La falta de controles en la construcción durante el chavismo y una geografía traicionera potenciaron el desastre en Venezuela

LA GUAIRA.– Cuando el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez construyó este complejo habitacional costero que lleva su nombre como parte de su revolución socialista, sus habitantes encontraron una nueva oportunidad después de que inundaciones mortales devastaran la zona más de una década antes.

Pero, después de que dos terremotos consecutivos destruyeran el miércoles parte de este complejo de 1100 viviendas, ingenieros instan al gobierno venezolano a realizar de manera urgente auditorías estructurales en otros desarrollos de vivienda pública que permanecen en pie.

“Perdí todo mi departamento”, contó Yelsa Rojas, quien desde 2015 vivía en el segundo piso del edificio conocido popularmente como Los Cocos, por su cercanía con la playa del mismo nombre.

“Creemos que todos los que estaban en el segundo piso murieron”, dijo. Explicó que solo sobrevivió porque en el momento de los sismos se encontraba en una consulta médica.

Aunque ingenieros y especialistas en construcción señalaron que todavía es demasiado pronto para determinar con precisión por qué colapsó cada edificio, sostuvieron que décadas de abandono, la falta de aplicación de los códigos de construcción y las deficientes prácticas de habilitación de obras durante los gobiernos de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, probablemente agravaron el costo humano de la tragedia.

También señalaron la inestabilidad del suelo en el estado de La Guaira, donde se encuentra Los Cocos, lo que convierte a esa zona en un lugar especialmente riesgoso para construir.

Mientras los rescatistas buscan contrarreloj sobrevivientes entre los escombros, ingenieros civiles temen que otros edificios hayan quedado comprometidos tras los terremotos y buscan colaborar con el gobierno para verificar su estabilidad estructural y garantizar que los residentes puedan habitarlos de manera segura.

Hasta ahora, el gobierno se reunió con el principal colegio profesional de ingenieros del país, pero todavía no comenzó las evaluaciones, una demora que genera frustración entre varios especialistas.

“Es criminal que el gobierno no esté aceptando más rápidamente la ayuda ofrecida por ingenieros y universidades”, afirmó Enrique Larrañaga, arquitecto y urbanista de la Universidad Simón Bolívar, quien anteriormente asesoró al gobierno en temas de desarrollo nacional.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a un pedido de comentarios.

El domingo, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión para evaluar las estructuras habitacionales dañadas, aunque no precisó cuándo comenzarán las inspecciones.

El gobierno también recibió críticas por no desplegar antes maquinaria pesada ni equipos especializados de búsqueda y rescate. Esa demora obligó a muchos vecinos a intentar encontrar a sus familiares únicamente con las manos, palas y sogas durante los días más críticos posteriores al desastre.

Para el sábado, la televisión estatal ya mostraba maquinaria pesada removiendo montañas de ladrillos y hormigón. Vecinos aseguraron que equipos internacionales de rescate colaboraron en la recuperación de cuerpos y reclamaron el envío de más personal.

Larrañaga sostuvo que numerosos complejos habitacionales construidos apresuradamente por motivos políticos terminaron demostrando ser un riesgo para la seguridad. Agregó que el colapso económico iniciado en 2013 también provocó una importante pérdida del conocimiento técnico en ingeniería dentro del país.

“Hay que permitir que las personas con experiencia tengan acceso a la información y a los recursos”, afirmó.

Como el gobierno aún no inició sus propias inspecciones, grupos de ingenieros voluntarios comenzaron a ofrecer evaluaciones gratuitas a la población, explicó Glennys González, arquitecta e ingeniera civil que coordina decenas de profesionales.

Según las primeras observaciones del grupo, en muchos casos no se respetaron los códigos de construcción. Sin embargo, aclaró que todavía son necesarios estudios técnicos para determinar por qué algunas estructuras resistieron el impacto mientras otras colapsaron por completo.

