Las dotaciones universitarias se convierten en el punto álgido de las protestas estudiantiles en EE.UU.
Las agrupaciones de estudiantes presionan para que las universidades le retiren todo apoyo financiero a Israel, pero los expertos debaten si eso es posible; el antecedente de Sudáfrica durante el apartheid
The Washington Post
WASHINGTON.- El campus de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York fue en los últimos días el epicentro del reclamo de los estudiantes para que ese centro “desinvierta” financieramente en Israel.
Pero las protestas y manifestaciones pro-palestinas que se desarrollan en todo Estados Unidos pusieron el foco en el tema de los fondos y donaciones universitarias: inmensas reservas financieras que se destinan a todo tipo de proyectos, desde becas hasta la construcción de nuevas instalaciones.
De costa a costa de Estados Unidos, los estudiantes reclaman que las universidades corten sus vínculos con la economía de Israel, y especialmente con la guerra de ese país en Gaza.
En la práctica, eso se traduciría en que las instituciones académicas utilicen su peso financiero para mostrar su apoyo a los palestinos. El reclamo es parte de un movimiento más amplio y conocido como BDS, sigla de “boicot, desinversión y sanciones” contra las corporaciones o instituciones que apoyan a Israel, aunque sea indirectamente.
Ese llamado a “desinvertir” se expresa en consignas de diferente tipo. En Yale, por ejemplo, las agrupaciones estudiantiles reclaman la desinversión de fondos universitarios en empresas que fabrican armas destinadas a la ofensiva de Israel. Los estudiantes de Columbia, por su parte, le apuntan a empresas como Google, que tiene un acuerdo de computación en la nube con el gobierno de Israel.
Michael Mueller, doctorando de la Universidad de Michigan y miembro de la Coalición Tahrir de esa institución, dice que los estudiantes quieren que su universidad corte cualquier vínculo financiero directo o indirecto que pueda “beneficiarse, en el presente o en el futuro, de violaciones a los derechos humanos por parte de Israel y contribuir al sistema de apartheid”.
“Queremos que la Universidad de Michigan haga lo que ya ha hecho varias veces, como con el apartheid en Sudáfrica, los combustibles fósiles y la invasión rusa de Ucrania”, señala Mueller. “Son cosas que tal vez sean muy técnicas, pero que se pueden hacer”, añade.
Los expertos, sin embargo, dicen que satisfacer esas demandas es impracticable, y por muchas razones. Para empezar, las universidades han dejado claro que no están de acuerdo con el reclamo de los manifestantes, un punto que muchas casas de estudio se ocuparon de recalcar en los últimos días, con el arresto de decenas de estudiantes, desmantelamiento de acampes, y al menos un evento de graduación cancelado debido al recrudecimiento de las tensiones.
Por más que una universidad de pronto decidiera respaldar la consigna de desinversión y modificar su estrategia financiera en general, implementar la medida sería muy difícil, sobre todo en las grandes universidades, que tienen un entramado de inversiones sumamente complejo. Los miles de millones de dólares en fondos que puede tener una universidad probablemente estén inmovilizados en vastas carteras de inversiones que, por la forma en que están armadas, no permiten manipular o modificar individualmente una acción o un bono determinado.
“¿Es factible en términos prácticos? Sería muy difícil, debido a la forma en que invierten”, apunta Sandy Baum, experta en financiación de la educación del Urban Institute. “Tal vez la gente crea que compran individualmente acciones de cada empresa, pero no es así como funciona”.
En el año fiscal 2023, el promedio de fondos de las universidades norteamericanas fue de unos 209,1 millones de dólares, según un relevamiento de 688 facultades y universidades realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios de Finanzas Universitarias. Pero hay un pequeño grupo de casas de altos estudios que tienen más de 5000 millones en inversiones cada una y concentran casi el 60% del total. La Universidad de Harvard lidera el grupo, con fondos de alrededor 50.000 millones de dólares.
Durante décadas, las inversiones universitarias concitaron poco interés o atención externa, y por lo general se apegaban a un enfoque bastante convencional en cuanto a acciones y bonos. Pero eso cambió drásticamente en las décadas de 1980 y 1990, cuando David Swensen, el entonces director financiero de la Universidad de Yale, desarrolló un nuevo modelo de inversiones.
Las escuelas más ricas ahora invierten gran parte de sus activos en fondos de capital privado y fondos de cobertura. Además, tienen grandes equipos de inversión internos que son muy discretos sobre la forma en que administran el dinero, señala Charlie Eaton, profesor de sociología de la Universidad de California en Merced, que estudia el manejo de fondos universitarios.
El actual movimiento universitario que reclama “desinversión” surgió casi al mismo tiempo que Yale cambió su enfoque, y remonta sus orígenes a la extensa campaña para desinvertir en Sudáfrica de los años 1980, cuando los estudiantes presionaron a las universidades para que cortaran vínculos con empresas que hacían negocios con ese país en protesta por el régimen de apartheid de la minoría blanca. Por entonces, un total de 155 universidades, incluidas Columbia y Yale, desinvirtieron en empresas que hacían negocios con Sudáfrica, y ya entonces los estudiantes de Yale hicieron un acampe como parte de las protestas.
Según Witold Henisz, vicedecano y director de la iniciativa ambiental, social y de gobernanza de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, la campaña de desinversión en Sudáfrica fue, en el mejor de los casos, apenas una pequeña parte de un esfuerzo de cambio mucho mayor, y agrega que los estudios sobre la eficacia de la desinversión arrojan poca o ninguna evidencia de sus efectos prácticos.
En las décadas posteriores, las campañas de desinversión que se realizaron en los campus universitarios norteamericanos se centraron mayormente en cuestiones sociales, ambientales y económicas. En 2015, tras una campaña de activistas estudiantiles, Columbia retiró sus inversiones en cárceles privadas y vendió aproximadamente 220.000 acciones de G4S, la empresa de seguridad privada más grande del mundo. Y desde 2020, la Universidad de California también ha vendido miles de millones de dólares en activos vinculados a empresas de combustibles fósiles. A principios de este mes, Yale anunció que actualizará y ampliará su política de desinversión en torno a las armas de asalto y sus fabricantes.
Pero Charlie Eaton, estudioso de las colocaciones de fondos académico y autor del libro Bankers in the Ivory Tower (“Los banqueros de la torre de marfil”) , dice que por lo general el proceso de desinversión no genera pérdidas para las arcas de las universidades. Según él, eso demuestra que las casas de estudios tienen formas de hacer crecer sus fondos sin violar los principios y valores que fomenten y sostienen.
“Decir que no lo hacen porque es demasiado complicado es una hipocresía de parte de las universidades”, apunta Eaton. “Tal vez sea trabajoso, pero clausurar el debate con el argumento de que no se puede hacer es deshonesto”.
Por Rachel Siegel, Danielle Douglas-Gabriel y Richard Morgan
The Washington Post
Traducción de Jaime Arrambide
The Washington Post
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