La familia de inmigrantes que logró reencontrarse en EE.UU. después de una década y que ahora podría tener que separarse de nuevo por las políticas de Trump
El Estatus de Protección Temporal para 350.000 haitianos finalizará en febrero, como parte de los cambios radicales a las políticas de inmigración norteamericanas
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En una casa junto al agua en el pueblo de Lakeland, Florida, Marven se ríe con dos mujeres a las que ama profundamente: su hermana Rochelle y su madre biológica, Guerline.
La calidez entre ellos es evidente, mientras celebran el 16º cumpleaños Marven, a pesar de haber pasado una década separados. Ahora temen volver a separarse.
También celebra Stacey Nageli Angulo, quien adoptó a Marven en Haití cuando este tenía tres años, tras el devastador terremoto de 2010.
Ayudó a Guerline y Rochelle a venir a Estados Unidos hace tres años, reuniendo a la familia, mientras la creciente violencia de pandillas desencadenaba una nueva crisis humanitaria en la nación caribeña.
Las dos haitianas, cuyos nombres hemos cambiado para su seguridad, viven y trabajan legalmente en Estados Unidos bajo un programa llamado Estatus de Protección Temporal (TPS).
Este programa brinda protección a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y provienen de países afectados por guerras o desastres naturales. Pero el TPS finalizará para 350.000 haitianos en febrero, como parte de los cambios radicales a las políticas de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump.
Rochelle, ahora de 21 años, celebra mientras Marven sopla las velas, pero la sonrisa de Guerline se desvanece. En tan solo unos meses, las dos mujeres podrían ser deportadas.
Tras el terremoto de 2010, Guerline vivió en Puerto Príncipe, la capital de Haití, luchando por mantener a sus hijos. Dice que dar a Marven en adopción la “traumatizó”, pero que “quería una vida mejor para el”.
Stacey, quien ahora se dedica a la renovación de propiedades tras una carrera en el mundo empresarial, dice que se sintió obligada a adoptar a un niño haitiano tras el desastre y crió a Marven junto a sus dos hijos biológicos.
Más recientemente, al enterarse de la violencia que azotaba Haití, comenzó a investigar rutas legales para que Rochelle y Guerline pudieran entrar a Estados Unidos. Cuando se abrió un programa humanitario en 2023, aplicaron de inmediato.
“Tres semanas después, recibieron la aprobación, estaban en un avión y luego aquí con nosotros”, dice.
Las dos haitianas se mudaron a una caravana en la entrada de la casa de Stacey, antes de alquilar un apartamento en la zona. Guerline ahora trabaja en un hotel. Rochelle trabaja en un supermercado y una guardería, y sueña con ser enfermera.
Marven suele dormir en su apartamento y le encanta la comida haitiana que prepara Guerline. Dice que ahora su vida “se siente más plena”.
Pero a Rochelle y Guerline les aterra regresar a Haití. La violencia de pandillas ha desplazado a una décima parte de la población, según la ONU, y los secuestros y asesinatos están aumentando drásticamente. Las violaciones y los incendios provocados también.
Rochelle, quien ahora tiene 21 años, dice que su mayor temor en Puerto Príncipe era ser secuestrada. “Estaba en la escuela y he visto a chicas jóvenes como yo ser secuestradas”, dice.
“Pidien rescate por ellas y luego no las recuperan”, explica, y agrega que cree que algunas de las chicas que son secuestradas son violadas o asesinadas.
Dice que recibe videos desgarradores de amigos y familiares en Haití todos los días, que incluyen cuerpos quemados y tiroteos entre pandillas: “Hay tiroteos todo el tiempo. No puedes salir”.
Stacey votó por el presidente Trump en las últimas tres elecciones presidenciales, pero ahora está horrorizada con la idea de que Rochelle y Guerline puedan ser deportadas.
“¿Queremos fronteras abiertas? Definitivamente no. ¿Queremos que deporten a criminales? Totalmente”, dice. “Pero separar familias como la nuestra y deportar a personas a países inseguros... es impensable e inadmisible”.
El TPS para haitianos se ha extendido repetidamente desde su primera designación en 2010.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) afirma que “la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a casa con seguridad”.
Sin embargo, el gobierno estadounidense aconseja a sus ciudadanos no viajar allí debido a “secuestros, delitos, actividades terroristas y disturbios civiles”.
El servicio de inmigración de EE.UU. afirma que continuar con el programa para los haitianos no beneficia a Estados Unidos, citando las dificultades para verificar la identidad de los migrantes y obtener información de las fuerzas del orden haitianas, además de la “grave amenaza que representan las pandillas haitianas”.
Un portavoz del DHS también declaró a la BBC en septiembre que el TPS había sido objeto de abuso y explotación.
El gobierno estadounidense afirma que a quienes se les vence su TPS pueden irse voluntariamente o buscar otras opciones de inmigración. Los abogados afirman que pocos calificarán para quedarse y muchos pasarán a la clandestinidad.
En Miami, otra mujer haitiana, a quien llamamos Monique, nos cuenta que lleva más de 16 años viviendo en EE.UU. Su pequeña casa está llena de fotos de su esposo, su hijo y su hija. Ella es la única de ellos que se enfrenta a la deportación: su esposo es residente permanente, su hija es ciudadana estadounidense y su hijo tiene una solicitud de residencia permanente en trámite.
Monique, quien ahora trabaja como conductora de autobús, llegó legalmente a través de un programa humanitario antes de acceder al TPS en 2010.
“Sí, se llama Estatus de Protección Temporal”, dice. “Pero es temporal si tu hogar es seguro. Haití no es seguro”.
Se seca las lágrimas, convencida de que lo perderá todo y posiblemente morirá si regresa: “No nos envíen a Haití... solo mátennos”.
Más de un millón de personas tienen TPS en EE.UU., y decenas de miles de personas de 20 países han disfrutado de esta protección desde 1990.
Este año, EE.UU. lo ha cancelado para seis países: Afganistán, Camerún, Honduras, Nepal, Nicaragua y Venezuela. Ha habido múltiples impugnaciones legales, incluyendo una que retrasó la finalización del TPS para los haitianos.
En Florida, donde el 56% de los votantes apoyó a Donald Trump, muchos simpatizantes republicanos, como Stacey, nos dijeron que querían que se aplicara la ley de inmigración, pero que les preocupaba el coste humano de las políticas actuales.
Ella considera que el Partido Republicano está “completamente desconectado” de su base electoral en materia de inmigración.
Sin embargo, el empresario local Sam Romain, presidente de los republicanos del Condado de Polk, se muestra menos comprensivo: “Sabían que era temporal, construyeron su vida con un estatus temporal y ahora... están molestos porque está por vencer. Sabíamos cuáles eran las reglas”.
Cuando se le presiona sobre la situación en Haití, dice que no está calificado para evaluar si es lo suficientemente seguro como para regresar, pero cree que la decisión la toman funcionarios calificados y confía en su criterio.
Romain dice creer en Estados Unidos como “una nación de ley y orden” y añade que una reforma migratoria “es necesaria”.
Para Rochelle y Guerline, el futuro está lleno de incertidumbre.
“Nos dijeron que Estados Unidos es la tierra de la libertad y la seguridad”, dice Rochelle. “Ahora no sé adónde pertenecemos”.
“Quiero mucho a mi hermana”, dice Marven. “No sé qué haría si algo le pasara”.
Los tres posan juntos para una fotografía: madre, hijo e hija. Pero en unos meses, dos de ellos podrían ya no estar.
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