La Guaira también fue escenario de otra de las peores catástrofes naturales de Venezuela, cuando en 1999 enormes aludes destruyeron comunidades enteras sobre la costa y dejaron entre 10.000 y 30.000 muertos.

Según Richard Casanova, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, la abrupta caída desde las montañas hacia una estrecha franja costera favorece que inundaciones y deslizamientos se canalicen directamente sobre zonas pobladas.

Además, explicó que el terreno presenta suelos blandos, una característica que aumenta la vulnerabilidad frente a terremotos como los ocurridos esta semana. Recordó que un fenómeno similar provocó más de 50.000 muertos en Turquía y Siria en 2023.

Cinco días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades venezolanas confirmaron este lunes 1719 muertos, 5034 heridos y 15.866 personas sin hogar. Paralelamente, iniciativas ciudadanas para registrar desaparecidos ya reunieron casi 50.000 nombres.

Nicolás Labrópoulos, ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la arena, el césped y los sedimentos sobre los que se asienta gran parte de La Guaira hacen que las ondas sísmicas se desplacen más lentamente, pero aumenten su intensidad, amplificando las sacudidas.

Casanova añadió que el terreno, encerrado entre las montañas y el mar, puede comportarse como un fluido durante un terremoto, lo que incrementa el riesgo para las construcciones.

Muchas urbanizaciones privadas también colapsaron, probablemente por una combinación de esas debilidades del suelo, años de corrosión y falta de controles de calidad, indicó. Agregó que numerosos edificios antiguos tampoco fueron reforzados después de que el gobierno actualizara los códigos de construcción tras el terremoto de 1967.

“Se puede construir allí”, dijo Casanova. “Pero hay que cumplir estrictamente con las normas y, viendo cómo el gobierno ha manejado la construcción durante los últimos veinticinco años, tengo muchas dudas de que eso haya ocurrido en numerosos casos”.

Tras la tragedia de La Guaira de 1999, Venezuela actualizó su legislación y sus normas de construcción. Sin embargo, según Casanova, el problema no son las normas, sino que no se cumplen.

El gobierno de Chávez comenzó a construir complejos como Los Cocos antes de las elecciones de 2012 como parte de un plan para levantar millones de viviendas económicas en todo el país. Posteriormente, Nicolás Maduro continuó y amplió ese programa para facilitar el acceso a la vivienda de los sectores de menores ingresos.

No obstante, arquitectos e ingenieros sostienen que, a medida que Chávez y luego Maduro concentraron poder, las instituciones se debilitaron y también lo hicieron los controles de calidad tanto sobre las nuevas construcciones como sobre el mantenimiento de las existentes.

Según González y Casanova, numerosos desarrollos fueron construidos rápidamente por organismos estatales junto con contratistas de China, Turquía y Bielorrusia, bajo supervisión militar y con escasa información pública.

Casanova señaló además que la falta de aplicación de normas más estrictas en la obra pública transmitió al sector privado la idea de que también podía reducir estándares sin consecuencias, a diferencia de países como Chile, donde esos controles se aplican con mayor rigor y las cifras de víctimas suelen ser considerablemente menores.

Un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en Chile en 2010 dejó alrededor de 525 muertos, un resultado ampliamente atribuido al cumplimiento estricto de los códigos de construcción. En contraste, un sismo de magnitud 7,0 en Haití ese mismo año causó cientos de miles de muertes.

Diversas organizaciones y medios independientes documentaron en los últimos años denuncias sobre construcciones deficientes y esquemas de corrupción vinculados a la vivienda pública en Venezuela. Investigaciones independientes concluyeron que varios edificios fueron levantados en zonas geológicamente riesgosas y presentaban grietas, filtraciones y múltiples deficiencias estructurales.

“La historia de la vivienda pública de Chávez es una historia de corrupción y de construcciones de baja calidad, realizadas en muchos casos sin supervisión, sin inspecciones y sin cumplir los códigos correspondientes”, concluyó Casanova.

Agencia Reuters

LA NACION

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