de procesos electorales, tal como ocurrió antes de la promulgación de las Constituciones de 1925 y 1980″, señaló San Francisco.
Contraofensiva
Ante lo agitado del escenario político, los partidos de gobierno emitieron una declaración en conjunto para abordar la ofensiva de la oposición y contrarrestar la serie de denuncias.
Por su parte, Fernando García-Naddaf, académico de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, realzó la particularidad del proceso electoral chileno. “Es inédito y especial, y necesita que la gente se informe. Nada más grave que una democracia tome decisiones con un electorado que no sepa lo que vote, y ese es un mandato del gobierno cualquiera que sea el color político”, dijo.
“Si bien el gobierno está caminando por la cornisa en el caso del intervencionismo, han sido bien cuidadosos en no caer en la trampa pudiendo haberlo hecho de una manera más notoria. A veces se puede escapar alguna declaración, pero si te ciñes a los hechos está en un camino necesario mientras no te digan que tienes que votar por una opción o la otra”, añadió García-Naddaf.
Con todo, los sondeos continúan dando como favorita a la opción Rechazo, aunque la distancia entre las dos alternativas ha disminuido en las últimas semanas. Según el estudio Plaza Pública de Cadem del 14 de agosto, un 46% de los consultados rechazaría el nuevo texto constitucional, mientras que un 38% lo aprobaría. Los indecisos, en tanto, se mantienen con un 16%.
“Es bastante paradójico que a menos de un año que el presidente Gabriel Boric haya ganado las elecciones, la opción que él está apoyando no tenga la mayoría de la aprobación ciudadana. Otro efecto si llega a ganar el Rechazo es que el presidente tendrá que hacer un cambio de gabinete profundo y el gobierno tendrá que negociar con la oposición para generar una nueva propuesta constitucional”, dijo el analista Juan Pablo Araya.
“Si vence el Rechazo lo más complicado será lidiar con el mandato que el pueblo ya ordenó y que se vincula con el hecho que tiene que haber un cambio constitucional, hecho en el que también existe un consenso en la elite política chilena”, agregó el académico UDP Fernando García-Naddaf.
Otro de los aspectos que también ha generado controversia tiene que ver con los aportes económicos que han recibido cada comando, en medio de un aumento de la temperatura de la campaña. Según los últimos registros publicados por el Servicio Electoral chileno, y hasta este miércoles, la cifra de aportes legales a la campaña del Rechazo eran de cerca de 1.370.000 dólares; aproximadamente cuatro veces más que los aportes del Apruebo, que hasta hoy alcanzan más de 352.000 dólares.
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