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La tensión aumenta las dudas sobre el gas que compra el país
En el Gobierno confían en que el precio no suba este año
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LA NACIONFrancisco Olivera
El Gobierno dice que confía. Los empresarios petroleros, que no hay certezas entre tanta polvareda. La crisis boliviana sigue siendo una incógnita para lo más urgente que observa la Argentina: el suministro de gas, fundamental para amortiguar el impacto de la crisis energética aquí.
"Los volúmenes van a seguir fluyendo. Los contratos son hasta fines de año. No tiene por qué pasar nada", dijo a LA NACION un funcionario argentino que tuvo varias conversaciones con sus pares bolivianos en las últimas horas.
¿De qué riesgos se habla? La Argentina, que volvió a importar gas de Bolivia por la escasez energética hace un año, le compra a ese país casi 7 millones de metros cúbicos por día. Es más o menos un tercio de la cantidad de fluido que se les corta hoy a algunas industrias en un día de frío. Si la Argentina dejara de recibir ese gas, aumentarían las interrupciones y, probablemente, las afectadas, además de las industrias con contratos interrumpibles, serían las estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC), que consumen un 10% de toda la demanda del país.
"Todo el tema Bolivia está mal, muy mal", se lamentaba anoche un ejecutivo de una multinacional que opera a ambos lados de la frontera.
La primera medida que tomaron estas empresas con la crisis boliviana fue parar las inversiones. Repsol YPF, British Gas y Petrobras lo han manifestado ya públicamente.
Pero estas decisiones, dicen los petroleros, no deberían afectar el suministro hacia la Argentina. Sí, en cambio, cualquier tipo de obra nueva, como aquel proyecto postergado que sería capaz, por su magnitud, de terminar con la crisis energética argentina: el Gasoducto del Nordeste, que se habían comprometido a construir Repsol YPF y Techint, y cuyos planos se han archivado hasta que vuelva la paz jurídica y social en Bolivia.
Discusión inminente
Otra cuestión será el precio que paga la Argentina por ese gas. Hasta ahora, a ningún sector político se le ha ocurrido aplicar aumentos compulsivos sobre lo que ya está acordado. Lo que sí es seguro -y esto también es asumido en el Gobierno- es que esos valores tendrán que ser renegociados a fines de año.
"Es posible, en el caso de que quisiéramos seguir importando gas de Bolivia", dijo un funcionario, que confía en que las ampliaciones en los gasoductos argentinos logren suplir ese gas, y que el país deje de ser definitivamente rehén de esos precios.
Los petroleros confían en que un aumento de precios ahora sería costoso para los bolivianos, porque también involucraría a Brasil. "No creo que quieran tirar el país por la ventana", razonó un empresario, ante la consulta.
Hay, además, un tercer desvelo que alcanza, sobre todo, a empresarios industriales no petroleros: ¿la crisis boliviana sería capaz de frenar, por ejemplo, las ampliaciones en el Gasoducto del Norte, una obra que promete agregar dos millones de metros cúbicos al mercado nacional? En Transportadora de Gas del Norte (TGN), la operadora del ducto, se preocuparon anoche por aportar tranquilidad. "Las obras están programadas, las obras siguen", afirmaron a LA NACION desde la provincia de Salta.
Ante este panorama, la preocupación, tanto del Gobierno como de los empresarios, se centra más bien en el mediano plazo. Esto es, el año próximo. "Lo que más le conviene a la Argentina es que Bolivia se estabilice bajo la forma que sea", reconoció un técnico del Gobierno que ha trabajado en la importación de gas.
La inquietud petrolera es más específica. No ven, aun con el llamado a elecciones, posibilidades de que una agrupación o sector político reúna el suficiente apoyo como para garantizar estabilidad para seguir invirtiendo. Un director de una petrolera con desembolsos allí hacía anoche un razonamiento doble: el suministro a la Argentina seguramente continuará; a lo sumo, lo que cambiará es el proveedor, en caso de que decidan abandonar el Altiplano las empresas que hoy operan allí. Entonces, la suerte argentina pasaría a depender de la mano estatal, privada, étnica o sindical, en que caigan esos yacimientos.
