Los países de la región diseñan estrategias para frenar el éxodo venezolano

CARACAS.- "Es la primera comida caliente en las últimas 24 horas", celebró Hipsiamar, de 12 años, apenas llegó a la frontera entre Colombia y Ecuador, tras 30 días de caminata junto a su familia por las carreteras del país cafetero. En su cuaderno de viaje, como si todavía estuviera en el colegio, describe las noches a la intemperie, el hambre y el frío, pero lo hace con alegría porque la pesadilla ya la dejó atrás.

Los relatos del desgarro venezolano se han trasladado en estos días hasta las fronteras de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, testigos de los obstáculos migratorios que intentan contener la avalancha que huye del país petrolero y embudos también de una tragedia jamás vista en la región. Entre 4.000.000 (cifra oficial de la ONU y la Organización de los Estados Americanos) y 5.000.000 (Observatorio de la Diáspora Venezolana) de personas ya abandonaron el país, pero estimaciones apuntan que hasta 2.000.000 más lo pueden hacer hasta finales de 2020. Al ritmo actual de 5000 diarios la cifra será incluso más alta.

La encuestadora Consultores 21 confirmó con sus sondeos el clamor nacional una vez perdida la esperanza: 47% de los venezolanos se plantea emigrar y seguir rutas parecidas a las ya emprendidas por sus compatriotas. La nueva oleada que huye para unirse a la descomunal diáspora solo es comparable con Siria. Tan desproporcionada que ya se eleva por encima de la población de Uruguay (3,5 millones de habitantes).

Así lo confirmó esta semana el devastador informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien adelantó que de "no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedente de migrantes y refugiados".

Las 400 personas, entre ellas, 100 chicos, que esperan hoy en la peruana ciudad de Tacna ya estaban convencidas de que nada bueno les esperaba en su país, por eso salieron rumbo a Chile. En la frontera se encontraron con una sorpresa: el gobierno chileno exige un nuevo visado turístico, impuesto por sorpresa hace dos semanas. "La realidad es desgarradora. Durmiendo en carpas, con personas entregando alimentos. El consulado hace un gran esfuerzo, pero sin duda esta crisis es mayor", describe el sacerdote José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita a Migrantes de Chile.

El jesuita advirtió que las restricciones legales no frenarán los desplazamientos forzados, solo dificultarán el viaje, además de rebosar las arcas mafiosas de las redes ilegales de emigrantes. "Los cierres de las fronteras y requisitos adicionales para viajar obligan a usar puntos de cruce no oficiales y aumentan el riesgo de que sean víctimas de abusos", advirtió la ONU.

Nuevos obstáculos se han sumado a los ya habituales recorridos interminables por las carreteras del subcontinente. Chile (con casi 300.000 venezolanos acogidos en su territorio, una cifra que esta semana el ministro del Interior ha elevado hasta 400.000) sumó un nuevo requisito para los que no poseen la visa de "responsabilidad democrática", lo que le ha generado al presidente Sebastián Piñera la censura de quien fue canciller y también secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Perú (800.000 emigrantes) se adelantó unos días a su vecino con nuevas trabas burocráticas, mientras que Ecuador (en torno a 250.000) sopesa soluciones parecidas a las que ya tienen Panamá y Guatemala. Incluso en Colombia (casi 1,5 millones de venezolanos) se han denunciado deportaciones de "caminantes" que no habían cumplido con el trámite de sellar su pasaporte en la frontera.

Las medidas restrictivas coinciden con un callejón que solo parece encontrar una salida a través de la huida. Buena parte de los que ya aprestan sus valijas han esperado a que sus hijos acaben el curso escolar. Otros, simplemente, se han unido al éxodo olvidada ya la esperanza surgida en enero. Como la enfermera Daniela Fernández, de 23 años, nieta de un dirigente opositor que aguantó como pudo varios meses sin percibir su salario en un hospital público del estado de Miranda. Ahora, recién llegada a Medellín, busca reiniciar como sea una nueva vida.

"Siempre va a ser peor si Maduro sigue en el poder. Mi familia me llama llorando, quieren salir corriendo por lo que están sufriendo. Es horrible, horrible", confirma desde Lima para LA NACION Miguel Carrasco, un joven caraqueño que tardó tres meses para llegar a Perú desde el barrio popular de Catia, en la capital. Ahora este joven, quien participó en las protestas de enero contra Maduro, trabaja todo el día como albañil para enviar unos cuantos dólares a su mujer y sus dos hijos, que ya tienen listas las valijas. Está convencido de que su país de acogida no impedirá la integración familiar cuando vean a una mujer y a dos niños tan pequeños.

Cuando LA NACION le preguntó a Carrasco sobre los nuevos obstáculos migratorios en la región aguarda unos segundos en silencio. Un estudio reveló que los venezolanos perciben una media de 325 dólares al mes en Perú, cuando el salario mínimo en su país ronda los 5. Finalmente respondió: "Me dicen que allá la cosa está más dura desde que salí en marzo, aunque parezca increíble. Nosotros solo queremos salir adelante".

• El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo ayer que el presidente Mauricio Macri usa la agresión contra Venezuela para obtener votos a su favor en las próximas elecciones. "Ante su pésima gestión y entrega de la soberanía del pueblo argentino al FMI, este señor pretende obtener votos agrediendo a Venezuela. Toda esta perversa campaña se les revertirá, uno a uno", escribió en Twitter.
• De ese modo, respondió a los dichos de Macri en los últimos días, en los que objetó con dureza al gobierno de Nicolás Maduro, tras la publicación del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Crisis en VenezuelaMichelle Bachelet

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