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Lejos del 9-N que soñó, Cataluña hace hoy su consulta simbólica sobre la independencia
Unos 5,4 millones de personas están llamadas a expresarse en el denominado "proceso participativo", un simulacro electoral; tensión por una orden judicial para identificar a los responsables de abrir los colegios donde estarán las urnas
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LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- Hay urnas, pero no es una votación. Se pregunta por sí o no a la independencia, pero no es un referéndum. Lo convoca un gobierno, pero lo ejecutan 40.000 voluntarios de la sociedad civil. Parece una rebelión, pero se emprende con precauciones para eludir el reproche judicial.
El empeño del nacionalismo catalán por cumplir su promesa de impulsar una consulta separatista consiguió atrapar a toda España en un juego de apariencias y eufemismos que tendrá hoy -el tan esperado 9-N- su día para la historia.
En un clima de tensión e incertidumbre, unos 5,4 millones de residentes en Cataluña están llamados a expresarse en el denominado "proceso participativo", un simulacro electoral sin sustento jurídico, que fue impugnado por el gobierno central de Mariano Rajoy y suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).
El 9-N llega con la inquietud de una posible intervención de las fuerzas de seguridad si la Justicia determina que el gobierno catalán está incumpliendo la orden emitida por el TC. Anoche, la Fiscalía General del Estado emitió una directiva urgente para que la policía autonómica identifique a los responsables de abrir los colegios donde se dispondrán las urnas. Investiga también los contratos logísticos relacionados con la convocatoria para determinar cuál fue el papel del gobierno regional de Artur Mas.
La Generalitat delegó a último momento en organizaciones civiles y voluntarios la ejecución del proceso: es decir, ningún funcionario estará en los centros de votación. De esa manera, buscó poner a salvo de acusaciones judiciales a los directores de escuelas y funcionarios.
Rajoy había dejado entrever en los días previos que no se opondría a que los catalanes ejercieran su "derecho a la libre expresión" si las actividades del 9-N quedaban en manos de las ONG independentistas, sin participación del gobierno.
Pero la Fiscalía se involucró fuerte anoche al anunciar que investigará a fondo quién está realmente detrás de la consulta y determinará si se está cometiendo un acto de rebelión a la soberanía a la vista del mundo entero. En ese caso, advirtió que podría ordenar la actuación policial.
"No sé qué harán, pero por poco sentido común que tengan, creo que cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia", advirtió ayer Mas, antes de conocer la decisión del Ministerio Público. No confirmó si efectivamente se encargará del escrutinio de la consulta, lo que podría implicar una violación evidente del fallo judicial.
El presidente tuvo que esforzarse para explicar que esta consulta no es un referéndum y que por eso no debía ser suspendida por la Justicia. Y, al mismo tiempo, convencer a los catalanes de que deben ir a votar porque su opinión influirá en el camino hacia la independencia.
Con todas sus carencias formales y el misterio sobre cómo se desarrollará la jornada, el desafío catalán expone a España a unas consecuencias políticas impredecibles.
La gran apuesta de Mas es que el 9-N se convierta en una gigantesca movilización popular que revele ante el mundo una voluntad mayoritaria de los catalanes de crear un Estado propio. Y a partir de ahí, ganar legitimidad para seguir la pelea.
Para eso debería conseguir que un número significativo de los ciudadanos habilitados se presente a los centros electorales a responder la doble pregunta que figura en las papeletas: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?".
En ámbitos nacionalistas, se descuenta que quienes participarán de este sucedáneo de referéndum serán sólo aquellos que optan por el sí/sí. Por eso, el dato clave será la asistencia y no el escrutinio final.
¿Cuánta gente sería un triunfo? Menos de un millón sería una cifra escasa en comparación con las manifestaciones separatistas de los últimos años. A partir de ese número, podría ganar potencia el mensaje.
"Conseguiremos que un acto sin validez política tenga consecuencias políticas", sostuvo ayer Carme Forcadell, presidenta de la principal entidad cívica encargada de la movilización soberanista, la Asamblea Nacional Catalana.
El handicap para los independentistas es que las condiciones de la votación son en extremo precarias: no hay un censo electoral ni una junta que vigile el proceso, las mesas estarán a cargo de voluntarios con una posición tomada a favor del sí, los veedores internacionales son simpatizantes de la causa y el recuento correría a cargo del gobierno, que se juega la ropa en la consulta.
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