Los gremios, entre el descrédito y el apego a la ley

MADRID (Para LA NACION).- El piquete uniformado de remeras rojas y jeans estalla en una consigna repetida a los gritos, con una potencia que hace vibrar las vidrieras de la boutique tomada por asalto en la Gran Vía, de Madrid. "Hoy no se trabaja ni se consume", vocifera, frente a empleados y clientes, aquel puñado de jóvenes de menos de 25 años, sector social donde el desempleo alcanza el 45%.

Desde la misma vereda, la otra España le responde a través de una pareja de jubilados que pasa frente al local. "¿Por qué no emplean la misma energía en buscar trabajo o montar su propia pyme? ¡Son como los jefes del sindicato, banda de haraganes!", les gritan los jubilados de la última generación que logró retirarse a los 65 años.

El intercambio termina con el alejamiento de la pareja y el fin de la "visita" de los afiliados de Comisiones Obreras (CC.OO.) al negocio.

Ese debate que generó la escena sobre el papel del sindicalismo lleva ya varios años en España. Especialmente, desde que CC.OO. y la otra central sindical mayoritaria, la Unión General de Trabajadores (UGT), perdieron buena parte de su popularidad durante el último tramo del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el índice de desempleo empezó su escalada y las protestas gremiales se demoraron hasta la declaración de una forzada huelga general, en septiembre de 2010. Pero ya era tarde: la UGT, afín al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya era percibida con desconfianza.

El año anterior, el primer paso hacia el descrédito había comenzado con la revelación de que los sindicatos recibían cerca de 20 millones de euros anuales en forma de subsidio estatal. Y continuó el año pasado, al estallar el escándalo de los sindicalistas "liberados", trabajadores que son exceptuados de concurrir a su puesto de trabajo para cumplir con sus tareas gremiales.

Según diversas fuentes, el número de "liberados" superaría los 10.000, lo que se traduce en un costo de 500 millones de euros al año para una economía presionada por una meta de déficit público que no admite gastos evitables.

Negociaciones

No obstante, la base moral de UGT y CC.OO. aún no se ha quebrado. Si bien los sectores políticos identificados con la derecha española ponen en duda la legitimidad y representatividad de las grandes centrales sindicales, el modus operandi de esas organizaciones se subordina al Estado de Derecho.

En España, todas las marchas y lugares de concentración son meticulosamente estudiados y aprobados por la policía, que previamente suele sostener intensas negociaciones con los sindicatos para acordar espacios y horarios.

Ese trato, siempre cumplido, se complementa con la ausencia total de cortes de calles y rutas -salvo en los días de huelga- y la ayuda voluntaria de los sindicalistas, que se comprometen con las fuerzas de seguridad para evitar acciones violentas, aun cuando -como ayer- pudieran ser increpados en público por los transeúntes más crispados por sus acciones.

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