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La UE decidió no investigar la red Echelon

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31 de marzo de 2000  

BRUSELAS.- Los émulos de James Bond pueden dormir tranquilos: la Unión Europea no investigará sus operaciones.

En solemnes declaraciones ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros -las dos más altas autoridades de la Unión- confirmaron que el manejo de los servicios de inteligencia es un atributo exclusivo de los Estados miembros. Esto les impide, por lo tanto, poner en tela de juicio la red de espionaje internacional Echelon.

Este sistema de constante monitoreo de las telecomunicaciones, con 120 satélites y cinco bases en todo el mundo, es una poderosa máquina de intercepción, escucha y decodificación creado durante la Guerra Fría para contrarrestar la dominación soviética. Sus propietarios son los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, pero la que procesa la información es la agencia norteamericana NSA (National Security Agency), con 38.000 empleados y 4000 millones de dólares de presupuesto anual.

Si bien su actual misión es combatir el crimen organizado, el Parlamento Europeo viene denunciando desde hace tres años que se la emplea para robar secretos clave para la industria norteamericana con la complicidad de Gran Bretaña, donde se encuentra, en el condado de Yorkshire, su única base en territorio europeo.

El ministro del Interior portugués, Fernando Gomes, cuyo país tiene la presidencia temporal de la UE, dijo comprender la inquietud de los eurodiputados "porque la tecnología capaz de violar el derecho a la privacidad existe y es un riesgo bien concreto a nuestros valores democráticos".

"El problema es que todo lo que sea materia de seguridad nacional no nos compete, y Europol (la "Interpol" europea) sólo tiene poderes para pedir información a cada país, pero no para investigar cómo la consiguen o para qué la usan", advirtió.

El comisionado finlandés a cargo del tema, Jäsen Erkki Liikanen, dijo que la comisión pidió explicaciones al Reino Unido y a los Estados Unidos sobre sus operaciones.

El Departamento de Estado norteamericano negó terminantemente que sus espías estén envueltos en espionaje industrial y aseguró que su gobierno "no acepta encargos de empresas privadas para que se les suministre información comercial, técnica o financiera para su beneficio". Pero la respuesta británica fue menos categórica y más sugestiva.

"En una carta el gobierno británico nos aseguró que los servicios de inteligencia británicos operan dentro de la estructura legal establecida por su Parlamento, la cual define muy bien los límites en los cuales pueden ser interceptadas las telecomunicaciones -indicó Liikanen-. Estos son la defensa de la seguridad nacional, la protección de su bienestar económico y la prevención y detección de crímenes serios."

El comisionado no estuvo en condiciones de determinar si la "protección del bienestar económico" lleva a Gran Bretaña a participar en actos de piratería comercial. "La misma naturaleza de las actividades de inteligencia implica que aquellos que no están envueltos en ellas se vean inhibidos a confirmar o negar si se cometen delitos durante su transcurso", indicó.

"Lo único que me parece constructivo en todo esto es sugerir tanto a las empresas como a los gobiernos que inviertan más tiempo y dinero en mejores sistemas de encriptamiento de sus comunicaciones", destacó.

Las declaraciones de los funcionarios fueron recibidas con estupor por los eurodiputados, encabezados por el grupo de los Verdes, que entregaron anteayer un petitorio de 171 firmas a la presidenta de la eurocámara, Nicole Fontaine, pidiéndole la creación de una comisión investigadora.

"Los señores Gomes y Liikanen no han dicho nada que no supiéramos. Lo que hay que hacer no es pedir explicaciones, sino actuar", sostuvo Paul Lannoye, líder belga de la bancada Verde.

El éxito de su iniciativa, sin embargo, está en duda por cuanto mereció apoyo en líneas nacionales pero no partidarias. Varios socialistas, liberales, comunistas y hasta conservadores franceses, alemanes y daneses lo respaldaron, pero la totalidad de la delegación británica (incluido el laborista Glyn Ford, autor del reporte que reveló la existencia de Echelon hace tres años) se negó a firmar el petitorio. Esto hace creer que los eurodiputados se encuentran bajo intensa presión de sus capitales para abandonar lo que, aseguran, pone en peligro la seguridad de sus Estados.

Clinton, en la mira

Los esfuerzos del Parlamento Europeo parecen destinados a terminar en la nada, pero esto no impide a otros grupos continuar la batalla, aun cuando sea con gestos insólitos.

El ala juvenil del Partido Socialista Danés, por ejemplo, pidió ayer a las autoridades que enjuicien a Bill Clinton por espionaje industrial y, lejos de descartar la solicitud, el fiscal de distrito de Copenhague, Karsten Hjort, la derivó a la policía.

Al mismo tiempo, en París, una asociación de defensa de los usuarios de Internet presentaba una querella por violación del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia en contra de todos los responsables de la red Echelon.

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