Los maestros ingleses ya no pueden pegar

LONDRES.- Por más que ha pasado más de un siglo desde que Charles Dickens denunció por primera vez en sus obras las terribles consecuencias del castigo corporal en las escuelas, fue sólo en la madrugada de ayer que el Parlamento británico se animó a desterrarlo por completo.

Al cierre de una sesión que fue más allá de la medianoche (la segunda en quemar las velas desde la llegada del laborismo al poder el año último), una mayoría de 196 parlamentarios respaldó una propuesta conjunta del laborismo y de los liberal demócratas destinada a abolir una norma que permitía a los colegios privados mantener como método disciplinario la tradición conocida como "caning" (golpear con una caña).

Este sistema ya había sido eliminado en las escuelas públicas en 1986, siguiendo la línea de la prohibición de los castigos corporales en prisiones y en reformatorios, adoptada en 1967.

El argumento de la defensa de la libertad de acción en el sector privado hizo que el gobierno de Margaret Thatcher lo exceptuara de la restricción general, algo que le costó al Estado británico varios juicios en la Corte Europea de Derechos Humanos.

El vocero liberal en asuntos educativos, Don Foster, fue quien presentó la moción, haciendo notar que la eliminación total de este tipo de sanciones no sólo debía adoptarse para colocar a Gran Bretaña a la par del resto de Europa sino, ante todo, "porque es algo erróneo en principio, bárbaro e inhumano".

El discurso más emotivo en varias horas de debate fue el pronunciado por un correligionario, Phil Wills, que confesó que en su carácter de rector de una escuela secundaria apeló a ese método. "Pero cuando uno administra castigo corporal a otro ser humano lo que hace es denigrarse a sí mismo", sostuvo.

Castigos y respuestas

Wills contó la historia de un joven a quien castigaba constantemente por llegar tarde a la escuela hasta que un día decidió preguntarle por qué.

"Fue sólo entonces que me dijo que sus padres lo habían echado de casa, que estaba viviendo en un auto abandonado y que, aún cuando esto lo obligaba a llegar tarde al colegio y sabía que recibiría un castigo, seguía haciéndolo porque sabía que era la única forma de conseguir que alguien le sirviera una comida caliente al mediodía."

"Esa fue la lección más dura de mi vida -subrayó- y espero que en esta oportunidad sirva también para que se ponga fin a lo que no es más que la legalización del abuso infantil."

A pesar de este elocuente relato, hubo más de una voz que se alzó en defensa del statu quo.

Una en favor

Una de ellas fue la de la parlamentaria conservadora Angela Browning, que aseguró que "no hay nada inherentemente inhumano o degradante en darle una corrección física a un niño". Y cuando un colega del oficialismo le preguntó con picardía si hablaba por experiencia, no dudó en afirmar: "Sí, lo hago con conocimiento de causa. He golpeado muchas piernitas en mi vida y puedo ver también unas cuantas piernitas a las que les vendría bien que se les diera aquí un golpecito".

El comentario en tono de broma ganó pocos adeptos, incluso entre sus correligionarios.

Sólo 15 parlamentarios, de un total de 211 presentes, votaron en contra de la prohibición.

La ministra de Educación, Estelle Morris, describió el resultado como el "triunfo del sentido común", pero advirtió al mismo tiempo que la medida afectará exclusivamente a los establecimientos educativos. "Si los padres quieren seguir apelando a una paliza - indicó-, el Estado no está dispuesto, al menos por el momento, a ponerse en su camino".

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