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Maricarmen se convierte en el símbolo internacional de las protestas contra la crisis de vivienda en España
Su caso desató una ola de indignación, movilizó a miles de personas en Madrid y sumó el respaldo de activistas de más de 20 países europeos
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LA NACION
MADRID.- Para varios españoles, aunque no la conozcan personalmente, María del Carmen Abascal, mejor conocida como Maricarmen, se ha convertido en una persona cercana. “Es nuestra abuela, nuestros hermanos, nosotros mismos”, aseguraban a El País. Para muchos otros, tanto en España como en otras ciudades europeas, esta mujer de 87 años, desalojada por la fuerza de un departamento en Madrid, se ha convertido en un ícono en plena crisis de la vivienda en España.
El pasado miércoles, la madrileña tuvo que dejar el piso en el que residía desde hacía 70 años después de que la vivienda fuera adquirida por una empresa inversora. Su imagen siendo sacada del departamento en camilla por la comitiva judicial, mientras numerosos manifestantes le daban su apoyo en la calle, desató una ola de indignación en España a menos un año de las elecciones legislativas de 2027.
Desde entonces, Maricarmen se encuentra hospitalizada en el centro Gregorio Marañón, donde se espera que permanezca unos días más mientras es sometida a pruebas médicas. Está acompañada por su primo Vicente, de 78 años, y su sobrina Vanesa.
Desde la camilla del hospital, la mujer envía mensajes de apoyo a los cientos de manifestantes que en los últimos días han protestado en las calles de Madrid por tanto por su desalojo como por la crisis de vivienda.
“Creo que todos me conocen. Yo no los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a mucha de la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte”, dijo la octogenaria en un mensaje grabado difundido por el Sindicato de Inquilinas el domingo.
“Les pido a todos valor, luchar, defender lo que es suyo. Sigan acampando hasta que su cuerpo aguante y ustedes lo deseen”, agregó.
Decenas de manifestantes acumulan dos noches acampando en el centro de Madrid contra la crisis de vivienda en España, decididos este lunes a “seguir presionando” al gobierno de Pedro Sánchez, a quien reclaman una nueva ley más protectora ante unos precios disparados de propiedades.
Muy criticado, incluso entre sus partidarios, por no haber logrado contener la escalada de precios de compra y alquiler de vivienda, el gobierno de Sánchez debe presentar el martes un nuevo decreto. Pero el texto no tiene garantías de ser aprobado en el Parlamento, donde no dispone de mayoría.
Las protestas adquirieron nivel internacionales después de que 200 activistas por la vivienda de más de 20 países de Europa decidieran sumarse, primero, a las manifestaciones contra el desalojo, y luego, a la acampada en Puerta del Sol. Se han sumado activistas de Irlanda, Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido, Grecia, Rumanía y Suiza, decididos a expandir el reclamo a sus países.
“Pedimos que se saque un decreto de ley sobre todo para proteger el derecho a la vivienda y evitar los desahucios”, explicó Carlota, una manifestante de 29 años que pasó la noche entre el centenar de carpas instaladas en la turística plaza de la Puerta del Sol.
Esta pintora describió como “grave” la situación en España y pidió una legislación que evite que “se priorice el capital y los fondos de inversión a las personas”. Al igual que su amiga Violeta, esta noche durmió cinco horas en esta acampada formada por decenas de militantes y manifestantes, en su mayoría jóvenes.
“Ni una Maricarmen más”, escribieron los manifestantes en Sol.
Beatriz Blanco, una trabajadora autónoma de 37 años que también participó en la acampada, conoció un caso similar en su entorno.
“Tengo una amiga que ahora mismo su madre se ha tenido que volver a vivir con ella, su madre tiene 65 años, porque no se puede permitir un alquiler, se lo acaban de subir”, contó, lamentando un mercado con unos precios que son “una completa locura”.
El sábado, las protestas aglomeraron a unas 30.000 personas por Madrid bajo el grito “las casas son para vivir, no para invertir”.
“No me quiero ir”
El caso de Maricarmen pone de relieve la creciente presión sobre los inquilinos de larga duración en las principales ciudades españolas, donde el aumento vertiginoso de los alquileres, la gentrificación y la escasez de viviendas asequibles han avivado las tensiones sociales y políticas.
“He vivido aquí 71 años. No me quiero ir”, declaró Maricarmen a los periodistas en vísperas del desahucio el miércoles pasado.
El piso, situado en el acomodado barrio Retiro de la capital, había sido adquirido por un fondo de inversión que pretendía imponerle un fuerte aumento de alquiler.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, afirmó que los funcionarios judiciales y los representantes del fondo de inversión, Urbagestión, se habían negado a suspender el desahucio a pesar de la existencia de un recurso judicial pendiente, de las peticiones humanitarias y de las pruebas de que las autoridades públicas estaban trabajando para garantizarle un alojamiento alternativo.
Duro señaló que una persona anónima se había ofrecido a hacerse cargo del pago del alquiler, pero el propietario se negó a firmar un nuevo contrato de alquiler.
Durante el día del desalojo se provocaron escenas de tensión frente al edificio, donde la policía removió por la fuerza a los manifestantes que bloqueaban la entrada. Los agentes arrastraron y empujaron a los manifestantes, levantando a algunos por los brazos y las piernas mientras despejaban la entrada.
España sigue dividida sobre cómo abordar una crisis de vivienda cada vez más grave.
El gobierno de coalición de izquierda ha impulsado una mayor protección de los inquilinos y controles más amplios de los alquileres, pero ha tenido dificultades para conseguir apoyo en un Parlamento dividido, mientras que el Gobierno regional de Madrid, liderado por los conservadores, se ha decantado por un enfoque más orientado al mercado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está envuelta en un escándalo relacionado con la compra por parte de su gobierno, a través una agencia inmobiliaria pública, de un ático de lujo valorado en 6,3 millones de euros (7,2 millones de dólares). La oposición acusa a Ayuso de intentar utilizar la propiedad como residencia personal eludiendo las normas de gasto público y transparencia, algo que ella niega.
En referencia a ese escándalo, los activistas presentes en el desalojo del miércoles gritaron: “¡El ático de Ayuso para Maricarmen!”.
España tiene un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de España. Solo se construyen unas 120.000 al año, una sexta parte del nivel anterior a la crisis financiera de 2008.
Agencias AP, AFP y Reuters y diario El País
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