Los obispos mexicanos adoptan un inédito rol para negociar con los capos narcos

CIUDAD DE MÉXICO.- En alusión a una “profunda crisis de violencia y desintegración social”, los obispos católicos de México han decidido ir al frente y ocupar un nuevo rol en la seguridad interior del país, al punto de reunirse con los capos narcos de diferentes carteles que libran una sangrienta guerra en el estado de Guerrero, para negociar un tregua entre ellos.

La Iglesia también está presionando para que cambie la estrategia contra el crimen organizado aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace poco, los líderes eclesiásticos convencieron a los candidatos de las elecciones presidenciales del 2 de julio para que firmaran un “Compromiso Nacional por la Paz”, que incluye una larga lista de propuestas de reforma, como reforzar las fuerzas policiales locales y profesionalizar y transparentar el sistema de justicia.

En conjunto, las iniciativas de la Iglesia mexicana hablan de un nuevo nivel de participación e involucramiento para una institución que en gran medida se ha mantenido al margen de la refriega política. México es el segundo país del mundo con mayor número de católicos, solo después de Brasil. Pero los sacerdotes mexicanos se han visto históricamente limitados por las políticas anticlericales que echaron raíces durante la guerra de independencia de España, en el siglo XIX: hasta la década de 1990, de hecho, en México hasta era ilegal que los sacerdotes usaran vestimenta religiosa en público.

Pero el obispo Ramón Castro dice que ahora la Iglesia pasó a la acción, porque ha recibido un aluvión de denuncias de fieles que han sufrido extorsión, robo y desaparición de seres queridos. “Estamos siendo testigos de una violencia inusitada contra nuestro pueblo”, dice Castro, obispo de Cuernavaca. “Es una situación que ha movido el corazón de los pastores a hacer algo, a no quedarse ahí de brazos cruzados”, añade.

López Obrador, izquierdista de larga data, dice que la estrategia de combate contra el narco respaldada por Estados Unidos y aplicada por sus predecesores trajo más violencia sin reducir el crimen. Si bien el mandatario siguió usando al Ejército para luchar contra los narcotraficantes, también ha promovido programas sociales destinados a disuadir a los jóvenes de unirse a las bandas delictivas. Según datos del gobierno, la tasa de homicidios ha caído a su nivel más bajo desde 2017.

Sin embargo, anualmente son asesinadas unos 30.000 mexicanos, una tasa que triplica la de Estados Unidos. Las organizaciones criminales que antes se concentraban en el tráfico de marihuana, cocaína y heroína, ahora se diversificaron hacia drogas sintéticas como el fentanilo, o se volcaron a otros negocios ilícitos, como incluido el robo de combustible o el tráfico de migrantes. En estados ultraviolentos, como Guerrero, en el sur de México, hay bandas fuertemente armadas que controlan vastas zonas rurales y que extorsionan a los habitantes de las ciudades sin importar su clase social, desde colectiveros hasta vendedores ambulantes de tacos.

A finales de febrero, los obispos del estado de Guerrero negociaron una tregua entre los carteles narcos conocidos como Familia Michoacana y Los Tlacos. La guerra territorial entre esas dos bandas se había vuelto cada vez más sangrienta: en la ciudad de San Miguel Totolapan fueron masacradas 17 personas.

La Iglesia de México ya había mediado en otras crisis anteriores, en especial después del levantamiento indígena zapatista de 1994. La gran diferencia es que esta vez el gobierno no participó de las conversaciones.

“Es algo muy inusual”, señala Roberto Blancarte, académico del Colegio de México y estudioso de la Iglesia Católica. “Los obispos solo intervienen cuando ven un Estado incapaz de hacerlo, un Estado que prácticamente ha fracasado”. En el mes transcurrido desde que se alcanzó el acuerdo, los homicidios en Guerrero disminuyeron un 23%, según datos del diario Milenio.

Los obispos de otros lugares de México también han dicho estar dispuestos a reunirse con los jefes de los cárteles para frenar la violencia. “No es lo mejor”, dice monseñor Castro. “Pero en el caso extremo de tener que salvar vidas, lo voy a hacer”.

López Obrador manifestó su aprobación a la mediación de los sacerdotes en Guerrero. Los líderes religiosos, dijo, “siempre ayudan en la pacificación del país, y lo veo muy bien”.

Las relaciones entre López Obrador y la jerarquía católica se fue deteriorando a partir de 2022, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas por hombres armados en una región montañosa del norte asediada por la violencia narco.

Posteriormente, los obispos mexicanos, la orden de los jesuitas y otros líderes católicos lanzaron el “Diálogo Nacional para la Paz”, que reunió a más de 20.000 personas en foros abocados a diseñar una nueva estrategia de seguridad.

El mes pasado, los líderes eclesiásticos les pidieron a los tres candidatos presidenciales que firmaran un resumen de las recomendaciones emanadas de esos foros. En el documento, advierten que el tejido social de México atraviesa “un acelerado proceso de desintegración” y que han surgido alianzas espurias entre políticos, delincuentes y empresarios corruptos.

“México oscila entre un modelo de gobernanza criminal y un modelo de gobernanza democrática” subdesarrollado y precario, señala el documento, y pide reformar el sistema de justicia para reducir la impunidad, empoderar a las fuerzas policiales municipales y adoptar estrategias de seguridad a largo plazo.

Sin mencionarlo por su nombre, el documento critica a López Obrador por su creciente utilización del Ejército para una serie de tareas de seguridad y otras no relacionadas con la seguridad.

En México, la Iglesia es una de las pocas instituciones con credibilidad suficiente para desafiar las políticas de seguridad del popular presidente López Obrador. Los partidos de oposición se han visto obligados a callar, por su propia ineficacia para contener la violencia cuando estaban en el poder.

Felipe Gaytán, sociólogo de la Universidad de La Salle, Ciudad de México, que ha escrito extensamente sobre religión, dice que el documento refleja una postura nueva y proactiva de los líderes católicos, que siguen siendo muy influyentes a pesar de la merma de fieles en las iglesias.

“Ninguno de los candidatos se iba atrever a no firmar, porque tendría problemas de imagen”, apunta Gaytán. De todos modos, habrá que esperar para saber si las acciones de la Iglesia tendrán un efecto significativo a largo plazo.

Claudia Sheinbaum, candidata favorita en la carrera presidencial, firmó el documento con reservas. “No comparto la evaluación pesimista del momento actual”, dijo Sheinbaum, una protegida de López Obrador que ha abrazado sus políticas casi sin cuestionamientos.

Mónica Serrano, investigadora del Colegio de México y especialista en seguridad, señala que los obispos mexicanos ya anteriormente han negociado con bandas narcos, por ejemplo, para resolver disputas locales, como el corte de agua a una comunidad del estado de Guerrero. Pero reducir el intenso derramamiento de sangre en todo el país, dice Serrano, “es otra cuestión.”

“La única manera de abordar la violencia en este país es con un esfuerzo conjunto desde muchas trincheras y en el que el gobierno juegue un papel central”, dice la investigadora.

Gaytán, por su parte, señala que la violencia se ha convertido en un problema sistémico y complejo. “Acá no hablamos de una banda que aparece, se la combate y desaparece”, asegura. “Lo que necesitamos restablecer es la presencia y la autoridad del Estado.”

Mary Beth Sheridan y Lorena Ríos

Traducción de Jaime Arrambide

Por The Washington Post

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