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La oposición presenta un nuevo pedido de juicio político contra Bolsonaro
El presidente de Brasil enfrenta una crisis política en medio de la pandemia de coronavirus, que saturó el sistema de salud
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LA NACION
BRASILIA.- En medio de la crisis política y social que vive Brasil, con una seguidilla de salidas en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y un sistema de salud saturado por la pandemia de coronavirus, la oposición anunció que presentará un documento para abrir un juicio político. No es el primer pedido de juicio político presentado contra el presidente, que todavía tiene respaldo legislativo para no ser destituido.
Firmada por los senadores Randolfe Rodrigues y Jean Paul Prates, y por los diputados Alessandro Molon y Arlindo Chinaglia, la solicitud de impeachment denunciará a Bolsonaro por delitos de responsabilidad y por “amenaza a la democracia”, en relación a los cambios de mando del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas que tuvieron lugar en las últimas horas.
“Bolsonaro nunca tuvo compromiso con la democracia, no logra gobernar porque no tiene competencia, la oposición enfrenta a este gobierno que quiere implantar el miedo y la inseguridad, esta medida es para defender la democracia”, dijo el diputado Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, izquierda).
La propuesta de juicio político está respaldada por el PSOL, el Partido de los Trabajadores, la Red de Sustentabilidad y el Partido Socialista Brasileño. Sin embargo, se deba por descontado que tiene pocas chances de prosperar.
Según lo adelantado por el diario O Globo, los parlamentarios argumentarán que el presidente intenta, “de manera autoritaria”, apropiarse de las fuerzas militares y afirmarán que las modificaciones recientes están motivadas por “intereses personales”, por lo que representan una “amenaza” para las instituciones.
El documento de la oposición llega luego de que Bolsonaro relevara a la cúpula de las Fuerzas Armadas apenas un día después de destituir al titular de Defensa, en el marco de una amplia reforma ministerial decidida bajo críticas por su gestión de la pandemia de coronavirus. Ayer Brasil batió su récord diario de muertes al registrar casi 3800 fallecimientos y 84.494 nuevos casos, lo que elevó a 317.646 el total de fallecidos y a 12.658.109 el de contagios desde el inicio del brote.
El Ministerio de la Defensa no informó de los motivos de la decisión, sin precedentes en la historia de Brasil, ni el nombre de los nuevos jefes.
Los analistas estiman que el relevo está relacionado con el descontento de los tres comandantes con la destitución al frente de la cartera del general Fernando Azevedo e Silva, reticente a los intentos de Bolsonaro de politizar las Fuerzas Armadas.
El ya exministro dijo al anunciar su salida que durante su gestión logró preservar “las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado”. Uno de los relevados, el general Pujol, dijo en noviembre que los militares “no quieren ser parte de la política” ni que “la política entre en los cuarteles”.
Recién llegado
El flamante ministro de Defensa estrenó ayer su cargo y entre sus primeras frases dijo que el golpe de estado que el 31 de marzo de 1964 instauró una dictadura militar debe ser “celebrado” como un “movimiento” que permitió “pacificar al país”.
Hace 57 años, en plena Guerra Fría, había “una amenaza real para la paz y la democracia”, alegó el general Walter Braga Netto, en un “Orden del día alusivo al 31 de marzo de 1964”.
“Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de pacificar el país, enfrentando los desgastes de reorganizarlo y de garantizar las libertades democráticas que hoy gozamos”, agregó.
Para Braga Netto, “el movimiento de 1964 forma parte de la trayectoria histórica de Brasil” y “así deben entenderse y celebrarse los acontecimientos de aquel 31 de marzo”.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército, trató de reflotar las celebraciones del golpe desde su llegada al poder en 2019. El golpe de 1964, que derrocó al presidente Joao Goulart, instauró un régimen que duró hasta 1985.
Según un informe de 2014 de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV, un organismo oficial), la dictadura fue responsable de 434 asesinatos y desapariciones y de cientos de detenciones arbitrarias y torturas. Ese balance no incluye las muertes de indígenas y campesinos resultantes de conflictos por la tierra.
A diferencia de sus vecinos, Brasil nunca juzgó a los agentes del Estado acusados de cometer crímenes durante las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina, invocando la Ley de Amnistía de 1979.
Agencias ANSA y AFP
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